Ayuso y Almeida se rebelan contra la futura ley de vivienda
Casado anuncia que la llevará al Constitucional y el ministro Bolaños advierte que si las CCAA y Ayuntamientos no la aplican perjudicarán tanto a inquilinos como a propietarios.
Si el Gobierno anunciaba este martes el acuerdo en el seno de la coalición para la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PEG), de la mano del pacto para la futura Ley de Vivienda Estatal, las reacciones desde Madrid no se han hecho de esperar. Tanto la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, como el regidor, José Luis Martínez-Almeida, han declarado su oposición frontal a una norma destinada a regular el precio de alquiler en zonas tensionadas o estrechar el cerco en las viviendas vacías.
Ambos encabezan la principal rebelión a la ley, a pesar de que Madrid es una de las regiones que más acusa el problema del acceso a una vivienda digna. La oposición no es una simple postura de rechazo, puesto que para que varias de las medidas de la futura norma causen efecto deben ser aplicadas por las Comunidades Autónomas y desde los Ayuntamientos. Lo que han adelantado desde sendos Ejecutivos populares es que incluso están dispuestos articularán medidas y fórmulas para blindar a los propietarios y las rebajas del IBI.
El recurso del PP en el TC y la aplicación de la ley
El siguiente movimiento del PP lo ha protagonizado este miércoles el líder del partido, un Pablo Casado que ha anunciado que llevará la ley al Tribunal Constitucional, puesto que se trata de un “intervencionismo”, a su juicio, “suicida”. Lo ha hecho en declaraciones en una entrevista en la cadena Telecinco.
De forma paralela, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado en TVE que si hay comunidades y entidades locales que no aplican la Ley de Vivienda Estatal acabarán “perjudicando a todos”, tanto a los propietarios como a los inquilinos.
“Espero que todas las CCAA también las del PP estén en el favor de defender el interés general”, ha abogado Bolaños, poniendo el foco en dos medidas de la ley. A nivel regional, la petición de declaración de zonas de mercado tensionado que permite regular el alto precio de alquileres y, a nivel municipal, el recargo del IBI de las viviendas vacías.
La posición del Partido Popular era la esperable en la línea de política de rebaja fiscal que lleva a cabo en el territorio madrileño. Almeida ha cargado con contundencia contra la Ley de Vivienda Estatal, a la que ha calificado de “un ataque a la propiedad privada con pocos precedentes”, al tiempo que ha profetizado que “será inútil porque no va a ayudar a solventar un problema que existe”.
De esta forma, el regidor de la capital de España ha adelantado que no aplicará el recargo del IBI a las viviendas vacías, recordando que han rebajado este tributo en 112 millones de euros, una medida que continuará el próximo año.
Desde la Comunidad de Madrid
Por parte del Gobierno regional de Ayuso se ha pronunciado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín. Esta ha asegurado que defenderán a los propietarios y les “blindará” frente al proyecto de ley. “Lo que hemos conocido nos parece de una enorme gravedad porque cercena la libertad de los ciudadanos. No se puede poner en riesgo a quienes han ahorrado toda su vida”, ha señalado.
Martín ha insistido en que perjudican a muchos ciudadanos, ayuntamientos y promotores de vivienda, “que saldrán del país”. “Es una medida intervencionista, que no puede tener cabida en una democracia liberal y avanzada”, ha apostillado.
