Chaves: "Yo tenía la conciencia plena de que las decisiones que se estaban adoptando en el Consejo de Gobierno eran legales"

El expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha concedido esta mañana en la Cadena SER su primera entrevista, después de que el martes de la pasada semana se conociera la sentencia por la causa política del Caso ERE, por la que él mismo ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

A preguntas de Àngels Barceló, el que fuera dirigente socialista ha remarcado, insistente, que nunca tuvo aviso de que se estuviera cometiendo ilegalidad alguna o menoscabo de los fondos públicos, que él sólo tomó una decisión política -la de ayudar a despedidos mayores de 55 años en empresas en crisis- y que no tuvo en sus manos informe alguno que dijera lo contrario. Confiesa que hubo informes intermedios, en otros escalones de la Junta, hablando de desajustes, pero que no llegaron a la presidencia.

Chaves ha enfatizado que la sentencia no es firme, que la respeta y no la comparte porque tiene “la convicción de la legalidad de todas las decisiones adoptadas en el Consejo de Gobierno” mientras él ha sido el presidente. “Ninguna se ha tomado ilegalmente, sino con los trámites necesarios y todos los controles necesarios”, insiste.

“Cuando digo que tengo la convicción de la legalidad de esas decisiones, incluso las que dice la sentencia, sobre las ayudas a empresas y trabajadores, lo digo porque el Consejo de Gobierno de la Junta nunca, y digo nunca, tuvo una advertencia por parte de la Intervención General de que el procedimiento fuera ilegal o pudiera producir un menoscabo de los medios públicos”, ha dicho.

La Intervención, a través de un informe de actuación, es la que tenía que haber visto el problema, pero no lo vio y no lo avisó, sostiene. “Nunca dijo nada de eso. Es verdad que hay informes, que no llegaron al Consejo de Gobierno, sino a otros niveles, pero en los que siempre se dijo que podía haber algo inadecuado, no ilegal”, matiza. De esas inadecuaciones se enteran, dice Chaves, escalafones intermedios, técnicos o quizá consejeros, pero no llega más arriba en el Palacio de San Telmo.

“A mí se me acusa por ser presidente de que aprobaba los presupuestos y las modificaciones presupuestarias, pero es que llegaban con todos los trámites cumplidos. Lo que hace el Consejo de Gobierno es un acto político, no administrativo, lo que le da trascendencia es la aprobación por el Parlamento (...) en una ley que, por propia definición, no puede ser ilegal”, abunda. Chaves se pregunta por qué en 10 años no hubo nadie en el Parlamento andaluz que detectase esas ilegalidades, cuando incluso hay quien pedía que esas partidas ahora sancionadas se ampliasen. “Es raro, ¿verdad?”.

Barceló le ha insistido sobre si es normal que no salten las alarmas con esos informes intermedios que afirmaban que había cosas no bien hechas, y Chaves ha vuelto al argumento de que no se hablaba nunca de ilegalidad, “a veces es que hay discusiones técnicas”, ha zanjado. “La verdad es que nunca se advirtió de ilegalidad, pues porque seguramente la intervención no lo advirtió”, y las discusiones técnicas fueron por otro camino, sin su conocimiento.

Sobre quiénes deberían haberlo sabido y parado, el expresidente andaluz no ha querido poner el cortafuegos en ningún nivel, ni consejeros, ni secretarios generales ni directores de IDEA. Insiste en que él sólo toma una “decisión política, que es ayudar a las empresas” como Astilleros, Santana o Puleva. “Yo ya el procedimiento no lo conozco, entra en otros noveles de la organización. (...) Yo conozco que existen pero no sé cómo son, no pasan por el Consejo de Gobierno, no los conoce el presidente”, remarca.

Presiones y “clima de culpabilidad”

Chaves ha denunciado que el proceso de los ERE, que ha durado casi una década, ha sido “muy mediático, muy sometido a presiones políticas y mediáticas, y en torno a este proceso se ha creado un ambiente de culpabilidad hacia nosostros, de presunción de culpabilidad hacia todos nosotros”. Habla de “clima de culpabilidad” de principio a fin.

Se ha reconocido “muy sorprendido” por el fallo de la Audiencia de Sevilla y, aunque aún no tiene listo su recurso al Supremo, insiste en que irá basado en que sólo tomó una decisión política, sin conocer el detalle de los pasos que se daban. “El presidente no conoce los procedimientos porque no los tiene que conocer, toma una decisión. Las transferencias de financiación están en los Presupuestos Generales (...), yo no puedo saber cuánto dinero se le da, ni las condiciones a cada trabajador...”, repite.

Eso sí, sostiene que si a lo largo del proceso se detectan agujeros, “que la justicia caiga a peso sobre los que han cometido abusos o ilegalidad en la ejecución del procedimiento”. “Yo tengo una sentencia que considero injusta y por eso y porque no es firme la recurriré”, zanja.

La responsabilidad del PSOE

Chaves sostiene que ya asumió su responsabilidad política al dejar su escaño y su cargo y militancia en el PSOE, y aunque concede que, quizá, se equivocó eligiendo a determinadas personas, cree que en los tribunales no tiene que pagar más. “Se nos ha acusado de que hemos robado el dinero de los trabajadores parados (...) hay 6.400 trabajadores que se vieron parados por cierres de sus empresas que están cobrando su indemnización y la seguirán cobrando hasta 2025. No hemos robado, todo lo contrario”, ha dicho, por más que ha reconocido que hubo 219 intrusos que cobraron si deber.

Sobre si estamos ante un caso del PSOE o sólo de unos gestores, ha explicado, tras dar varias vueltas a la frase, que este ha sido “un caso de gente socialista o miembros del PSOE que han estado en la Junta de Andalucía”. Entiende que la gente asocie el caso con los socialistas, pero recuerda que él ya no tiene carné, y lanza un mensaje a simpatizantes y votantes: “en ninguna línea dice que haya algún miembro del PSOE que se haya enriquecido, ni que se haya financiado el partido ilegalmente, que se se haya financiado una campaña electoral, en ninguna línea habla de una red clientelar del PSOE”.

Lo que sí hay de socialista, ha dicho con orgullo, es una política de fondo que intentaba ayudar a los trabajadores en empresas en crisis. ”¿Que nos hemos equivocado en muchas cosas? Seguramente”, concede.

Sobre si se ha sentido arropado, Chaves dice que la gente del partido ha defendido su honestidad y la del otro expresidente condenado, José Antonio Griñán, que ha tenido “miles” de apoyos de militantes y que ha sentido su “solidaridad”.