Carta al jefe del Estado

Señor:

Cada Nochebuena el discurso del rey se repite desde los comienzos de la nueva etapa democrática, manteniendo la costumbre instaurada por la monarquía británica desde los años treinta del siglo pasado y modificando con ello la fecha tradicional del discurso del dictador para el nuevo año por el actual discurso en tiempo de Navidad.

No tiene la épica que presenta la película británica de Ton Hooper en un momento crítico a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco la empatía y calidez de un país mediterráneo. Sobre todo en unas fechas festivas, familiares y de buenos deseos para el nuevo año, edulcoradas hasta el empalago por el consumismo.

Inicialmente, el discurso del rey bien pudo sumar a la tradición, la juventud y la energía de una democracia recuperada después del largo tiempo oscuro y triste de dictadura.

Sin embargo, se consolidó el continuismo y casi lo protocolario. Los verdaderos discursos políticos de la jefatura del Estado se han hecho al margen del discurso institucional. Éste no tuvo nunca la intensidad dramática del 23-F, que, a pesar de sus luces y sombras, marcó un salto cualitativo en la legitimidad de ejercicio de la Corona. Tampoco el carácter trágico de los atentados de Atocha, o el hecho inédito de la renuncia al trono como contribución a la continuidad y el obtuso discurso destinado a Cataluña, que empezó a darnos alguna pista sobre una monarquía que se mostraba carente de la inteligencia política y sentido de servicio a la totalidad de la sociedad, lo cual no puede hacer sino dañar a la Jefatura del Estado. Por eso, desde entonces, lo más importante de lo ocurrido ha estado relacionado con los acontecimientos de la coyuntura política concreta y al margen del discurso oficial de la Nochebuena.

Porque el conocido como discurso de Navidad se ha convertido en un discurso lleno de tópicos, reiterativo y sin alma, del que no se esperan novedades formales ni de contenido. Más aún, a partir de la crisis financiera, la austeridad, el malestar, la indignación del 15-M y el agitado cambio en la política y la representación parlamentaria que contrastan con su carácter envarado y previsible.

Ya en los últimos años del reinado de su padre, don Juan Carlos I, ha estado impregnado de alusiones indirectas a la justicia y de moralina -incluso cuando ya se era conocedor de los delitos que se cometían desde el seno de la familia real-, entendida ésta como una honestidad y una justicia que, lejos de ser para todos, resultó ser sobre todo para los demás. Una imagen, tanto familiar y como de responsabilidad institucional cada vez más alejada de la realidad, y que para nada se compadecía con los inquietantes detalles que se iban escapando del, hasta ese momento, espeso manto de silencio.

En respuesta a un discurso institucional tan previsible, los partidos han marcado tradicionalmente una posición a priori en relación a la Corona y la monarquía. Entre los monárquicos para reiterar su adhesión inquebrantable y entre los republicanos para destacar sus diferencias con las carencias en el contenido social, de género o autonómico del mismo, aún a sabiendas incluso de que ha sido supervisado y matizado hasta en sus detalles por el Gobierno de turno.

Con su reinado, está tónica no ha cambiado. Salvo un primer intento de vincularlo a la legitimidad de origen de la familia real, con su grabación en el Palacio Real, y quizá con una retórica más actual y directa, ni siquiera se atisba una impronta novedosa en un formato ya clásico de discurso monocorde y enlatado para la televisión.

Sin embargo, en esta ocasión, coincidirá conmigo y con buena parte de la opinión pública en que no se trata de un discurso más. Es cierto que tampoco lo fue el anterior, después de haber fijado la mencionada posición sin matices sobre el referéndum secesionista del uno de octubre, de torpe efecto no sólo entre los sectores independentistas y nacionalistas, sino en todos los creen que la Jefatura del Estado ha de representar una función de integración y no ejercer la imprudencia. Una vez más los discursos políticos del rey como jefe del Estado son ante todo los relacionados con la coyuntura política. Es ahí donde un jefe del Estado foguea su legitimidad de ejercicio, y no tanto en el tradicional discurso de Navidad.

Lo habitual sería un discurso de empatía con las consecuencias sanitarias, humanas y socioeconómicas de la pandemia, de ánimo a los españoles para superarlas, y al tiempo de igualdad de todos ante la ley, así como un llamamiento al diálogo político y la revitalización del contrato social como bases de la convivencia frente a la dinámica de la desestabilización y la crispación políticas.

En todo caso, este discurso de la Nochebuena de 2020 es diferente y muy importante, sobre todo para usted, aunque es verdad que no determinante, ya que la institución no se revalida con discursos anuales, sino con hechos, al igual que es en la realidad donde se ha visto degradada. Pero resulta relevante precisamente en este momento en que la legitimidad de ejercicio de su predecesor, don Juan Carlos, se está viendo sometida a una verdadera demolición descontrolada por la más que presunta utilización de su cargo para el enriquecimiento personal. También ante el actual intento de la extrema derecha de capitalizar la figura del rey Felipe VI.

Ni la historia de la Transición de la dictadura a la democracia ni la de sus actores colectivos e individuales se puede borrar como consecuencia de unas actividades irregulares y presuntamente delictivas del anterior jefe del Estado, por muy reprochables que éstas sean. El principal aval son el diálogo político y los resultados conquistados en derechos y libertades. Lo que se degrada es la legitimidad de ejercicio y la imagen del reinado de Juan Carlos I, que en consecuencia también afecta (de nuevo) al ejercicio de usted como actual jefe del Estado.

Por eso, está obligado a ejercer sin dejación alguna las funciones de la Jefatura del Estado de la que es titular. No puede haber silencios, que son también inquietantes, ante comportamientos no precisamente ejemplares, ni visitas al notario. Usted tiene que ejercer las funciones de su cargo con todas las consecuencias para su predecesor, tal y como es normal en todas las jefaturas de estado de nuestro entorno democrático. Si la forma familiar monárquica es un impedimento para ejercer en plenitud las funciones de la primera magistratura del Estado democrático relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas, entonces es oportuno abrir otro tipo de reflexión sobre la viabilidad histórica de la forma monárquica. Por tanto, en este discurso hay una obligación moral pero sobre todo política de hacer mención a quien le ha precedido en la jefatura del Estado y al frente de la casa real, pero sobre todo para distanciarse de lo que hoy escandaliza a la ciudadanía con su reciente salida del país hacia Abu Dabi y el reconocimiento sobrevenido de su deuda con la Hacienda pública.

No es suficiente para el jefe del Estado, aunque lo sea para el rey, el haber adoptado medidas para desvincularse de un patrimonio oscuro renunciando a la herencia de su padre, así como para separarlo de la casa real, suspendiendo la asignación que le correspondía como rey emérito, y con una más que desafortunada salida pactada del palacio de la Zarzuela. Un jefe de estado democrático tiene que liderar la exigencia de responsabilidades, el requerimiento de total publicidad y la puesta en marcha de los mecanismos necesarios para que no se vuelva a repetir. No es aceptable que sólo se reaccione débilmente ante todos los turbios asuntos fiscales que va desgranando la investigación y denuncia periodística, seguidas por actuaciones de la Agencia Tributaria y de la fiscalía, sin que inexplicablemente tampoco se hayan abierto aún diligencias formales.

Más que pedir perdón, cosa que en su momento en boca de don Juan Carlos parece no haber servido de gran cosa, usted debe desmarcarse no solo de los beneficios, sino también de los beneficiarios en la casa real de las donaciones periódicas del empresario mexicano Allen Sanginés-Krausse. En consecuencia, el título de emérito y el aforamiento consiguiente que era en principio una figura improcedente, hoy con una larga serie ya de actos reprobables, se ha convertido en algo totalmente contraproducente.

Usted está obligado por la naturaleza del cargo que quiere ejercer a adoptar medidas más contundentes en las áreas de su responsabilidad en la casa real, concretamente en materias esenciales como la transparencia, el control del patrimonio de los miembros de la casa real, las incompatibilidades y, sobre todo, en la igualdad ante la justicia, con la acotación de la inviolabilidad a lo derivado estrictamente de las atribuciones del cargo de refrendo de los actos del Gobierno, para diferenciarla de cualquier modelo de impunidad. En este sentido, cada día que pasa es más necesario un Estatuto del jefe del Estado que incluya su patrimonio, intereses e incompatibilidades.

Sin duda, en este discurso se juega usted la confianza de la España democrática, que es la inmensa mayoría. Es necesaria la desautorización contundente de cualquier manipulación de su figura a la que se dirigen como jefe de las Fuerzas Armadas con la pretensión desquiciada de dar cobertura, siquiera simbólica, a sus proclamas golpistas. Si la Jefatura del Estado permanece silente no estará representando a la mayoría de una sociedad harta de exabruptos políticos, y eso debilitará no sólo a la monarquía sino a la Jefatura del Estado y al sistema democrático.

Precisamente, en el momento que la extrema derecha pretende patrimonializar al actual jefe del Estado como parte de una monarquía, una justicia y unas Fuerzas Armadas propias del absolutismo. Aunque también aquí, además de la desautorización en su próximo discurso, urgen medidas y gestos claros, en este caso por parte del Gobierno.

En una monarquía parlamentaria, se trata esencialmente de legitimidad de ejercicio. El monarca ocupa la Jefatura del Estado que es distinta a su persona, a su familia y a su linaje porque teóricamente pertenece a toda la sociedad. En sus palabras y en sus manos está que la monarquía sea percibida como instrumento válido para desempeñar la dirección de un Estado sometido al imperio de la ley.

Un republicano.