Cómo funcionan las tasas sobre los beneficios de las empresas energéticas en Europa

Todos los ojos le miraban y, en la tribuna del Congreso, Pedro Sánchez lo ha anunciado. Habrá un futuro impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas. Una exigencia durante tiempo del socio de la coalición, Unidas Podemos, que ahora toma el presidente del Gobierno en su plan de lucha contra la inflación y la crisis.

Esta medida no es para nada revolucionaria, pues ya existe —si bien con diferentes enfoques— en varios Estados europeos, como Italia o Hungría y parcialmente en Reino Unido y otros países del Viejo Continente.

De hecho, según el think tank belga Bruegel, una media docena de países del entorno europeo sopesa o ha aprobado algún tipo de medidas contra las energéticas para amortiguar los efectos de la guerra y la crisis asociada, que tiene reflejo en la factura de los ciudadanos.

La medida va contra los beneficios, que se conocen como “caídos del cielo”, que obtienen las eléctricas que no tienen que pagar derechos de dióxido de carbono (CO2) ni usan gas al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, los ciclos combinados.

Coincidiendo con las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania, el pasado 7 de marzo se marcó en España el máximo histórico del precio mayorista de la electricidad, 544,98 euros el megavatio hora (MWh). Entonces, Bruselas propuso que los países de la UE pudieran recuperar las ganancias extraordinarias de las eléctricas. Eso sí, siempre que no fuera con carácter retroactivo y permitiera a los productores cubrir sus costes y proteger el mercado a largo plazo. Esto, en cálculos de la Comisión, podría suponer unos ingresos de 200.000 euros para las arcas públicas.

Así funcionan este tipo de tasas por Europa:

Italia y Hungría

El impuesto italiano a las empresas de energía, fuente de inspiración del Ejecutivo español, grava con un tipo del 25% los beneficios extraordinarios obtenidos por estas compañías como consecuencia del aumento de los precios energéticos en los últimos meses.

La Hacienda italiana espera recaudar cerca de 11.000 millones de euros con este tributo, que inicialmente se fijó en el 10% y que el pasado mayo se decidió elevar al 25%.

Otro de los países que aparecen en la lista es Hungría, cuyo Gobierno recaudará cerca de 4.120 millones en dos años en virtud de los nuevos impuestos sobre ganancias extraordinarias.

En concreto, el importe alcanzará los 2.040 millones este año, y llegará a los 2.080 millones en 2023. La suman de ambas cantidades equivalen al 1,15 % del PIB nacional de este ejercicio.

Aunque estos impuestos húngaros se repercuten sobre muchos sectores de la economía, desde la banca a las aseguradoras, pasando por empresas de telecomunicaciones y aerolíneas, la mayoría de los ingresos procederá del sector energético (unos 760 millones de euros), y una gran parte de la recaudación procederá de la petrolera magiar MOL.

“El aumento de los tipos de interés y de los precios significa que los bancos y grandes empresas obtienen más ganancias adicionales”, justificaba en su día el primer ministro, Viktor Orban.

Reino Unido

En las islas se han acogido a otro formato más concreto, dirigido sobre las empresas del sector del petróleo y del gas. El pasado 26 de mayo, el entonces ministro de Economía británico, Rishi Sunak —ahora, uno de los nombres que suenan para suceder a Boris Johnson— anunció un impuesto temporal del 25 % sobre los beneficios de las petroleras.

Esa tasa, a la que el Gobierno conservador se oponía inicialmente, estará compensada por una desgravación fiscal del 80 % para las empresas que reinviertan sus ganancias en el país.

El gravamen, en vigor desde entonces y que se retirará cuando los precios vuelvan a niveles históricamente más normales, recaudará en torno a 5.000 millones de libras (5.885 millones de euros) este año, como explicó Sunak, que no descartó uno similar para el sector eléctrico y de gas natural.

Otros países

De acuerdo con Bruegel, en octubre de 2021 el Gobierno búlgaro anunció un instrumento para compensar a las empresas con 55 euros el MWh durante dos meses, debido al elevado coste de la electricidad. Los 225 millones de euros necesarios para ello procedían del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la central nuclear de Kozloduy, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Sofía.

También el pasado octubre, el Parlamento rumano dio su visto bueno al proyecto de ley para implementar un esquema de compensaciones en las facturas eléctricas y de gas —inicialmente, para ese invierno—, así como un impuesto del 80 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas productoras para financiarlas.

La crisis de los precios energéticos ha calado, asimismo, en Grecia, donde el regulador heleno estimó los beneficios extraordinarios en 590 millones de euros, según publicaron diversos medios.

Por el contrario, en Eslovaquia, a principios de febrero el ministro de Economía, Richard Sulík, propuso introducir un impuesto de estas características a la empresa que gestiona las dos centrales eléctricas del país, Slovenské Elektrárny.

Tras conocerse la idea, la compañía, propiedad del departamento de Economía y de dos sociedades extranjeras —el holding EPH Daniel Křetínský y Patrik Tkáč y la energética italiana Enel—, advirtió de que podría verse obligada a declararse en quiebra. Antes de cerrar el mes, el Gobierno eslovaco llegó a un acuerdo con la compañía para congelar el precio de la electricidad en 61,21 euros/MWh hasta 2024, a cambio de no pagar esa tasa especial.

Los continuos paquetes y reformas anunciados por los países de la Unión Europea han llevado a Bruselas a instar a todos aquellos que, como España, están diseñando impuestos de este calibre que lo hagan “con cuidado” para evitar distorsiones indeseadas y que no frene inversiones en energías renovables.