Cianuro y asilo político: las nuevas convulsiones del caso Odebrecht

Un truculento envenenamiento y una huída con petición de asilo político de todo un expresidente. Esos son los dos nuevos episodios que traen a primera plana el caso Odebrecht, que investiga cómo la mayor constructora de América Latina untó a políticos de todo el continente, sin importar su color y tendencia, para adjudicarse obras públicas.

En Colombia, a la muerte aparentemente natural de un testigo clave para desvelar la trama local le ha seguido la de uno de sus hijos, que bebió de una botella de agua envenenada que se encontraba en el despacho de su progenitor. Los investigadores han encontrado cianuro en la vivienda. Y en Perú, su exmandatario Alan García ha pedido a Uruguay que lo acoja, porque se siente "perseguido" por las investigaciones que le cercan y que sostienen que se llenó los bolsillos a base de sobornos.

Estas son las claves para conocer las novedades del caso y para entender la importancia de la trama que se investiga.

Lo primero: ¿qué es esto de Odebrecht?

Odebrecht es un gigante de la construcción brasileño con ramificaciones en 26 países, en los que construye carreteras, aeropuertos o estadios, que provee energía y agua y hasta fabrica submarinos. Su marca es hoy, lamentablemente, sinónimo de corrupción en la región. Su último balance, de 2015, mostraba una facturación de 39.111 millones de dólares y una plantilla de 128.426 empleados.

Su hundimiento -con la cadena de procesamientos de empresarios y políticos que le siguió- se inició con la Operación Lava Jato, en Brasil, lanzada en 2014. Entonces fue arrestado su presidente, Marcelo Odebrecht, pero como no quería pasarse la vida en la cárcel, comenzó a colaborar con las autoridades. Él y otros 77 altos cargos de su empresa declararon ante las autoridades de Brasil, de EEUU y de Suiza, desvelando sobornos hasta en 12 países. Marcelo fue condenado a 31 años, que se redujeron a 19, que pasaron a 10... y acabaron con un arresto domiciliario que en poco más de año y medio pasará a ser semiabierto.

Gracias a lo que contaron, se han desvelado mordidas de 349 millones de dólares en Brasil, 98 en Venezuela, 92 en República Dominicana, 59 en Panamá... Una ayudita a los políticos por la que la empresa ha tenido que pagar ya en su país 3.500 millones de dólares, la mayor multa impuesta jamás a una compañía acusada de corrupción.

Una novela muy negra

En este marco, se ha producido en Colombia un episodio que parece de novela negra. El pasado 8 de noviembre moría en su casa de Subachoque (Cundinamarca) el ingeniero Jorge Enrique Pizano, el auditor de la concesionaria de la carretera Ruta del Sol II y testigo clave en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña en el país. La causa de la muerte fue un infarto, aunque además sufría cáncer.

Sin embargo, tres días más tarde moría en la misma vivienda su hijo, Alejandro. El joven bebió de una botella de agua saborizada que estaba sobre el escritorio de su padre. Tenía cianuro. Ante el resultado de la autopsia, la policía revisó la vivienda y encontró un tarro con esta sustancia en uno de los baños auxiliares, en la planta que solían usar los hijos de Pizano. Se ha localizado una tienda de Bogotá que vendió este producto, pero del lote de 12 botes sospechosos, sólo se ha dado por ahora con seis de los compradores. Falta la mitad. ¿Quién lo compró? ¿Con qué propósito? ¿Cómo llegó hasta el hogar de los Pizano?

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En agosto pasado, Pizano dio una entrevista al Canal Unocolombiano, que fue emitida tras su muerte, y en la que revelaba que el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, antes de asumir el cargo, las irregularidades en la licitación para la construcción de la vía, que comunica el centro con el norte del país. Con sus palabras se ahonda en la crítica a este fiscal.

En el caso de Colombia, se estima que Odebrecht pagó en sobornos 11 millones de dólares, en una trama que hasta salpicó -sin consecuencias- al expresidente Juan Manuel Santos, al que se acusaba de financiación ilegal de su campaña. También fue detenido el conocido excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una carretera.

¿Protección o escapada?

La otra noticia bomba es que Alan García, antiguo presidente peruano, ha pedido asilo a Uruguay aduciendo "persecución política", en mitad de la crisis política que el caso ha levantado en su país, donde se calcula que fueron a parar 29 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña. La Fiscalía peruana considera a García sospechoso de haber favorecido a Odebrecht durante su segundo Gobierno para que la empresa ganara el concurso para la construcción de la línea 1 del metro de Lima.

En febrero de 2009, inmediatamente después de un viaje a Cuzco junto con el gerente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, el expresidente firmó un decreto de urgencia para impulsar la ejecución del proyecto, decreto que modificaba el marco legal vigente en ese momento y otorgaba "condiciones ventajosas" a la compañía, recuerda EFE. Para García, esos decretos se dieron para impulsar un proyecto de claro "interés público", no para favorecer a la empresa. Investigaciones posteriores de la Contraloría de la República y del Congreso peruano detectaron perjuicios económicos y sobrecostos de entre 100 y 300 millones de dólares en la ejecución de los proyectos.

En noviembre de 2016, Odebrecht confesó haber pagado 29 millones de dólares en sobornos bajo los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Tres presidentes consecutivos supuestamente en el ajo. El exviceministro de Comunicaciones del Gobierno de García, Jorge Cuba, ya ha sido arrestado por estas mordidas.

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En ese contexto, se ha abierto una investigación por parte del fiscal Hamilton Castro contra Alan García, su ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, y el exdirector ejecutivo del proyecto del Metro de Lima, Oswaldo Plasencia, los superiores de los ya detenidos. Es el siguiente paso.

Las investigaciones revelaron la existencia de una cuenta en un banco de Andorra con millones de dólares vinculada a esta trama, que sin embargo permanecía sin movimientos de salida de capital. La sospecha es que ese dinero es el que correspondería a García y otros altos funcionarios.

García reaccionó a todo esto denunciando a las "ratas" corruptas que operaron bajo su mandato, pero negó cualquier vinculación con la corrupción."Otros se venden, yo no", reiteró en varias ocasiones. El Gobierno de Perú ha comunicado formalmente al de Uruguay que no existe persecución política "de ningún tipo" contra el expresidente, a través de un comunicado en el que recalca que en su nación "impera la democracia, el Estado de Derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales".

El expresidente ha sido llamado a declarar como testigo por la Fiscalía en diversas ocasiones, en las que el mandatario viajó libremente a Perú desde España, donde reside, para exponer ante el Ministerio Público. Eso era lo que se esperaba que sucediera el pasado 15 de noviembre, pero sin embargo, a su llegada a Perú, García se encontró con el anuncio de que la investigación en su contra se ampliaría a los delitos de colusión y lavado de activos.

De forma simultánea, el portal de investigación periodística IDL-Reporteros publicó información procedente de los servidores internos de Odebrecht que apuntaban sobre un supuesto pago irregular a García. Inmediatamente, la Fiscalía solicitó que se vetase la salida de de Perú del antiguo mandatario, para profundizar las investigaciones, lo fue formalmente concedido por el juez el sábado 17 de noviembre.

Ese mismo día, García ingresó en la residencia uruguaya en Lima buscando protección. Si se la da, podría irse a cualquier otro país y se especula con que regrese a España, donde ha estado instalado por temporadas.