El padre de un adolescente víctima de un tiroteo interrumpe a Biden y le pide que "haga más" contra las armas
Manuel Oliver perdió a su hijo Joaquín en la masacre en el colegio de Parkland (Florida) de 2018.
El padre de una de las víctimas del tiroteo en el colegio de Parkland (Florida) de 2018 interrumpió este lunes al presidente de EEUU, Joe Biden, durante un acto en la Casa Blanca para firmar una ley sobre control de armas pactada entre demócratas y republicanos.
Manuel Oliver, padre de Joaquín Oliver, se levantó entre el público para reprochar al mandatario que la iniciativa es insuficiente para acabar con la violencia relacionada con las armas.
“Siéntese. Escuche lo que tengo que decir. Deje que acabe mi discurso”, respondió el mandatario desde el atril, pero ante la insistencia de Oliver los servicios de seguridad lo acabaron expulsando del acto.
Biden defendió que la nueva ley, fruto de un acuerdo de mínimos entre demócratas y republicanos, “supone un progreso real” y “salvará vidas”, pero admitió que “todavía queda mucho por hacer”.
En ese sentido, el presidente hizo un llamamiento a prohibir la venta a civiles de los rifles de asalto, usados habitualmente en los tiroteos masivos, y prometió “no parar” hasta lograrlo.
Posteriormente, en una rueda de prensa frente a la Casa Blanca junto a otros familiares de víctimas de tiroteos, Oliver dijo que Biden, por quien votó en 2020, “puede hacer más” contra las armas.
″¿Qué otra opción tenía? ¿Qué se supone que tenía que hacer yo aquí (en el evento)? ¿Escuchar un paquete de medidas que no soluciona el problema?”, expresó sobre su interrupción al presidente.
El tiroteo del 24 de mayo en el colegio de Uvalde (Texas), en el que murieron 19 niños y 2 profesoras, reabrió el debate de la posesión de armas en el país, donde los demócratas apuestan por un mayor control en su comercialización, algo a lo que se oponen los republicanos.
Ambos partidos aprobaron en junio en el Congreso una nueva ley de control de armas que no tiene un gran impacto pero que es considerada la mayor iniciativa de este tipo en tres décadas.
La ley incluye una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y extiende a todo el país las llamadas leyes de “alerta de peligro”, que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.
