Cómo afecta a los parados de larga duración la sentencia del Constitucional

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno vasco en su recurso contra los reales decretos que regulan el Programa de Activación para el Empleo, conocido como PAE. Este programa incluye una ayuda de 426 euros durante seis meses a desempleados de larga duración con cargas familiares, que hayan agotado todas las prestaciones y subsidios y que busquen activamente empleo.

Cuando una persona se queda en paro, normalmente puede solicitar la prestación por desempleo, que tiene una duración máxima de dos años. Posteriormente, puede acceder a los subsidios (400 euros) y, si cumple los requisitos, a los programas para parados de larga duración como el plan Prepara o la Renta Activa de Inserción (para mayores de 45 años, discapacitados o víctimas de la violencia de género). Finalmente, queda el programa ahora cuestionado. "El PAE es la última ayuda a la que se puede recurrir, que esté vinculada al empleo", explican desde el ministerio.

El alto tribunal, que preside el magistrado Juan José González Rivas, ha considerado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha invadido las competencias autonómicas, puesto que quien debe gestionar este programa son los servicios de empleo de las comunidades autónomas y no el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se encargaba hasta ahora. Así lo ha señalado el Constitucional en dos sentencias con fecha de 21 de diciembre, pero conocidas este miércoles.

El programa nació en diciembre de 2014 tras una reunión en el palacio de La Moncloa entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los líderes sindicales y empresariales. Se puso en marcha en enero de 2015 y fue prorrogado hasta abril de 2018.

Se trataba de un plan de choque para las situaciones de mayor vulnerabilidad, que incluye además de la ayuda un itinerario individual de empleo para el beneficiario y un tutor. "Los niveles de inserción laboral son muy altos", señalan desde el departamento que dirige Fátima Báñez.

No se anulan las ayudas de 426 euros

La fecha de abril de 2018 es importante, puesto que, a pesar de la sentencia, el Tribunal Constitucional no anula las ayudas de 426 euros a los parados de larga duración. Es decir, todas las personas que estén cobrando el PAE no pierden su derecho a cobro y seguirán recibiendo esa prestación. Además, todos los potenciales beneficiarios lo podrán solicitar hasta que caduque el plan, explican desde Empleo.

Existe un caso precedente, que ya hacía presagiar a muchos que el Constitucional fallaría en el mismo sentido en esta ocasión. Fue la declaración de inconstitucionalidad del plan Prepara a finales de julio de 2017 también por invadir competencias impropias. En este caso se trataba de una ayuda de 400 euros (o 450 euros en caso de cargas familiares) también concedida durante seis meses.

La solución a la que llegaron en septiembre fue que las comunidades autónomas realizaran una encomienda de gestión para que el SEPE siguiera ocupándose del plan Prepara, una solución temporal a la que podrían llegar ahora hasta que termine el plan. "Ha pasado lo mismo que con el plan Prepara. El Ministerio sabía que esto iba a pasar", señala Lola Santillana, secretaria de Empleo y Cualificación Profesional de Comisiones Obreras.

Pocos beneficiarios

La primera edición del PAE fue fuertemente criticada ya que apenas tuvo beneficiarios, debido a sus altos requisitos, que se suavizaron posteriormente. Entre enero de 2015 y 2017 habían recibido el PAE 160.000 desempleados, muy lejos de los 400.000 a los que se pretendía llegar, tal y como publicaba Onda Cero. El Gobierno se había gastado 400 millones de los 1.200 millones presupuestados para los ejercicios 2015 y 2016.

Cuando se aprobó la prórroga, en abril de 2017, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, cifró en 210.000 los potenciales beneficiarios de esta ayuda y añadió que el coste se situaría en 537 millones de euros (220 millones en 2017 y 317 millones en 2018), según contaba Cinco Días.

Desde el ministerio no han podido facilitar una cifra de cuántos desempleados se han beneficiado del programa en esta ocasión, aunque en su web aparece publicado que había 57.000 personas que recibían esta prestación en noviembre de 2017.

Y, ¿qué pasará a partir de abril?

El Ministerio señala que en abril caducan tanto el PAE como el plan Prepara, es más se hizo adrede para que coincidieran. El Ejecutivo tiene la intención de que para entonces se haya acordado un nuevo sistema o una nueva ayuda para los parados que agoten los subsidios, que unifique los diferentes programas existentes. "Esperamos ese acuerdo a finales de abril", aseguran.

Sin embargo, los sindicatos critican la lentitud del Gobierno y le piden que abra la mesa de diálogo con celeridad. Ya ocurrió con la sentencia del plan Prepara, que el Gobierno se vio obligado a aprobar las ayudas con efecto retroactivo de un mes para que no quedara nadie en el limbo. "Nos preocupa que pase lo mismo", apunta Santillana.

La secretaria de Empleo de Comisiones espera que la sentencia del Constitucional sirva como revulsivo en el ministerio. "Hay un compromiso desde septiembre de que se iba a abrir esa mesa de diálogo, pero todavía no se ha hecho. Vamos tarde", asegura Santillana.

UGT y CC OO defienden una reforma en profundidad del sistema de protección por desempleo, que amplíe el número de beneficiarios hasta proteger a todos los desempleados que no tienen prestación. "Se tiene que ir hacia un subsidio para aquellos desempleados que no cobren ninguna prestación, hay que concentrarlos y facilitarlos", defiende Santillana.