Casado el okupa

Imaginen esta escena que les voy a contar, naturalmente inventada, pero no suelten la carcajada porque aunque sea una caricatura y parezca un chiste es cosa muy seria. Tan seria que nos va la democracia en que usted comprenda la gravedad del mensaje. 

“Había una vez un político que circulaba a 200 por hora, y en dirección contraria, por una radial madrileña, de esas en que el PP tiró el dinero… Pues el individuo es interceptado con gran aparato de luces y sirenas por la Guardia Civil; pero antes de que le hagan la ITV de consumo de alcohol y drogas, el hombre les da el siguiente argumento: “Yo no me opongo a respetar las señales de tráfico, faltaría más, pero estas son antidemocráticas porque el Alemania en las ‘autobam’ se puede circular hasta los 200… Eso es Europa. Hagamos como en Europa. Adiós y buenas tardes”. 

Como es lógico, y ha ocurrido varias veces algo parecido, la Benemérita no pica y aplica la Ley vigente. “De momento, caballero – son muy educados hoy día los agentes, no como en el franquismo añorado por algunos idiotas- esto es lo que hay; cuando lo cambien ya se verá”. Todos los días en toda España se ponen miles de multas sin atender a explicaciones propias de anormales por el mero hecho de no respetar las señales de tráfico y el código de la circulación.

La Ley que hay que cumplir es la que rige en cada momento y lugar, la que existe, no la que hubo ni la que podía existir ‘ad calendas graecas’ que diría Tiberio en modo chistoso. El STOP que hay que respetar es el que está señalizado en la calle y no el que puede estar, o no, el año que viene si dios quiere; la norma urbanística es el vigente Plan General, y no el por venir.  

Muy al contrario sostiene el TS en varias sentencias que la reforma a posteriori de las normas no legaliza lo declarado ilegal, porque eso sería dejar vía libre a la planificación de la ilegalidad… 

Pues bien, ante el pertinaz obstruccionismo – como la pertinaz sequía, de lluvia y mental, en tiempos de la Dictadura- hacia la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como ordena la Constitución que no contempla la posibilidad de prórroga, porque el constituyente también era político y sabía que de la prórroga a la trampa solo hay un trecho, el presidente del PP arguye que él no pone palos en las ruedas. Que hasta estaría dispuesto a desbloquear la renovación del CGPJ si cambian las reglas del juego y los jueces eligen a los jueces, modificando lo que haya que modificar en la Ley Orgánica correspondiente. 

O sea, a 200 por hora y en dirección prohibida. Y lo más grave es que, como decía Michel de Montaigne, esta idiotez se dice con énfasis. Pablo Casado (con una parte de la herencia de Rajoy) lleva 1.000 días, más o menos, haciendo trampas. Al impedir la renovación, sean cuales sean sus argumentos, porque sus motivaciones son obvias, apropiarse  de una mayoría en cascada – los nombramientos en los tribunales inferiores- que ya no le corresponde, está sencillamente comportándose como los separatistas catalanes. Puigdemont y su tropa tampoco respetaron la Constitución porque, entendían, subliminalmente les concedía un ‘derecho a decidir’, que encima de una estupidez porque uno se pasa la vida decidiendo en una democracia, es inexistente para la finalidad soberanista, y tramposo, muy tramposo. 

Pero no son solo estos ‘golpistas blandos’  - de momento no se han levantando en armas; eso les está salvando los que trampean principios intocables de la CE78; también lo hacen los ‘okupas’ radicales tengan motivaciones ideológicas mal asimiladas – por ejemplo, los que dicen que Pablo Iglesias bis les predicó que la okupación era un instrumento democrático - o sencillamente los sinvergüenzas disfrazados que quieren robar en un entorno  social propicio y se burlan de la Ley de Leyes.

Las intenciones de Pablo Casado son las del PP de toda la vida reciente: protegerse con procedimientos espurios de la avalancha de instrucciones judiciales que les aseguran un paseo por los banquillos durante años. Un juez amigo -con la condición de que tenga muy poca vergüenza, ambición de trepar y mucho ‘pragmatismo’- es un tesoro. 

Debajo de las togas, las puñetas y los emblemas de ringorrango, hay hombres y mujeres normales, que a veces ni siquiera visten con el decoro que les seria propio por su alto cargo y deber de ejemplaridad. 

Sí, Casado emplea la técnica ‘okupa’, pero en la peor versión de los ‘asustaviejas’ tan frecuentes en el mundo inmobiliario. Porque, en el fondo, aquí también se trata de salvar los muebles.

Hay una curiosa circunstancia. Cuando gobierna el PSOE la oposición derechista suele dificultar las renovaciones forzosas; cuando gobierna el PP, no suele haber problemas. Qué extraño ¿no?

Dicho todo lo anterior, es raro que siendo el presidente del CGPJ también presidente del Tribunal Supremo, y estando por consiguiente este alto tribunal y los demás que están por debajo en ‘fuera de ordenación’ o de ordenanza, como se diría en urbanismo, solo se haya mostrado la inquietud de palabra. Ya en la apertura del Año Judicial en 2020 Carlos Lesmes, presidente de ambas instancias, se mostró retóricamente muy duro, en presencia del rey Felipe VI, con la situación creada. Pero desde una ambigua equidistancia. 

Hasta el pasado domingo por la noche, en que suelo escribir esta columna, se daba por seguro que en esta ocasión iba a ser igualmente duro y enérgico. Pero, si repasamos los antecedentes, lo será probablemente desde la equidistancia. 

Las equidistancias no suelen ser buenas, porque casi siempre se acude a ellas para evitar líos con el culpable, y al final lo que se consigue es engordar el conflicto y que cuando estalle el destrozo sea mayor. Bien están las palabras, mejor es algo que nada, ciertamente. Pero ya que el CGPJ y el TS etcétera son órganos concernidos, así como el Tribunal Constitucional, que tiene que ser un celoso vigilante de la Doctrina, alguna de estas instancias bien podría haber encargado un informe, una investigación, un algo, ante la constatación que es pública y notoria de un tremendo desacato masivo que pone en riesgo los cimientos de pilares básicos de la democracia española. 

Entre otros, y no es el de menor importancia, el de la apariencia de imparcialidad que se le exige a todos los jueces. Ver como muchos magistrados tenidos en alta estima como expertos juristas de reconocido prestigio permanecen agarrados a sus puestos sin buscar una salida decente al problema, es descorazonador. Como mínimo. En mi caso particular no estoy solamente descorazonado; estoy estupefacto y preocupado. La ley no está hecha para los demás, sino para todos. Muchos funcionarios públicos o meros ciudadanos han tenido  que cumplir, a veces con desagrado, el mandato de poner en conocimiento de la fiscalía o del juez de guardia la posible comisión de un delito. ¿Acaso esta persistente táctica de bloqueo no les huele mal?, ¿no se están ninguneando a la Constitución y a leyes orgánicas con argumentos de puro vacilón? 

En varias ocasiones Casado ha expuesto sus condiciones, ‘manda carallo’,  para cumplir la ley. La última es que no le ha gustado la opinión del ministro de Presidencia Félix Bolaños de que los jueces no tienen porqué ser los que elijan a los jueces. “En un Estado de derecho (…) ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos, a todos nos eligen los ciudadanos porque son poderes del Estado”. 

Y se podrá estar de acuerdo, en desacuerdo o agruparse en el no sabe/no contesta, pero lo que desde luego no se puede hacer, porque es indecente, autoritario  y temerario, es negarse a cumplir una obligación constitucional porque no se acepta la discrepancia ideológica, dialéctica o procedimental. 

La democracia consiste básicamente en la protección y organización de la discrepancia, siempre desde la lealtad constitucional. 

No creo que sea bueno para España la contemplación pasiva de la calculada y cínica estrategia del PP, en estos complejos y difíciles momentos en que se cruzan dos pandemias, la de la covid y la de la corrupción… con el despertar de la extrema derecha europea y nacional, y aquí encima franquista y de las JONS, para conseguir la inmunidad (o impunidad) de rebaño.

¡País!