Apología del estupor
Hace demasiado tiempo que las palabras, las intenciones, los titulares y las condolencias no sirven cuando de luchar contra la violencia machista se trata. Ni antes ni ahora ni, mucho menos, en un futuro que arrastra la terrible cifra de más de 900 mujeres asesinadas en los últimos quince años. El pasado 25 de noviembre, con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia de Género, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmaba un artículo bajo el título 'Una tarea de todos'.
Un deseo que, cuando proviene de alguien que ocupa la más alta responsabilidad ejecutiva, no basta si no va acompañado de más recursos económicos para ello, en vez de los recortes decretados por su Gabinete, y de acciones políticas tan contundentes como exige esta lacra social. De no ser así, y no lo ha sido ni lo es, esa 'tarea de todos' (y de todas, por cierto) se rebaja a la categoría de estéril obviedad. Claro que es una labor de la sociedad en su conjunto, pero cada cual debe asumir su responsabilidad. También el poder judicial.
En ese ámbito resulta desolador conocer la imputación de la directora de Igualdad del Consell Insular de Mallorca, Nina Parrón, por denunciar apología del machismo en una carta al director publicada en un diario local. Su contenido es tan miserable como para darle escasa publicidad, pero baste señalar que el autor vuelve a retomar esa indignidad intolerable de calificar de "crimen pasional" un execrable asesinato machista. Al parecer que un hombre rocíe de gasolina a una mujer y le prenda fuego delante del hijo en común de dos años apenas alcanza como argumento para un folletín.
Esa y otras barbaridades han sido el motivo de una denuncia tan ajustada a los hechos como para que el estupor sea la reacción más inmediata al saber que el precio para la denunciante ha sido una fianza de 30.000 euros y la apertura de un juicio por la vía penal. La Fiscalía ni ve vejación a la víctima ni tampoco cree que se la degrade. Lo que sí ha creído el juzgado, a tenor de su fallo, es que la denuncia de la directora de Igualdad ha generado animadversión hacia el perpetrador del escrito. "Déjeme decirle, respondía en un comunicado la hermana de la víctima, que no; la animadversión a la que se refiere la creó usted mismo al escribir en un medio de comunicación al alcance de toda la sociedad mallorquina cosas como 'su obsesión por la persona amada lo ha obnubilado hasta tal punto que no ha podido aceptar la decisión de su pareja y, hundido afectivamente, la agredió. Estamos ante un crimen pasional'. Su 'libertad de expresión' me ofende, a mí y a todas las víctimas y familiares de víctimas de individuos machistas. Sí, machistas y cobardes".
Una ofensa colectiva que, además de abrir el debate sobre qué aporta dar cobertura mediática a estos discursos, transgrede límites recogidos en textos legales como bien han recordado asociaciones feministas de Baleares. Por ejemplo la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género. Desde hace años la violencia de género ha dejado de ser un asunto acotado a la familia o a la intimidad en el que nadie se puede meter. O el artículo 19 de la Ley de Violencia de Género, al que aludió el Fórum de Política Feminista, que obliga a cooperar y actuar de manera coordinada entre los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia contra la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas.
Como bien explicaba su portavoz, Begoña San José, uno de los obstáculos es la dificultad que existe para que jueces no especializados en violencia de género apliquen las leyes específicas que se han aprobado sobre esta materia. En cualquier caso, donde no llegan los conocimientos legales al menos debería llegar la sensibilidad y el sentido común. No ha sido el caso.
