Comunidad de Madrid, ¿becas para elegir con libertad o 'paguita' para ricos?

Una familia con dos hijos que vayan a un colegio privado tendrán derecho a beca si no superan unos ingresos conjuntos de 143.652 euros anuales. Si solo tienen un hijo, el límite será de 107.739. Pero si tienen tres, el límite asciende a los 179.565. El total de estas ayudas, 30,5 millones de euros, se destinará a estudiantes de centros privados en enseñanzas no obligatorias: Educación Infantil, Formación Profesional y Bachillerato. Estos son los datos de la última polémica en la Comunidad de Madrid. A partir del anuncio de Isabel Díaz Ayuso, en una semana se ha producido una cascada de valoraciones, datos que no cuadran, declaraciones confusas y memes, pero también un grito desesperado por parte de la escuela pública madrileña.

Desde el PSOE, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, denominó la ayuda como “una beca para ricos”. Mientras que desde la Comunidad de Madrid aseguran que la medida servirá para “fomentar la libertad de elección de las familias” y, según Ayuso, consiste en una ayuda a la clase media.

Pero estos datos hacen agua por bastantes agujeros. De acuerdo con los datos del INE, en 2020 el sueldo medio bruto en la Comunidad Madrid fue de 2.350 euros, por lo que los ingresos anuales netos podrían rondar los 28.000.

Pero además, tomando como muestra una familia con dos hijos, el límite para recibir la ayuda sería de más de 71.000 euros por persona, en el caso de que los padres trabajen. Es decir, más del doble que el suelo medio.

El mismo día de la presentación, la presidenta madrileña hizo una sorprende defensa de la medida, comparándola con la Ley de los derechos de las personas transexuales.

Pero desde luego el argumento no ha convencido a la comunidad educativa de la escuela pública. Desde la Confederación que reúne a las asociaciones de padres y madres de la escuela pública en todo el país, CEAPA, señalan que la situación en Madrid es “escandalosa”, pero que en otras Comunidades también se está favoreciendo a la escuela privada y concertada “de forma más encubierta”. Su presidenta, María Capellán, reivindica que todos esos recursos se podrían dedicar, entre otras cosas, a mejorar las instalaciones de los centros públicos, ya que según ella, los centros de Infantil y Primaria “se sostienen muchas veces por la buena voluntad de los ayuntamientos”, pero a partir de secundaria dependen exclusivamente de los gobiernos autonómicos y reconoce que estos centros “podrían estar mucho mejor”.

Los sindicatos también han alzado la voz contra la medida. Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Comunidad de Madrid, destaca que estas ayudas forman parte una política fiscal “para quien más tiene”, ya que se destinan a “el 5% más rico frente al 95% restante”.

Para la portavoz sindical, además de favorecer a la escuela privada frente a la pública, se trata de ayudas que no tienen sentido desde la perspectiva exclusivamente educativa, ya que no están ligadas a ningún tipo de rendimiento. “Es lo contrario a premiar el esfuerzo”.

Según datos del sindicato, 20.676 es la cifra de alumnos madrileños que el año pasado no obtuvo plaza en su primera elección en alguna de las etapas educativas previas a la Universidad. Y más de 10.000 no la consiguieron en ningún centro de su localidad. Galvín apunta que en las zonas de mayor crecimiento de población se apoya a los colegios concertados “desde que se pone la primera piedra”, mientras que en esos barrios dejan de proyectarse colegios públicos “o tardan diez años en acabarse”.

“No puede ser verdad”

“Lo primero que piensas es que no es real, que no puede ser verdad”. Este fue el primer pensamiento de Álvaro López al conocer el nuevo criterio de becas. Profesor en la escuela pública desde hace 16 años y padre de tres hijas que han pasado ya por varias etapas de la educación pública en la Comunidad de Madrid, Álvaro pide que a esas ayudas les llamen “cheques, pagas o paguitas” porque “las becas son para compensar desigualdades”.

En su opinión, el cambio se hace para favorecer a los centros privados “ya de forma descarada” y lamenta que ese dinero se podría destinar a aumentar las plazas en los públicos y en la atención de alumnos con necesidades especiales, “que están sin diagnosticar o hay falta de equipos para atenderles”.

Pero López también hace autocrítica como padre y como profesor. “Hace diez años salíamos a protestar por cada normativa en contra de la educación pública. Ahora desmantelan servicios sin que pase nada”. Según él, cada vez “protestamos más por nuestras necesidades particulares, pero no por las que son de todos”.

La privada, una política consolidada

La apuesta por la enseñanza privada en la Comunidad de Madrid no viene de esta semana, sino que parece una política consolidada desde hace lustros que tiene un reflejo claro en los datos comparados con el resto de autonomías. De acuerdo con el último informe del Ministerio de Educación al respecto, la madrileña fue la segunda comunidad, solo por detrás de Euskadi, que más porcentaje gastó en centros privados, rozando el 20%.

Esto tiene, por supuesto, un reflejo en las elecciones de tipos de centros educativos. Si la media española en educación primaria es de cerca del 4% y 28% del alumnado en centros privados y concertados respectivamente, en Madrid esos porcentajes ascienden al 9,4% y 36%. Además, en los últimos cinco años la región capitalina es también la que menos ha incrementado el gasto por estudiante y en la que los padres pagan más en educación.

El economista José María O’Kean señala que no todos los impuestos o subvenciones tienen por qué tener un carácter redistributivo, sino que sirven “como incentivo para que la gente haga cosas o no las haga”, al tiempo que recuerda que “los beneficiarios de esas becas ya están pagando mucho porcentaje de impuestos”. Para O’Kean, con estos criterios que dejan a muy pocos fuera de los límites, lo que se estimula es que “los padres que no quieran llevar a su hijo a un colegio público tenga una ayuda”. El catedrático de la Universidad Pablo de Olavide apunta que esto se produce dentro de un “sistema muy especial” como es el madrileño, donde se apuesta por impuestos bajos y un esquema de libertad de elección en materias como la Educación o la Sanidad.

Por su parte, el profesor de la Universidad de Manchester especializado en Educación, Adrián Zancajo, explicaba en El País que la educación no obligatoria “no se financia de esta manera en casi ningún sitio” y que medidas como esta lo que provocan es “más mercantilización y menos equidad”.

Además, los últimos gobiernos de la Comunidad madrileña han venido estableciendo deducciones fiscales para los padres de los alumnos en enseñanzas privadas y concertadas, como el 15% por gastos de escolaridad, el 10% por clases de idiomas, o el 5% de los gastos de uniformes, o el cheque guardería para la etapa de 0 a 3 años.

Una realidad compleja que en Twitter resumieron así:

La Comunidad de Madrid, la más desigual

Todo esto sucede, de acuerdo a los datos de Save the Children, en la Comunidad con mayor segregación socioeconómica de España y la quinta que menos invierte por estudiante en ayudas para el comedor en educación infantil, obligatoria y especial. Sólo el 9% del alumnado recibe una beca de este tipo, y quienes la obtienen no cubren con ella el total del importe. Además, según esta ONG, Madrid es única autonomía de España donde hay mayor ratio de personal en los colegios donde los estudiantes tienen más renta que en los que tienen menos.

Otra organización enfocada en los derechos de la infancia, Educo, alerta de que en toda España, al quedarse sin comedor, las vacaciones escolares suponen un riesgo para la alimentación de los niños y niñas de las familias con menos renta. Ante ese vacío, desde el 2013 han puesto en marcha un programa para al menos garantizarles una comida nutritiva al día. En la Comunidad de Madrid tienen previsto ofrecer alrededor de 600 becas comedor durante este verano.