Diez años sin ETA: de cómo pasamos del terror a la paz

Echa la vista atrás, tampoco mucho, apenas 10 años. En este país nuestro del primerísimo mundo, miembro de la Unión Europea, democracia consolidada, hace sólo una década se mataba a gente, se secuestraba a gente, se extorsionaba a gente, se expulsaba a gente de su tierra. La banda terrorista ETA acumulaba 43 años de acciones criminales encubiertas en una supuesta lucha por las libertades y la independencia del País Vasco hasta que el 20 de octubre de 2011 desapareció de nuestras vidas. “Cese definitivo de la actividad armada”, decía el eufemístico reconocimiento de su derrota. Sonaba a gloria.

Aquellos tres etarras, aún aferrados a la estética de los gudaris, aparecieron encapuchados, puño en alto y leyendo un comunicado con soflamas, pero con sus palabras irritantemente inconcretas -“conflicto” por terror, “lucha” o “confrontación armada” por delincuencia, “consecuencias” por dolor y muerte- no ocultaban el fondo del mensaje: se acabó. Eran las siete de la tarde cuando el diario Gara dio la noticia más esperada por el país entero.

Desde entonces, España es más sana, se respira mejor, es más feliz, por candoroso que suene. Ha hecho y sigue haciendo una digestión larga, por etapas, no siempre fáciles, con tensiones, avances y deudas pendientes, pero digestión al fin. Todo se lleva mejor cuando no revientan coches ni se dan tiros en la nuca, cuando la palabra “zulo” sólo define un minipiso. Y, aún así, hay una asignatura por aprobar: la de la memoria. Pasados diez años, no sabemos aún manejarla. Mientras se incorporan a la vida adulta nuevas generaciones que ya no saben ni quién es Miguel Ángel Blanco, hay que aclarar aún cómo estudiar el terrorismo, cómo encajarlo en nuestra historia y, sobre todo, cómo atender a las víctimas, supervivientes y sus familias, de aquel horror.

El ‘legado’

Antes de aquella tarde para el recuerdo, ETA había hecho mucho, mucho, mucho daño. Desde que asesinara a tiros al guardia civil José Antonio Pardines Arcay en Villabona (Guipúzcoa), el 7 de junio de 1968, cometió más de 3.500 atentados -imposible saber cuántos fueron los fallidos-, que cosecharon 864 muertos y 7.000 heridos largos. El último asesinado por ETA fue el policía francés Jean-Serge Nerin, muerto en un tiroteo el 16 de marzo de 2010.

Los terroristas asesinaron en este tiempo a 206 guardias civiles, 149 policías nacionales, 86 militares, 24 policías municipales, 13 ertzainas y hasta un mosso de Esquadra, porque los uniformados eran su diana favorita. Luego, tratando de hacer más daño, instauraron su filosofía de la “socialización del sufrimiento” y ampliaron el foco: cayeron 32 políticos -sobre todo del PP y del PSOE- , diez profesionales de la administración de Justicia, 49 empresarios, cuatro periodistas... 12 de los muertos de ETA fueron secuestrados, parte de los 79 a los que metió bajo tierra para reclamar su impuesto revolucionario o presionar a los Gobiernos de turno.

El zarpazo terrorista llegó a todos los rincones de España: 586 asesinados en Euskadi, 123 en Madrid; 55 en Cataluña, 40 en Navarra, 16 en Aragón, 13 en Andalucía... Pesan los atentados al Hipercor de Barcelona, las casas cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza y Vic o la furgoneta reventada en la plaza de la República Dominicana de Madrid.

Más del 90% de esas víctimas las causaron pasada la dictadura franquista, esa que en sus inicios les sirvió como explicación para sus actos.

A todo eso se puso fin un día de octubre de hace 10 años.

Cómo llegamos al 20 de octubre

Hasta llegar a ese mensaje de dos minutos y 37 segundos de los etarras hizo falta andar un largo camino de acercamientos, errores, aciertos y consensos. Desde el Gobierno, se había intentado hablar con ETA en distintas ocasiones, pero siempre sin frutos, más allá de treguas puntuales, una decena desde su fundación, que acababan siempre con los asesinos rompiendo la baraja y derramando más sangre.

En tiempos más recientes, se anunció un primer alto el fuego supuestamente “indefinido” en 1998, luego una tregua sólo para Cataluña en 2004, otra para políticos en 2005 y, al fin, la tregua de 2006, ya con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Desde el principio se había mostrado partidario de hablar con los etarras, buscando el fin de sus ataques. Se iniciaron contactos indirectos entre el PSOE, representado por Jesús Eguiguren, su presidente en el País Vasco, y el entorno abertzale, con el hoy coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a la cabeza.

El hilo era muy débil aún cuando, en en diciembre de ese año, ETA atentó en la T4 del aeropuerto de Barajas, en Madrid, y mató a dos hombres. Parecía todo perdido, pero Zapatero confiesa que hubo compromiso para seguir adelante y eso desembocó en el cese de 2011. Del “prediálogo” se pasó a las conversaciones directas Gobierno-ETA, en las que fue determinante el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Tras un año sin matar y con el debate sobre dejar o no las armas instaurado en la izquierda abertzale, la banda dejó de extorsionar y abandonó la kale borroka o lucha callejera mientras, en paralelo, escuchaba al Ejecutivo a través de un mediador suizo, el Centro Henri Dunant, y con el apoyo de Noruega.

España planteó la disyuntiva clara de “o votos o bombas”, o sea, vía política o terror, aclarando el debate en términos nada ambiguos, y acabó cuajando en un sí de ETA a dejar de matar. Zapatero ha relatado estos días que pidieron que se les permitiera seguir con su empeño de “internacionalizar el conflicto” y exponer el fin con sus mediadores y aliados, lo que cristalizó en la Declaración de Aiete del 17 de octubre. Una puesta en escena para ganar legitimidad. También reclamaron la legalización pronta de Sortu, su marca política, su brazo no armado, surgida de reconversiones de Herri Batasuna.

El Gobierno se lo dio, pero asegura el expresidente que nada más. “Fue una decisión unilateral, limpia y sin contrapartidas”, repite. Lo cierto es que ETA no podía más. Cuando llegó la negociación, se encontraba hundida. Una alianza poco común entre PSOE y PP había logrado la ilegalización de Herri Batasuna, su rama política, la Guardia Civil y la Policía Nacional gastaban buena parte de sus energías en perseguir a sus miembros, con una red de Información que es referente en Europa, y el frente judicial no cesaba. Su cúpula se renovaba una y otra vez, porque caían sus jefes en Francia -Josu Ternera, Thierry, Txeroki, Iriondo, Martitegi...-, y la base social que, innegablemente, un día tuvieron, se estaba resquebrajando.

Es intenso el debate sobre si el colapso habría llegado por sí sólo, con la labor del estado de derecho, si fue determinante o no el impulso político. No hay foto de la derrota de ETA, denuncian las asociaciones de víctimas. De un modo u otro, el día de bajar los brazos llegó.

Paso a paso

ETA no mató más, pero fue enervantemente lenta en dar los siguientes pasos. Hubo que esperar hasta 2017 para que se desarmara y al año siguiente, 2018, para que anunciase su disolución definitiva. Los arsenales fueron depositados en lugares pactados, en el suroeste de Francia, ofreciendo las coordenadas de los zulos, previa Declaración de Aiete y con la ayuda de los conocidos como artesanos de la paz.

Sin embargo, nunca se ha tenido conocimiento exacto de si lo que dieron es absolutamente todo lo que tenían. Desde 2012, se le incautó a la banda más del doble de armas que las que después entregó en ese 2017 en Francia. Sí se sabe que, pese a los miedos iniciales, en estos años no ha habido residuos recalcitrantes, no ha habido una ETA Auténtica a la irlandesa, no ha habido más kale borroka ni excesivo arrope popular, que cada día son más tristes los homenajes a los etarras que salen de prisión y que hasta tienen que anularse por la presión popular.

“Tomamos las armas por el pueblo vasco y ahora las dejamos en sus manos, para seguir dando pasos al objeto de lograr la paz y la libertad en nuestro pueblo, porque para avanzar en la agenda de soluciones hay que adquirir compromisos”, argumentaba ETA en aquel 2017.

A la siguiente primavera vino la disolución, el “final de su trayectoria” y el “desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras”, decía su comunicado. Seguía sin llamar a las cosas por su nombre: “cierra un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los Estados, el caracterizado por la utilización de la violencia política”, decían.

Fueron años en los que gobernaba en Madrid el PP de Mariano Rajoy, que asumió el camino marcado por Zapatero. Tiempos de mirarse de lejos y desconfiarse mutuamente pero, a la vez, de novedades que cambiaban la situación: Bildu y Sortu se hacían legales, el Tribunal de Estrasburgo tumbaba la Doctrina Parot y permitía la excarcelación de una sesentena de terroristas, había acercamiento de presos...

Comunicado ETA by El HuffPost

Lo que queda de ETA

“Y ese día de octubre, ETA dejó de ser una pesadilla para los españoles y pasó a ser un problema para los suyos, para sus presos, para aquellos que desde la política les acompañaron durante más de 40 años”, escribía en El HuffPost Rubalcaba. Hoy, tras acabar con su actividad criminal, la banda terrorista tiene 184 presos en cárceles españolas, de los que 73 de ellos acercados ya al País Vasco, gracias a la decisión de poner fin a la política de dispersión por el gobierno de Pedro Sánchez, que también ha cedido en este tiempo la competencia de prisiones al Ejecutivo vasco. Un traspaso que, hace una década, hubiera sonado absolutamente marciano y que hoy ha pasado casi sin pena ni gloria. Tan marciano como que ya sean decenas los presos etarras que han pedido perdón y hasta han visto, en ocasiones, a sus víctimas o deudos.

En el comunicado del que ahora se cumple una década, los terroristas hablaban de resolver las “consecuencias del conflicto” y esa revuelta en el lenguaje quería decir, en gran medida, ver qué pasaba con sus miembros y sus presos. En 2011, según datos del Ministerio del Interior, eran 595 los condenados en España y 140 en Francia.

Fuentes de este departamento confirman que hay entre una veintena y una treintena de fugados. Serían unos 20 autores materiales e intelectuales confirmados y otra decena de sospechosos, colaboradores más que ejecutores directos. América Latina es su destino preferente, como se vio con el caso de José Ignacio de Juana Chaos, que estaba en Venezuela.

Presidencia del Gobierno ha respondido a una consulta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, COVITE, en el que pedía el desglose de arrestos antes y después del cese de la violencia. Las cifras desvelan que entre los años 2008 y 2011, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevaron a cabo 342 detenciones en relación con la banda terrorista; “es decir, en un periodo de dos años, se llevaron a cabo 98 detenciones más que en un periodo de 10 años que va desde 2011 a 2020″, sostiene un informe de la organización elaborado sobre estas cifras oficiales.

Una “ralentización” que constatan fuentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil consultadas por El HuffPost. “Si no hay actividad terrorista la exposición y las pistas son menores. Se han estado ocultando con cuidado y los seguimientos han sido complejos. Su número de efectivos se había visto notablemente mermado en los años previos”, señalan, no obstante. En el tiempo inmediatamente posterior al anuncio, dedicaron tiempo a organizar estas escapadas y a ocultar las armas, hasta que las entregaron.

Asumen que la disolución total de la organización “nunca se ha producido como tal”, porque no se le ha dado caza a todo el colectivo y porque sigue sin saberse las armas con las que contaban y ni el explosivo, pero no ven peligro. “No hay gente en la banda, no hay miembros no ya activos, sino ni siquiera pensando en hacer cosas. Aunque quisieran no tienen ninguna capacidad ni ningún apoyo social en el País Vasco. Armas... alguna pistola quedará, sí, y matar es fácil, como demuestran con islamistas con un cuchillo o unas flechas, pero, con todo, han interiorizado absolutamente que han perdido y eso es lo principal”, señalan estas fuentes.

Pese a todo, desde la Comisaría General de Información de la Policía Nacional recuerdan de las detenciones hechas en estos años, las dos primeras se produjeron tan sólo ocho días después de aquel comunicado, al arrestar en Bélgica a Ventura Tomé y Javier Aguirre Ibáñez, informa Europa Press.

Entre septiembre de 2015, con la llamada operación Pardines, en honor al primer guardia civil asesinado por ETA, y noviembre de 2017 con la operación Nerin, en recuerdo del policía francés que es la última víctima mortal de la banda, caen David Pla e Iratxe Sorzabal, los encargados de leer el comunicado del fin del terrorismo, pero también Mikel Barrios, Íñigo Gulina Tirapu o Mikel Irastorza.

En 2009 es cuando se data la primera información “absolutamente fiable” de que la banda terrorista lo que quería era “dejar el listón alto mediante atentados para, a continuación, buscar una última negociación”, cita la agencia. “El éxito de la Policía es anterior, fue detener a los jefes militares cuando ETA no tiene más remedio que elegirlos desde la kale borroka”, apuntan.

Con ETA derrotada, también se actuó contra el conocido como frente de cárceles. Desde la Guardia Civil recuerdan que entre enero de 2013 y abril de 2015 la acción policial se centró en los abogados acusados de actuar en connivencia con ETA, y que fueron objeto de sucesivas operaciones bautizadas con simbólicos nombres como Jaque y Mate. Arantza Zulueta y Jon Enparantza, entre otros, ya cumplieron condena y están siendo juzgados ahora de nuevo.

El mayor quebradero de cabeza en estos años ha sido José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, que fue jefe de ETA y negociador en el proceso que culminó en 2011. Fue detenido en una operación de la Guardia Civil en mayo de 2019 en los Alpes franceses y hora se está pendiente de su extradición, reclamado por la Justicia española por, entre otros, el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, que dejó 11 muertos y 88 heridos.

También se realizaron extradiciones como la de Natividad Jáuregui, alias Pepona, entregada por Bélgica por el asesinato en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo; o las detenciones de la Policía en México de Ángel María Tellería, buscado por el asesinato de la inspectora María Josefa García Sánchez, y Juan Jesús Narváez Goñi y su pareja, Itziar Alberdi, por asesinar con un paquete bomba a dos policías.

Entre los más buscados, se calcula que hay diez de ellos en Venezuela, uno en Cuba, cinco en Francia, y hay algún dirigente de la banda terrorista disperso por países como Brasil, México, Uruguay y Cabo Verde. En la lista figuran históricos como De Juana Chaos, aunque a día de hoy ven complicado su entrega y detención debido a que el delito por el que figura en las bases de datos policiales es el de enaltecimiento. Unos están buscados por terrorismo, delito que no prescribe en España, pero otros sólo por colaboración con banda armada, y esos sí caducan. El tiempo corre en contra.

En cuanto a los que cumplen condena, desde este año no hay ningún etarra más al sur de Madrid. Andalucía, que ha sido un destino habitual de etarras, ya no tiene ni uno en sus cárceles. Desde el lado francés se ha hecho lo propio, ahora todos los presos etarras están en centros cercanos a la frontera. La llegada de Sánchez al Gobierno en 2018 suma 272 traslados correspondientes a 203 etarras, 73 de ellos autorizados para ir al País Vasco -de los que se han materializado 63-, así como otros 17 a cárceles de Navarra.

No hay justicia para todos

En estos momentos, hay 377 asesinados por ETA para los que no ha llegado la justicia. Para ellos y sus allegados no hay descanso. Suponen el 44% de todas las víctimas mortales de Euskadi Ta Askatasuna (864 muertos, recordemos), un número altísimo de casos en los que no ha habido juicio o sentencia firme, que se han bloqueado por falta de pistas, errores judiciales o defectos en la investigación. Muchos de ellos son casos muy antiguos, con dossieres defectuosos procedentes de la dictadura o el inicio de la Transición o implican a asesinos amnistiados tras la muerte de Francisco Franco.

Una delegación del Parlamento Europeo visitará el mes próximo España para conocer de cerca estos casos y, con su informe, asociaciones como Dignidad y Justicia confían en poder armar mejor la demanda de crímenes de lesa humanidad contra la banda.

La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen, obviamente, a su gente indagando en sumarios y otros documentos como los papeles de Francia, un trabajo que realizan junto a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y colectivos como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Son un centenar los informes reabiertos desde 2011, según la AVT, que calcula que restan unos 90 sumarios por revisar. Se ha logrado la resolución mediante condena de hasta 15 casos, de víctimas como Ignacio Uría, Pedro Antonio Blanco, Máximo Casado, Isaías Carrasco, Eduardo Puelles, Raúl Centeno o Fernando Trapero.

Los cambios políticos

El exlíder de Batasuna, Otegi, lidera hoy la izquierda abertzale, como hace diez años, aunque entonces estaba en prisión por tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna, siguiendo las órdenes de ETA. Tras años eludiendo reconocer el dolor causado por la banda, esta misma semana ha dado un paso insuficiente pero importante, a juicio del Gobierno y de las asociaciones de víctimas, asumiendo que el horror “no tuvo que ocurrir nunca”. La palabra horror no la usó, ni terror, ni asesinato. Dijo “eso” y “todo aquello”, pero lo dijo.

EH Bildu, la coalición que incluye y representa a los abertzales, se ha consolidado como segunda fuerza política vasca y ha dado un giro histórico al aceptar el juego de mayorías e influencias también en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Participó en la moción de censura que derribó a Mariano Rajoy, en la primavera de 2018, y ha alcanzado acuerdos con el Gobierno resultante, la coalición PSOE-Podemos, con la que, por ejemplo, pactó derogar la reforma laboral a cambio de sus votos para aprobar una prórroga del estado de alarma. Con ellos se habla hasta de los Presupuestos Generales del Estado.

Los acuerdos y reuniones que PSOE y Podemos han mantenido con los representantes de EH Bildu constituyen un flanco de ataque de la oposición, que ha cargado duramente contra el Gobierno por pactar con los “herederos de ETA”, con el partido que nunca abjuró totalmente de su pasado vinculado a la violencia en Euskadi. Dirigentes socialistas como Idoia Mendia, vicelehendakari, justifican esta nueva relación con EH Bildu con el argumento de que siempre se les exigió que hicieran política sin armas, como ahora, y además se entiende como un cambio histórico su participación en la gobernabilidad de España.

La larga digestión

El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, Florencio Domínguez, sostiene que “sigue quedando como gran asignatura pendiente que aquellos que practicaron el terrorismo o que lo apoyaron hagan un reconocimiento explícito de su ilegitimidad”. Valora que el terrorismo “ha desaparecido, pero no las consecuencias que ha provocado durante décadas y, por lo tanto, siguen muchas heridas abiertas que solo el tiempo podrá curar”. No cumplieron su supuesto objetivo político y tampoco son capaces de asumir la hondura de su daño y eso lastra nuestros días, aún pasados diez años.

Ahora, nueve de cada diez españoles ve “positivo” o “muy positivo” el fin de este terrorismo para el conjunto de España y tan sólo el 3,7% lo ha calificado de negativo, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de la semana pasada. El terrorismo ya no aparece en la cuarentena de principales problemas del país, cuando durante décadas estuvo siempre entre los cinco primeros, incluso en tiempos de crisis económica.

Se habla más de ETA en un plano insospechado hace nada: el de la cultura. Patria, Mejor la ausencia, Maixabel, La línea invisible... Libros, películas y series que abordan desde la ficción un tema que era tabú, de tan doloroso y fresco. En educación, aunque con escaso éxito, se empieza a estudiar lo pasado, a intentar poner orden en el caos vivido.

Las encuestas dan cuenta de una normalización por ese flanco que lleva aparejado, también, un cierto olvido. “Quedan heridas tremendas, porque el terrorismo se fue pero las víctimas no volvieron”, recuerda estos días el socialista Eguiguren. Tenemos, por un lado, a las víctimas, a la espera de una reparación universal, que denuncian que a ETA no se le ha dado el carpetazo que merecía, que expresan sus dudas sobre si hubo un precio pagado por esta paz. Españoles que esperan la petición de perdón por parte de Otegi y su gente y que piden más acción policial y judicial. Las asociaciones son incómodas y nadie sabe bien qué hacer con ellas.

Tampoco tienen mucho consuelo los políticos que siguen siendo hostigados en el País Vasco. Ser del PP allí, por ejemplo, ya no cuesta la vida, pero sigue habiendo ataques, agresiones físicas y verbales, señalamientos. No miran buscando bombas bajo sus coches, no llevan escolta, pero aún sufren por los rescoldos que quedan vivos.

Todo eso ha pasado en diez años. De dónde veníamos y dónde estamos. Esta es la España sin ETA que no debe olvidarse de ETA.