Condenado a pagar 3.000 euros por llamar "sucia puta" a una policía

"Sucia puta". Es sólo una de las lindezas que tuvo que escuchar una policía de Bélgica después de darle el alto a un conductor por una infracción de tráfico. El suceso ocurrió en 2016 y ahora aquel ataque ha cuajado en la primera condena por sexismo en público del país. El Tribunal Correccional de Bruselas ha aplicado al fin la Ley contra el sexismo, aprobada en 2014, y ha condenado a un joven a una multa de 3.000 euros por insultar a la agente en plena calle; no es sólo que se enfrentase a su autoridad, sino que la atacó por su condición de mujer, de forma específica. Si el infractor no abona la sanción, deberá cumplir una pena de un mes de cárcel.

Hace casi dos años, el hombre fue acusado de atentado grave a la dignidad de una persona por motivo de su sexo y de ultraje y amenazas por insultar a una agente de tráfico por su condición de mujer. Según ha informado el diario local Le Soir, la uniformada había parado al conductor por haberse saltado un semáforo en rojo. El ahora condenado se enfrentó a la pareja de agentes pero, sobre todo, se encaró con ella: le dijo que él no hablaba con mujeres, que se callara, que era una "sucia puta". Antes ya le había recomendado que se fuera a su casa a hacer "tareas más adaptadas a las mujeres".

Gilles Blondeau, el portavoz de la Fiscalía del Rey del área de Halle Vilvoorde, donde se enclava el municipio de Zaventem donde se produjeron los hechos -zona flamenca, al oeste de Bruselas-, ha explicado al citado medio que "es la primera vez que se ha utilizado esta ley para condenar a alguien". Además, ha añadido que "es bastante frecuente que personas a las que la Policía da el alto profieran insultos y amenazas, pero tomarla personalmente contra una policía por motivo de su sexo es algo particular. Era un buen caso para poner a prueba esta ley".

Blondeau ha asegurado que es muy difícil perseguir las amenazas verbales e insultos racistas y sexistas pero en este caso "concreto y muy claro" había "numerosos testigos". La multa media por este tipo de insultos es de unos 500 euros, pero en este caso se ha multiplicado hasta los 3.000 porque también hubo amenazas contra la agente.

Conquista de mujer

La ley belga que ahora se aplica tiene un curioso origen. Nació del empeño de Sofie Peeters, una estudiante de cine, que cuando se trasladó a vivir al centro de Bruselas empezó a sentir un acoso verbal constante, acompañado de todo tipo de proposiciones, gestos obscenos, reproches machistas a sus negativas... Ante la avalancha de material que tenía a mano cada día, decidió grabarlo todo con cámara oculta y presentarlo como un trabajo en su escuela, que conmocionó a la sociedad y le valió el aplauso hasta fuera de su país. Con los meses, el debate fue tan intenso que cuajó en la norma de la que ahora hablamos.

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Sin embargo, ante la noticia publicada por Le Soir, queda también claro que ni siquiera las ciudadanas tienen claro el contenido de la ley ni cómo puede protegerlas. Es peliagudo poder demostrar que el insulto ha existido pero, antes, también tiene que haber conciencia social de que se está ante una agresión, de lo que es o no tolerable. Las dudas que se expresan en los foros de los medios y en redes sociales como Facebook son numerosas, más allá de la "felicidad", "justicia", "respiro" que supone esta primera condena.

Francia se pone las pilas

Justo ayer, Francia anunció que los gestos, los silbidos y los comentarios obscenos en el espacio público, "costarán caros" a partir de ahora, en palabras del portavoz del gobierno galo, Benjamin Griveaux. El secretario de Estado anunció la creación de una multa de 90 euros por acoso sexual en las calles o en los transportes públicos.

"Les recuerdo que en Isla de Francia -la región parisina - el 90% de las mujeres que utilizan el transporte público consideran que han sido víctimas de violencia física o verbal, o de algún tipo de acoso", señaló Griveaux en una entrevista con la cadena BFMTV. "Debemos poner un fin a esto", agregó el portavoz.

Esta medida se toma tras el informe realizado por un grupo parlamentario, al que el presidente Emmanuel Macron encargó reflexionar sobre cómo penalizar el acoso callejero, una realidad a la que las mujeres se enfrentan a diario. El texto recomienda la imposición de una multa de entre 90 a 750 euros, que dependerá de la rapidez con la que el agresor pague la infracción.

Se sancionará "cualquier propuesta, comportamiento o presión de índole sexista o sexual" en el espacio público, indica dicho informe, y la policía de proximidad -un cuerpo de agentes de terreno que quiere desplegar Macron- va a ser la encargada de imponer estas multas a los infractores sorprendidos en flagrancia. Griveaux admitió, no obstante, que el gobierno es "consciente" de la dificultad que supone constatar un delito en flagrancia. "Pero es mejor que nada", apuntó.

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