Qatargate, el escándalo que obliga a Europa a más transparencia y vigilancia ante la corrupción

Los medios europeos estamos hablando de Qatargate, pero en realidad no es el término correcto. La presunta compra de favores y de influencia en la toma de decisiones por parte de Doha entre miembros presentes y pasados del Parlamento Europeo no es única. Dicen los informes de la fiscalía belga que Marruecos también anda detrás de las ayudas o regalos. Pero un Marruecosgate también supondría poner el foco en el supuesto embaucador. Más que el origen, debe preocupar el destinatario del caramelo: los supuestos servidores públicos de las instituciones europeas. Es ahí donde hay que colocar las etiquetas, en la #CorruptionEurope, el término que acertadamente están usando Le Soir y Knack, los medios locales que lo han desvelado todo.

Hasta el momento, hay salpicadas al menos seis personas que actualmente desarrollaban su labor en la Eurocámara: la vicepresidenta, la griega Eva Kaili (bajo arresto); su pareja, Francesco Giorgi, que ahora era asesor parlamentario (bajo arresto); Andrea Cozzolino, parlamentario italiano y jefe del anterior; el eurodiputado belga Marc Talabella (en cuya casa se ha producido un registro) y un asesor de su homóloga Maria Arena, relacionada con el caso por un asesor al que se está investigando. Todos pertenecían al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

A ellos se suman un exparlamentario señalado como el cabecilla, el italiano Pier Antonio Panzeri (bajo arresto), ahora al frente de la ONG Fight Impunity, que hacía diversos eventos con la Eurocámara, y el lobista Niccolo Figa-Talamanca, que se trabajaba también sus pasillos. Hay otros asesores, madres, esposas e hijas de los anteriores... pero el grueso de la trama pasaba por el hemiciclo y su burbuja.

En sus pasillos, en estos días de pleno prenavideño, hay nerviosismo. Están los que quieren ven en lo ocurrido un hecho aislado, unas cuantas manzanas podridas en mitad de gente legal y trabajadora, unos cuantos malos a los que se ha pillado porque el sistema funciona. Y están los que se tiran de los pelos, los que entienden que, tenga las ramificaciones que tenga la red, evidencia la falta de control de los europarlamentarios, la excesiva alegría con la que se contabilizan sus gastos o dan cuenta de sus acciones. La Cámara se mira al espejo y se da cuenta de que tiene que cambiar, por supervivencia, sea esto un aviso o la punta del iceberg.

Lo que ya se mueve

La presidenta de la institución, la maltesa Roberta Metsola, ha puesto rostro a la angustia de estos días. La mujer que ha tenido que asistir, citada por la policía, al registro de la casa de uno de sus diputados, ha mostrado con su mandíbula tensa y sus labios mordidos la tensión de todos. Su reacción inicial ha sido la de denunciar la injerencia extranjera desvelada como un “ataque a la democracia europea”. La mirada, fuera, y no en casa, cuando se trata de un daño autoinfligido después de que, durante años, los eurodiputados se hayan resistido a ampliar y mejorar las normas que garantizan su integridad y transparencia.

El jueves, en mitad de un plenario alterado por la investigación del juez belga Michel Claise, Metsola prometió hacer una revisión completa de “todos” los trámites legislativos de la Eurocámara en busca de “presiones o influencia indebida”. Ya no más los negocios “como siempre”. Avanzó un “paquete amplio de reformas” internas, que se presentará el año que viene -sin precisar más-, y que contempla un refuerzo a la protección de los denunciantes de corrupción, una prohibición de todos los grupos de amistad no oficiales con terceros países y una revisión de “cómo interactúa” el Parlamento con gobiernos extranjeros, informa EFE.

Los denunciantes son una vieja cuenta pendiente, porque desde 2019 existe una directiva específica sobre la protección de quien levante la liebre de un caso sospechoso pero, de forma ilógica, sólo contempla que lo hagan ciudadanos, no personas de dentro de las instituciones. Los mismos que redactaron las leyes no están protegidos por ella, cuando son los que primero pueden detectar un comportamiento o actividad sospechosos. En 1999, una denuncia empezó una bola de nieve que acabó con toda la Comisión Europea que lideraba el luxemburgués Jacques Santer.

Ya se están mirando trámites recientes como la exención de visados a qataríes o el acuerdo de aviación entre la UE y este país, pero la conservadora promete que se “revisará todo” en busca de “cualquier presión o influencia indebida”. Garantiza que se revisarán posibles “lagunas” en la vigilancia a la actividad que ejercen los antiguos eurodiputados, qué ONG forman parte del registro de transparencia y pueden entrar al Parlamento Europeo, para que “impedir que ciertas cosas que han pasado en este contexto vuelvan a suceder de nuevo”. Fight Impunity, por ejemplo, celebró con ellos una Conferencia Internacional de Derechos Humanos en junio pasado y este diciembre, repitieron partenariado en un acto en París sobre prensa libre.

Los “grupos de amistad” de eurodiputados con terceros países, que algunos ven como el coladero ideal, también serán puestos bajo la lupa, como el Subcomité de Derechos Humanos, que un día presidió Panzeri, de uno de cuyos miembros (Talebella) de ha revisado la casa y donde hay una renuncia ya (la de Arena).

“Lideraré este esfuerzo personalmente y con consultas amplias dentro y fuera del Parlamento”, prometió. Por ahora cuenta con el apoyo de los grupos y de los Veintisiete y sostiene que está colaborando con las autoridades policiales y judiciales para aclarar lo ocurrido. Habló de “reconstruir la confianza” y “corregir los errores” para “mandar un mensaje potente a quienes intentan socavarnos”, siempre con la lectura del ataque exterior como prioritaria.

Los diputados también se han comprometido, por su parte, a exigirse a sí mismos presentar una declaración de bienes al acabar sus mandatos, además de los ya requeridos al inicio de la legislatura, para poder demostrar de esta manera que su patrimonio declarado se corresponde con los ingresos declarados. Una manera de ser claros y de defenderse si reciben una “acusación fundada”. Las bolsas de dinero, tan burdas, encontradas a Kaili o Panzeri difícilmente se detectarían así, pero se ganaría en claridad.

En el caso de la Comisión Europea, su presidenta, Ursula von der Leyen, no se ha referido con calma a este escándalo. En su primera comparecencia en rueda de prensa tras conocerse los arrestos, se negó a contestar las preguntas que los informadores le hacían casi a gritos. Ha calificado las acusaciones de “muy graves” y ha planteado, eso sí, la creación de un nuevo organismo de ética para la UE.  

“Se trata de la confianza de la gente en nuestras instituciones, que requiere los estándares más elevados de independencia e integridad”, enfatizó en su comparecencia. Y por eso ha dado la orden de revisa su registro de lobbies por si hubiera algo sospechoso. Por ahora, nadie en su equipo está salpicado, aunque su vicepresidente y responsable de la Promoción del Estilo de Vida Europeo, Margaritis Schinas, ha tenido que explicarse tras estar en la apertura del Mundial de Qatar y recibir algunos regalos -balones, bombones y souvenirs- de las autoridades de Doha.

¿Unas manzanas o todo un barril?

Metsola fue firme: “Hablamos de un número pequeño de individuos” que “se encuentran en una posición donde les ofrecen una bolsa de dinero y no la rechazan” y que “ensombrecen” el trabajo de los demás. Lo ha reiterado varias veces estos días. “Los cargos por los que se está investigando a estos funcionarios son graves: corrupción, lavado de dinero y participación en organización criminal. Tengo la esperanza de que sean unas cuantas personas que se han extraviado en sus funciones, pero hay que evitar que sean más”, explica un eurodiputado verde alemán a El HuffPost. Es de los optimistas, como la presidenta, por más que los servicios secretos belgas hayan avanzado que sólo hemos visto una parte del Qatargate, una investigación para la que ha contactado con cinco países más desde 2021.

No obstante, que vea “gente trabajando con entusiasmo” a su alrededor no quita para que califique de “urgente” la necesidad de un cambio. A su entender, la “supervisión laxa de años de las actividades financieras y el hecho de que algunos estados te puedan contactar sin que quede ni un registro público de esos movimientos es un coladero, si hay mala intención o predisposición a poner la mano”. Hay veces, dice, que se necesita “poco” para sentirse “inclinado” a defender unos intereses: habla de viajes, de pequeños obsequios, de trato preferente, de cumbres sin mucho contenido pero fastuosas. “No tiene que ser a gran escala. Todo suma. Y eso hay que atajarlo”, insiste.

“Hay que salir bien y sin parches”, explica otra eurodiputada socialista, española. Reconoce que en su grupo se lleva mal lo ocurrido, porque pesa el “engaño” de supuestos colegas en los que confiaban. Pone “la mano en el fuego” por los que ve “trabajar y trabaja”, pero no descarta que surjan nuevos nombres, ni relacionados con este caso ni con otros. “Es el momento de reforzarnos”, señala. Defiende que el trabajo de cabildeo, de los lobbies o de países con intereses, es legítimo pero debe ser también “como el cristal”, por si hay quien es más “poroso” a las presiones. “Si alguien quiere actuar de forma deshonesta, puede saltarse cualquier control, pero tienen que existir. Ahora, pensar siquiera en una corrupción institucional me parece muy muy excesivo, no es así”, defiende.

Otra eurodiputada de la izquierda, sueca en este caso, carga más las tintas. “No, no vamos a por nuestros intereses y nuestro beneficio como norma, ¡pero es que se podría hacer! ¿Por qué? Porque no hay un escrutinio interno, público, que lo impida. Hablar sólo de injerencia foránea es un lujo que no nos podemos permitir. Controles, equilibrios y rendición de cuentas. Hay que limpiar la casa. No creo tampoco en una estructura interna carcomida, pero sí hay inercias y todos las vemos, en asesores, dietas, movimientos que se entienden necesarios pero no se fiscalizan”, asume.

Por ejemplo, en octubre, la Mesa de la Eurocámara eliminó ciertas reglas de contabilidad existentes y permite desde entonces a los diputados gastar 4.778 euros, sin necesidad de guardar recibos, en los gastos derivados de las actividades parlamentarias, como alquiler y administración de oficinas, gastos de teléfono y suscripciones, actividades de representación, compra y mantenimiento de equipos informáticos y teléfonos, y organización de conferencias y exposiciones. Aparte, sus 9.386,29 euros de salario, con dietas de alojamiento aparte.

Lo que hay que hacer

La organización Transparencia Internacional lleva años clamando por los cambios que, al calor de este escándalo, podrían darse. Detectaba lagunas que, ahora, huelen a agua estancada: por qué hay países que acceden a eurodiputados sin que se registren por eso ni quede constancia, por qué el comité de autorregulación de la Cámara que vigila las finanzas lo llevan los propios parlamentarios, por qué un legislador puede tener más de un trabajo, por qué las puertas giratorias funcionan tan bien para los altos funcionarios comunitarios...

Nicholas Aiossa, su director adjunto y jefe de Política y Abogacía ha condensado en diez puntos sus principales reclamaciones, que pasan sobre todo por crear un comité de investigación ex profeso sobre el caso de Marruecos y Qatar, nombrar un nuevo vicepresidente en la Eurocámara -se puede aprovechar la baja de Kaili- dedicado a anticorrupción y crear un comité de ética que supervise la actividad de todos los organismos europeos, esto es, el propio Parlamento, la Comisión y el Consejo de Europa, que hoy se rigen por las mismas normas  de cabildeo y relaciones con terceros países. “La Comisión Europea debe presentar de inmediato su propuesta largamente demorada de un organismo de ética de la UE independiente , con amplios poderes de supervisión, investigación y aplicación”, indica.

La Mesa de decisiones secretas del Parlamento -en la que estaba Kaili- “debe ser despojada de todos los poderes de toma de decisiones cuando se trata de cuestiones de ética, transparencia e integridad” y que los códigos de comportamiento lleven a sanciones “efectivas”. Más control externo, más control financiero, más informes de contactos de países que no sean de los Veintisiete, que todo sea publicado, rápido y accesible.

Este organismo pone como ejemplo de escasa transparencia el reciente nombramiento del secretario general del Parlamento Europeo, el italiano Alessandro Chiocchetti, del Partido Popular Europeo, jefe de la oficina privada de Metsola y ascendido luego. Aquella elección, denuncia Transparencia, se hizo sin publicidad, con un acuerdo alcanzado por la presidenta con otros grupos, a cambio de una recompensa con la creación de nuevos cargos. Un caso que esta entidad y The Good Lobby llevaron este septiembre al Defensor del Pueblo Europeo.

Si no se ataja bien lo ocurrido ahora, se corre el riesgo de que la imagen y credibilidad de Europa quede en entredicho. Es el momento del cambio. En eso, hay coincidencia.