Apenas se ha hablado de esta medida de Biden, y podría ser la más importante

En su primer día en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó 17 medidas para deshacer parte del legado de su predecesor, Donald Trump. Se ha hablado mucho de que Estados Unidos ha vuelto al Acuerdo de París, de que ha detenido la construcción del muro fronterizo con México y de que ha suspendido el veto migratorio a países de mayoría musulmana.

Pero entre estas y otras medidas muy llamativas, también había un documento con un título muy poco vistoso: “Modernización del Marco Regulador”. Este informe fue enviado a la prensa a las 9:43 de la noche del miércoles, durante la inauguración que presentó Tom Hanks. Nadie en la Casa Blanca esperaba que un documento como ese llegara a los titulares.

Sin embargo, este documento tiene el germen para desatar una avalancha de regulaciones encaminadas a reducir la disparidad de ingresos, luchar contra la emergencia climática y proteger la salud pública. Entre los expertos progresistas, este movimiento de Biden podría suponer un punto de inflexión tras 40 años de políticas conservadoras.

“Soy consciente de que lo que estoy a punto de decir suena absurdo”, avisa James Goodwin, analista político del Center for Progressive Reform, “pero esa medida tiene el potencial para convertirse en la más significativa de todas las que tomó en su primer día”.

La orden ejecutiva de Biden podría provocar cambios notables en la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA), una oficina de la Casa Blanca tremendamente opaca articulada dentro de la ligeramente menos opaca Oficina de Administración y Presupuesto. La OIRA tiene la competencia para debilitar, retrasar o incluso acabar con las medidas que proponen otras agencias gubernamentales.

Desde que el presidente Ronald Reagan expandió las competencias de la agencia mediante una orden ejecutiva, los progresistas han criticado su pobre equilibrio entre costes y ventajas, argumentando que siempre ignora los costes sociales y ambientales sin que su actividad se traduzca en mayores ingresos económicos y ventajas para el país.

“Los progresistas y, hasta cierto punto, las agencias del Gobierno siempre han lamentado que, como las ventajas son más difíciles de medir, los análisis de costes y beneficios siempre dejan en desventaja a las regulaciones que se proponen”, explica el doctor Stuart Shapiro, catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Rutgers.

Saphiro pone como ejemplo una hipotética regulación que limitaría la contaminación con mercurio: sería muy fácil medir el impacto económico en las empresas, pero no tanto cuánto se beneficiaría la sociedad en términos de vidas salvadas, enfermedades evitadas y protección del desarrollo de los niños.

Los grupos de presión y los intereses de las grandes empresas históricamente han visto en la OIRA un fiel recurso para bloquear o retrasar regulaciones que protegerían a los consumidores y a los trabajadores. Durante la Administración Obama, la OIRA retrasó durante años un mandato para la instalación de cámaras traseras en los coches, dejó en papel mojado diversas reglas para proteger a los trabajadores ante la exposición peligrosa al polvo de sílice y obstaculizó otras regulaciones sobre la eliminación de cenizas tóxicas de carbón.

Esta orden ejecutiva de Biden parece un punto de partida para que los marcos reguladores empiecen a promover “la salud y la seguridad pública, el crecimiento económico, el bienestar social, la justicia racial, la protección del medio ambiente, la dignidad humana, la equidad y los intereses de las generaciones futuras”. Asimismo, el documento insta a quien dirija la OIRA a desarrollar normas que busquen de forma proactiva el beneficio de la sociedad.

“Durante las últimas décadas, hemos visto administraciones demócratas casi pidiendo permiso para poner en marcha regulaciones de interés público”, señala Matt Kent, experto en política regulatoria de Public Citizen. “Esta medida de Biden supone un cambio de paradigma”.

La atención que la izquierda del país le presta a OIRA creció durante la Administración Obama, cuando un catedrático de Derecho de Harvard llamado Cass Sunstein dirigía la oficina. Sunstein, que coincidió con Obama en la Universidad de Chicago, es el intelectual de mayor perfil que ha liderado la OIRA.

Sin embargo, levantaba muchas quejas porque era demasiado hostil contra las regulaciones. Grupos liberales, como el Center for Progressive Reform, aseguran que debilitaba de forma sistemática y a petición de las grandes empresas las regulaciones que le proponían. Poco antes de marcharse, Sunstein defendió su trabajo, asegurando que sus vetos habían aportado 91.000 millones de dólares netos a la economía estadounidense.

Biden todavía tiene que nominar a alguien para dirigir la OIRA, con la aprobación del Senado. De la elección que haga dependerá en gran medida lo efectiva que llegará a ser la orden ejecutiva en cuestión. La posibilidad de que Biden escoja a alguien del mismo perfil ideológico de Sunstein es el principal motivo por el que los progresistas todavía no quieren lanzar las campanas al vuelo.

En un artículo de opinión publicado en Bloomberg el viernes pasado, Sunstein elogió a Biden por escoger un “camino pragmático” en materia de regulación y señaló que esta orden ejecutiva de renovación del marco regulatorio en realidad sigue la senda de la Administración Obama.

Pero hay indicios de que esta orden ejecutiva es más progresista que la de Obama: el jueves, Bloomberg Law informaba de que Sharon Block, una aliada incondicional de los sindicatos, es la opción favorita de Biden para dirigir la OIRA. En abril, Block escribió un artículo de opinión en el que apoyaba una reforma profunda de la OIRA para volverla más amable con los trabajadores.

“Espero que la siguiente administración reflexione sobre cada acción que lleve a cabo y valore cómo va a ayudar a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores de color, que han sido los más afectados por la pandemia”, escribió en The American Prospect. “Debidamente dirigida y articulada, la OIRA puede garantizar que cada regulación saque el máximo partido posible en el avance  de esta prioridad urgente”.

La posible elección de Block para el puesto, junto con esta orden ejecutiva adoptada por Biden en su primer día en el cargo, ha sembrado la esperanza entre los progresistas de que la actual administración haya comprendido lo esencial que es reformar el marco regulatorio a la hora de afrontar la emergencia climática, la injusticia racial, la pandemia y la desaceleración económica.

“Podríamos recuperar el rumbo después de 40 años”, comenta Goodwin. “A la agenda progresista no solo le beneficiaría sacar adelante esta reforma, sino que depende absolutamente de ella”.

Este artículo fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.