Así sería la política española si Twitter sigue "protegiendo" la libertad de expresión

El lunes se presenta tranquilo para Luis Sanz. Este oficinista se prepara para ir al trabajo... a la habitación de enfrente. La pandemia de 2020 borró atascos y prisas por salir casa. En 2023, el tiempo que antes perdía en el coche, ahora lo dedica a Twitter.

La red social es más entretenida gracias a Birdwatch, una herramienta para que cualquier usuario advierta de que un tuit es mentira con el objetivo de frenar la expansión de los bulos. Luis Sanz la usa mucho. Este ciudadano, informado y comprometido con la libertad de expresión, tiene tiempo, en lo que saltan las tostadas, de denunciar como desinformación 25 tuits de partidos, líderes políticos y medios que no coinciden con su forma de ver el mundo.

El problema es que cerca de él, su vecino, Carlos Alonso, hace lo mismo. Y no. No piensan igual. Esta es la realidad (ficticia) de la política en el altavoz ‘imposible’ de Twitter. Los mensajes de los partidos y los artículos más sesudos llegan a todos, pero lejos de quedarse flotando en la red a la espera de que alguien decida o no compartirlos, ahora hay un ejército de ciudadanos activados contra sus adversarios ideológicos.

Birdwatch es la apuesta de la red social para mejorar la conversación pública. “Las personas vienen a Twitter para mantenerse informadas y quieren información creíble que les ayude. Aplicamos etiquetas y agregamos contexto a los tuits. No queremos limitarnos a los mensajes que infringen nuestras reglas”, explica Keith Coleman, vicepresidente de Producto de Twitter, en el blog de la compañía.

Twitter va más allá de sus reglas e involucra a todos los usuarios. “Creemos que un enfoque impulsado por la comunidad puede ayudar a abordar la información engañosa”, ahonda Coleman. El objetivo es que alguien denuncie un tuit no solo por incumplir las normas de Twitter —fomentar el terrorismo o participar en una campaña de acoso, por ejemplo—, sino también por difundir bulos.

Y ahí es donde empiezan los problemas: “Relacionarlo con la política es clave, ya que es en esa esfera donde han surgido estas polémicas y donde ha quedado constituido el concepto ‘fake news’. Creo que falta una pedagogía brutal y, sobre todo, hablar claro. ¿Quién identifica que algo es falso?”, se pregunta Oriol Simó, experto en Comunicación y community manager de Cs en Cataluña.

Gustavo Entrala, uno de los mayores expertos en comunicación digital en España y creador de la cuenta de Twitter del Papa (@Pontifex), ve escaso recorrido al plan de la red social. “Es un intento de resolver el problema que tiene Twitter de credibilidad y de las acusaciones que le hacen de promover con su algoritmo grandes mentiras. Han pasado por una primera fase en la que los moderadores de la compañía han ido etiquetando tuits de dudosa verosimilitud. Pero la reacción de la gente ha sido negativa y ahora están con un sistema de verificación masiva. Lo que ocurre es que ya la forma que tiene la red social es en sí polémica; un campo de batalla en la que hay bots peleándose con otros y personas peleándose con otras. Y es difícil rescatar a Twitter de lo que es”, analiza.

¿Y cuáles son las consecuencias en el debate político? Entrala va al grano: “Introducir un sistema en el cual quienes ya participan en Twitter con un punto de vista político muy concreto van a hacer propaganda... Si a esos propagandistas se les da la capacidad de verificar noticias, pues no se va a solucionar nada y lo que se va a generar es una nueva burbuja de polémica”.

“Lo que va a suponer esta herramienta es eso: que los equipos trolls, a lo que se dediquen, sea a chequear las ideas políticas contrarias. Y eso, al fin y al cabo, no es chequear nada. Un chequeo rápido de un tuit sobre política o sobre un gran tema en un medio no puede ser correcto, porque canalizar algo tan complejo como es la política... Al final, una herramienta de clasificación de contenidos como verdades o falsedades me parece excesiva porque la mayoría de la gente no tiene esa capacidad. No la tiene porque la gente no es juez o periodista”, zanja Simó, de Cs.

Tras esa herramienta, Gustavo Entrala ya barrunta una ola de cierre de cuentas por la que algunos partidos ya señalan a la multinacional con el dedo, como si se tratara de la nueva Inquisición. El caso de Vox en España es el más notorio. Su último cierre, de hace apenas una semana, estuvo precedido de un tuit en el que vinculó inmigración y delincuencia sin aportar fuente ninguna a los datos, algo que Twitter vio como “incitación al odio”.

“Las redes están sobreactuando con la eliminación de determinadas cuentas y contenidos. Y el problema es que no son transparentes respecto a los criterios que están siguiendo para hacerlo. Lo deseable es que hubiera reglas de uso que todos entendiéramos, porque si son arbitrarias, al final no sabes a qué atenerte y podría estar justificado que la gente dijera que hay censura”, razona Entrala.

Lo cierto es que Twitter puede suspender cualquier cuenta. Poco importa el color político y el cargo. La compañía estadounidense se ha erigido en una red tan potente que los tuits son ya la principal vía de interacción entre ciudadanos y representantes e instituciones. Los problemas vienen cuando los partidos y los propios políticos se quedan sin él, como le ha pasado a Trump en Estados Unidos y a Vox en España.

Hay expertos que creen que la empresa carece de legitimidad democrática para apagar la libertad de expresión, aunque sea en su dominio. Si un usuario quiere tener una cuenta en Twitter debe aceptar las condiciones de uso de la compañía, que se reserva el derecho de suspenderla en caso de que esta incumpla las reglas.

Twitter dice que su propósito es “estar al servicio de la conversación pública” y que, por eso, ni “la violencia, ni el acoso ni otros tipos de comportamiento” tienen cabida en la red: “No incentivan a las personas a expresarse y disminuyen el valor de la conversación pública”, zanja la red social. Pero ese objetivo bienintencionado choca, en principio, con otros derechos.

“Las redes se han convertido, por muy empresas privadas que sean, en un canal de comunicación en nuestra vida tan habitual como hablar por la calle. Entonces, estos cierres de cuentas suponen una censura por parte de una entidad privada. Y esto tiene tanto eco en la vida pública que, desde luego, es una forma de sesgar la opinión de los que ya intervienen en las redes y de dirigir la opinión de los ciudadanos. El único límite a la libertad de expresión debe ser el hecho de que se incurra o no en algún delito. Ya sea en las redes sociales o en la vida diaria”, arguye la juez decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco.

Ejemplos de ‘censura’ no faltan. Twitter cerró hace poco la cuenta de Vox. Pero también hace unas semanas la del sacerdote Juan Manuel Góngora, un párroco almeriense con más de 25.000 feligreses que publicó: “Cuando seas padre, comerás huevos” y que la red social entendió que incumplía sus normas internas, que prohíben el abuso y el acoso.

Del mismo modo censuró a Jaime de Berenguer, un diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, por utilizar el término ‘machirulo’. Y hace un año, la cuenta de la ultraderecha también fue suspendida por otra supuesta “incitación al odio”. El debate sobre el papel de medios y redes en la articulación de la opinión pública se alimenta de estos casos que suelen generar, además, agrias controversias. 

Las comparaciones entre Twitter y medios están a la orden del día entre quienes defienden la libertad de la compañía para cerrar cuentas. “Lo de Twitter es más excesivo que los medios porque sesga a través del algoritmo. Hay gente a la que hace semanas que no consigues ver en redes porque no te salta nada suyo. Te saltan cosas de personas a las que ni sigues… Es que, al final, te dirigen hacia lo que ellos quieren que veas y, casi, lo que quieren que opines”, razona la juez Del Barco.

En cualquier caso, aunque Twitter puede apagar cualquier cuenta, el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (Fape), Nemesio Rodríguez, recuerda que aunque estas empresas pueden tomar decisiones libremente, están sujetas a las leyes de los países en los que hacen sus negocios. En España, es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, de 2002, la que obliga a borrar contenidos que sean claramente ilegales.

Rodríguez también insiste en que el patrón para eliminar contenido debe ser que sea “claramente ilegal”, no el que decida Twitter. Es más, este periodista recuerda que en España, como en todo Estado de derecho, son los jueces los encargados de juzgar las vulneraciones de las leyes.

“La legitimidad que tiene un juez no la tiene una empresa privada. De la empresa privada nunca sabemos sus verdaderos intereses. Está claro que tiene un interés económico detrás”, explica la juez Del Barco, quien también prefiere que sea un colega quien cierre la boca digital de partidos y políticos en general. 

Cerrar cuentas no es democrático

La clave del asunto radica en lo democrático del asunto. “Con independencia del uso que esté haciendo el político como usuario y cargo de representación de los servicios de Twitter, no parece democrático que una empresa tenga esa capacidad de cerrar cuentas. En redes, como en todo, los límites a la libertad de expresión los tienen que poner los jueces en base al ordenamiento jurídico”, explica Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia. “El orden constitucional consagra la libertad de expresión como bien jurídico superior. Y es peligrosa la discrecionalidad atribuida a poderes privados sobre un bien jurídico de tanta importancia”, zanja.

Nemesio Rodríguez, de la Fape, lo comparte: “Dejar en manos de una empresa privada la decisión de lo que se puede publicar o no es un peligro enorme para las libertades. No son jueces. Por otra parte, censurar el discurso de un presidente es un error. Puede producir el efecto contrario: dar argumentos a sus seguidores para que sospechen de que lo censuran porque está diciendo algo que no se quiere que se sepa. Lo apropiado es dejarle hablar pero luego desmontar sus mentiras con datos y argumento fiables. Aún así, es posible que sus seguidores más radicales sigan desconfiando”.

La propia Unión Europea ya ha avisado del peligro de que una empresa como Twitter se arrogue la autoridad de decidir unilateralmente cuáles son los límites de la libertad de expresión. Incluso el propio fundador de la red social, Jack Dorsey, admitió que el veto al ya expresidente de Estados Unidos sentó “un peligroso precedente”.

Gustavo Entrala, el experto en redes, señala a la multinacional el camino que debería seguir para mejorar de verdad la conversación pública: “Deben ir por otra línea. No debe ser fácil, porque si ellos, que tienen una empresa, no dan con la tecla... Pero veo modelos, como el de la Wikipedia, donde al final se ha conseguido generar un instrumento que aporta valor y que cuenta con el criterio de una jerarquía de editores. Y las disputas, que las hay pero no se ven, se manejan con orden. Me parece que el camino es ese: el de moderadores que son autoridad en su campo”. El problema es que en la edad digital, la autoridad se ha diluido. ¿Quién hace caso al médico teniendo Internet en el bolsillo?