Cómo frenar las muertes en el mar: la urgencia de un plan europeo de búsqueda y salvamento marítimo y de desembarque

Con la llegada de la época estival y el buen tiempo aumenta el éxodo masivo de refugiados y migrantes que buscan escapar de conflictos y encontrar una vida mejor en Europa y, desafortunadamente, todos los años se repiten en el Mediterráneo y en el Atlántico las mismas terribles imágenes. Bañistas que descubren cadáveres de niños y adultos depositados por la corriente en las playas, personas atrapadas en barcos durante días a la deriva a la espera de una respuesta positiva para el desembarco en algún puerto europeo y familias rotas de dolor por sus seres queridos desaparecidos sin dejar huella. 

Recuerdo, con especial tristeza, la portada de un diario con la fotografía de un migrante atado a una red de pesca a modo de salvavidas y las imágenes de una joven capitana de un barco que fue detenida en Italia por rescatar migrantes de una muerte segura, cumpliendo con las leyes marítimas y con el derecho internacional humanitario. Pero esta semana me ha indignado extremadamente la triste noticia de la muerte de una niña de cinco años cuando era evacuada a Canarias tras pasar diecisiete días en una patera a la deriva en el mar.

Si no tomamos medidas urgentes para evitarlo estas historias volverán a repetirse exponencialmente en las próximas semanas. Aunque las cifras de llegadas irregulares a la UE y de muertes o desapariciones en el Mediterráneo y el Atlántico han disminuido notablemente desde el punto álgido de la crisis migratoria en 2015, siguen siendo vergonzosas para Europa e insostenibles para los Estados miembros que están en primera línea. 

En 2021 ya se han registrado hasta el mes de abril cerca de 25.000 llegadas irregulares y según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones más de 3000 migrantes murieron durante el 2020 intentado llegar a las costas europeas. En concreto, en la ruta migratoria de Canarias, que lleva experimentando un drástico aumento de llegadas durante los últimos meses, se incrementaron las muertes el pasado año: al menos 609 personas, frente a las 210 en 2019 y 45 en 2018. 

Llevamos años repitiendo que el Mediterráneo y el Atlántico no pueden convertirse en cementerios marítimos y que la Unión Europea necesita una política europea común de migración, asilo y fronteras respetuosa de los derechos humanos. Que garantice un reparto equitativo y obligatorio de la responsabilidad entre Estados miembros y que respete el principio de solidaridad entre Estados miembros. Desafortunadamente, estamos a años luz de lograrlo. 

Los Estados del Sur de la Unión siguen siendo los principales receptores de la migración que entra en el continente y continúan enfrentándose en solitario, sin una verdadera política común, a complejas situaciones de emergencia que afectan a la vida y la dignidad de las personas que en su inmensa mayoría sufren una extrema vulnerabilidad que merece especial protección y cuidado: menores de edad que viajan solos, potenciales víctimas de trata o solicitantes de protección internacional, entre otros.

Europa, y en particular algunos Estados miembros, parece haber olvidado que debe gestionar con eficacia las causas de la migración y combatir no a los migrantes sino la inmigración irregular. Que debe humanizar su política migratoria y sobrepasar el enfoque securitario que se ha venido imprimiendo a la política europea de migración. 

Y, sobre todo, que debe poner urgentemente en marcha un verdadero plan de acción europeo claro y preciso para las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo y de desembarque de los migrantes en puertos seguros, acordado entre Frontex, la Comisión y los Estados miembros. Un mecanismo que instaure un protocolo preciso y eficaz para salvar vidas.

Las soluciones parciales y ad hoc que se han puesto en marcha hasta el momento son claramente insuficientes. Las tres operaciones que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) tiene desplegadas en el Mediterráneo y la “Joint Operation Canary 2021” (operación conjunta que desde el pasado mes de enero llevan a cabo Frontex y la Policía Nacional en las islas), encaminadas a rescatar a los migrantes en peligro y combatir el tráfico ilícito de migrantes, son un instrumento útil pero necesariamente mejorable con más medios y más iniciativas comunes alentadas por un espíritu solidario. La inacción nos llevará un verano más a una situación desoladora en el Mediterráneo y el Atlántico.

Además, urge establecer un mecanismo de reubicación automático y obligatorio para todos los migrantes y solicitantes de asilo rescatados en el mar o que hayan llegado independientemente a la Unión. A la luz de los hechos y de las promesas incumplidas por parte de los Estados miembros, es ilusorio pensar que los gobiernos cooperaran en este ámbito si no se incluyen cuotas obligatorias de acogida.

Por eso, España viene reclamando, junto con Italia, Grecia, Chipre y Malta, que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo contemple un verdadero equilibrio entre el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, tal y como se establece en el artículo 80 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Que se incida en afianzar la cooperación real y efectiva con los países de origen y tránsito para evitar el tráfico de migrantes y la pérdida de vidas, así como promover el retorno efectivo organizado de forma centralizada y coordinado por la Comisión y apoyado también por las agencias pertinentes de la UE, como FRONTEX y un nuevo plan de reasentamiento y de evacuación que permita la llegada legal y segura de los refugiados que se encuentran en los campos. Y, por último, que se refuerce la dimensión exterior migratoria con proyectos de cooperación y apoyo operativo en los países prioritarios de las rutas migratorias.

No es tiempo de mirar hacia a otro lado ni de soluciones cortoplacistas sino de actuar con eficacia y urgencia y desde la valentía política.