Belarra habla así de Monasterio y provoca que Espinosa de los Monteros regrese para responder

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha provocado la inmediata reacción de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, con las palabras que ha pronunciado en el Congreso sobre Rocío Monasterio.

“El matrimonio Espinosa de los Monteros-Monasterio es bien conocido por sus turbios negocios inmobiliarios. Además de que la señora Monasterio firmaba obras sin ser todavía arquitecta, han dejado parte de las obras de sus casas sin pagar y han vendido naves industriales como si fueran viviendas como lofts de lujo”, ha dicho la líder de Podemos.

“Igual así se entienden un poquito mejor las propuestas de Vox de dividir los pisos para los jóvenes o también su defensa de los pisos-colmena”, ha proseguido antes de criticar que “ellos pueden ser multipropietarios mientras los jóvenes de nuestro país tienen que vivir en zulos”.

Por ello, Belarra ha asegurado que es consciente de que tanto Vox como el PP se van a oponer a la ley de vivienda porque “va a tratar de poner fin a la especulación inmobiliaria” y “garantizar el derecho a la vivienda”.

Tras esas palabras, Espinosa de los Monteros, que no estaba en su escaño, ha vuelto a entrar y a pedir la palabra para defenderse y defender a Monasterio, su compañera de partido y pareja.

“Recordar a la ministra que la persona a la que hace alusión, que es Rocío Monasterio, licenciada en Arquitectura, una de las mejores de su generación, fue falsamente acusada de cosas por las que hemos llevado a juicio a aquellos que levantaron esa acusación, que la Justicia nos ha dado la razón y que, por tanto, lo que está diciendo son meras calumnias”, ha asegurado.

Todo hace referencia de Monasterio, que en 2003 firmó planos y certificaciones de obra como arquitecta pese a que para ello es necesario tener una titulación y un visado colegial, algo que ella no tendría hasta seis años después.

La Fiscalía se querelló contra ella, acusándose de falsedad en documento público, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió archivar el caso alegando que la falsificación era “tan burda y perceptible a simple vista sin necesidad de pericia que resulta incapaz de inducir a error alguno sobre la autenticidad”.

La Fiscalía de Madrid presentó en mayo la citada querella tras investigar una denuncia presentada por Más Madrid en la que aseguraba que la diputada de Vox tramitó en 2011 y 2016 licencias con un visado del Colegio de Aparejadores falsificado, pues era de 2005 y correspondía al proyecto de la reforma de un loft propiedad del presentador valenciano Arturo Valls visado por otra persona.

El Ministerio Público sostiene que Rocío Monasterio incluyó en dos ocasiones una fotocopia de un visado de 2005 “con la intención de darle a los planos la apariencia de estar debidamente visados, una utilización fraudulenta”.

En agosto, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, encabezada por el presidente del Alto Tribunal, Celso Rodríguez, dio por corroborados los hechos que relataba la Fiscalía pero no la calificación jurídica que el Ministerio Público entiende que conllevan.

Los magistrados relatan que el expediente de 2016 no contiene la pegatina del Colegio de Aparejadores, que es de color y con un tacto característico, sino que en hasta 21 ocasiones se inserta en su lugar una fotocopia que supone una diferencia “grosera”.

Subraya que “en la falsedades materiales entra en juego como requisito nuclear de la mutación documental delictiva el elemento de la suficiencia: que esa alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente, en suma que sea capaz de inducir a error”, y que tiene que existir una alteración de la verdad que afecte a elementos esenciales del documento.

Y concluye que en este caso está “alejado” de ese delito, ya que se trata de “una reproducción gráfica del visado original, de manifiesto desfase cronológico y además tan burda y perceptible a simple vista sin necesidad de pericia que resulta incapaz de inducir a error alguno sobre la autenticidad, a ninguna persona en general y muchos menos a ningún técnico del departamento urbanístico que hubiese de validarla en particular”.