Colau enmarca la "movilización pacífica" del 20-S en un "estado de excepción"
La alcaldesa de Barcelona comienza su declaración mostrando su incomodidad por tener que responder a las preguntas de Vox, "un grupo de extrema derecha".
a alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha definido el 20-S como una "movilización pacífica" que se produjo en un contexto "preocupante y de gran alarma social" hasta el punto de tener la sensación de estar bajo "un estado de excepción".
Colau ha comparecido como testigo en el juicio del "procés" a petición de la acusación popular que ejerce Vox, no sin antes manifestar su "incomodidad profunda" por "tener que responder a un grupo de extrema derecha que amenaza los derechos fundamentales".
Pese a que no estuvo en el 20-S, Colau se ha referido como una "movilización pacífica que se produjo dentro la normalidad democrática, pero la situación era de excepcionalidad".
En concreto, ha dicho que "la situación era muy preocupante y de gran alarma social" hasta el punto de tener una "sensación de estado de excepción" ya que se "producían situaciones que no habíamos visto en democracia".
La alcaldesa ha explicado que, como no estuvo presente, fueron sus compañeros del Gobierno municipal quienes le informaron de manera permanente de lo que allí ocurría, una "situación de preocupación, pero pacifica y tranquila".
"Todo lo que me referían es que había un comportamiento muy cívico por mantener la calma", ha añadido.
Colau ha asegurado que pidió un informe sobre el 20-S que concluyó que "no hubo incidentes relevantes ni daños" y que lo más relevante que tuvo que hacer el Consistorio fue "poner más vallas de las habituales".
"Apoyo político"
Asimismo, Colau ha reconocido que después de que el Tribunal Constitucional anulara el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre se reunió con el expresidente catalán Carles Puigdemont y que ambos entendieron que esa suspensión se limitaba a los "efectos jurídicos" de los resultados de la consulta, no a los "derechos políticos" para celebrarla, cosa que impulsaron.
Colau ha explicado que en ese encuentro Puigdemont y ella estuvieron de acuerdo en "dar apoyo político" a la convocatoria de referéndum y en "no poner en riesgo penal a ningún funcionario".
"Queríamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad para que se pudiera votar con normalidad. Entendíamos que la suspensión como tal era en sus efectos jurídicos, pero no estaban suspendidos los derechos políticos", ha remarcado.