Cada semana asesinan a 4 ecologistas solo por nuestros caprichos

El precio de las compras no es solo el que pagamos en caja. También se paga con los violentos asesinatos de activistas medioambientales, que alcanzaron niveles históricos el año pasado.

Paramilitares, tropas del gobierno, mafiosos a sueldo y contrabandistas mataron en 2017 a 207 personas que intentaban proteger el medio ambiente de la expansión de negocios como ranchos de ganado y plantaciones de caña de azúcar, según un nuevo informe de la ONG internacional Global Witness. Eso supone aproximadamente cuatro activistas medioambientales asesinados cada semana del año.

Por primera vez, la agroindustria de productos básicos como la ternera, el aceite de palma y el café superó a la industria minera y de recursos naturales como el sector más mortífero para los indígenas que trabajan voluntaria o profesionalmente para proteger los derechos medioambientales y de la tierra.

14 disparos por una reivindicación justa

El padre de Ramón Bedoya, Hernán, fue una de esas 207 víctimas. Los paramilitares colombianos le asestaron 14 disparos después de protestar contra la plantación de palma y banano en las tierras de su comunidad, según informa Global Witness.

Bedoya explica a la edición estadounidense del HuffPost que a su padre "lo estaban amenazado constantemente con que iban a matarlo, que iban a sacarlo de la tierra porque era un líder [...]. Luego lo asesinaron".

Las autoridades colombianas conocían las amenazas, narradas en el galardonado documental Frontera Invisible, pero esto no protegió a Hernán.

Ahora, según atestigua su hijo, su comunidad y otras similares necesitan apoyo para evitar más asesinatos. "No queremos ver más derramamiento de sangre", comenta.

Latinoamérica es, de lejos, el lugar más peligroso del mundo para ser un defensor del medio ambiente. Casi el 60% de los asesinatos ambientales registrados en 2017 tuvieron lugar en esta región.

Los bosques tropicales de México, por ejemplo, han sido devastados por todo tipo de industrias, desde la ganadería ilegal hasta el cultivo de aguacate. En enero de 2017, Isidro Baldenegro López, un destacado activista indígena que ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman por su trabajo en la protección de los bosques de la Sierra Tarahumara, en el norte de México, fue asesinado a tiros.

Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, una organización que lleva 20 años defendiendo los derechos indígenas en la Sierra Tarahumara, asegura que ha recibido varias amenazas de muerte. Ahora viaja con una escolta policial, pero no se siente completamente segura, sobre todo porque el botón de pánico y los teléfonos satélite que le proporcionó el gobierno no funcionan en áreas remotas.

González explica al HuffPost que los asesinatos "generaron mucho estrés y largos, largos días de trabajo, porque tienes que estar constantemente alerta por lo que podría pasar después", además de que había afectado a su salud.

En referencia a la reciente victoria del presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, añade: "Precisamente porque estamos a punto de lograr un cambio de gobierno, es fundamental que las embajadas demuestren que se preocupan por la crisis de los derechos humanos: las desapariciones, las torturas y los riesgos a los que se enfrentan los defensores de la tierra".

En Europa, los esfuerzos para detener la deforestación y las violaciones de los derechos humanos están siendo refrenados por leyes mal implementadas que restringen las importaciones ilegales de madera y por las concesiones que han hecho las autoridades europeas al Sudeste Asiático en cuanto a la producción de aceite de palma para proteger los intereses comerciales.

En mayo, un estudio preliminar de la Comisión Europea advirtió que la votación del Parlamento Europeo para prohibir el aceite de palma en 2020 había "desencadenado fuertes reacciones" de naciones productoras de palma, como Indonesia, y estaba "planteando interrogantes sobre posibles consecuencias en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio".

Un mes después, la misma Unión Europea acordó retrasar una década la eliminación gradual del aceite de palma para combustible. El mes pasado, el embajador de Malasia declaró que Europa todavía estaba "abierta al aceite de palma".

La declaración fue "impactante teniendo en cuenta que tantos bosques están desapareciendo precisamente debido a la industria del aceite de palma", afirma Sebastián Ordoñez Muñoz, de la organización benéfica contra la pobreza War on Want. "Otra década de deforestación tendrá efectos sin precedentes sobre el calentamiento global y consecuencias violentas en las comunidades indígenas".

La regulación puede y debe desempeñar un papel en la suspensión de los delitos ambientales, según dice el nuevo informe de Global Witness. Los consumidores también pueden contribuir denunciando a las empresas y los gobiernos en las redes sociales, en cartas a los políticos y en campañas solidarias.

"Los consumidores que estén preocupados pueden llamar al diputado que les corresponda y preguntar qué está haciendo el gobierno para regular las empresas en el extranjero", señala Ben Leather, un importante defensor de Global Witness y autor del informe. "Pueden preguntar a las empresas cómo pueden garantizar que no haya abusos de los derechos humanos a lo largo de sus cadenas de suministro. Pueden exigir que su consumo no alimente la matanza de los activistas por la tierra y los derechos medioambientales".

En medio del torbellino de novedades preocupantes del último informe, Leather apunta que las activistas medioambientales —mujeres— sufren ahora "amenazas concretas e intensificadas" de violencia sexual, abuso y acoso, a veces desde dentro de su comunidad.

También recuerda que hubo más asesinatos múltiples en 2017, quizás porque los asesinos se sintieron alentados para matar abierta e impunemente.

"No sienten que haya consecuencias, así que no temen llevar a cabo atrocidades en masa para sembrar el terror en comunidades enteras", asegura Leather.

El informe de Global Witness registra varias masacres en países como Brasil y Filipinas. En este último país, los militares mataron al menos a ocho indígenas en diciembre cuando trataban de proteger sus tierras de una plantación de café.

Brasil sigue siendo el país más mortífero para los activistas medioambientales, con 57 asesinatos el año pasado, el dato más alto jamás registrado por ningún país. 22 miembros de una tribu, los Gamela, fueron atacados en un proceso de expropiación de tierras. A algunos les cortaron las manos.

Uno de los pocos datos positivos del informe es la disminución en el número de asesinatos de activistas medioambientales en Honduras, de 14 en 2016 a 5 el año pasado. Sin embargo, la represión política se ha intensificado y la nación centroamericana conserva la peor media de asesinatos, con 128 activistas medioambientales asesinados esta década.

"Hemos llegado a un punto crítico en el que la comunidad empresarial ha demostrado lo que está dispuesta a hacer para garantizar sus inversiones en Latinoamérica, pero el pueblo ha dicho que defender su tierra es defender su subsistencia", proclama Bertha Zúñiga Cáceres, hija de la difunta activista Berta Cáceres, que fue asesinada en Honduras en 2016 e hizo aumentar en gran medida la atención mundial hacia los activistas medioambientales y los peligros a los que se enfrentan.

En respuesta al informe de Global Witness, el escritor y activista medioambiental George Monbiot asegura: "Los defensores del medioambiente están en la primera línea de una batalla generacional contra el cambio climático".

"Nunca podremos tomarnos en serio la construcción de un planeta más ecológico, más limpio y más sostenible si no logramos denunciar a los gobiernos y a las grandes empresas cuando trabajen codo con codo para tomar por la fuerza, destruir, perforar y cultivar tierras que no solo son necesarias para la extracción del carbón, sino que también son el hábitat de especies de plantas y fauna poco frecuentes".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EE UU.