Aparece en Madrid la prueba de un caso sin resolver en Galicia desde hace 20 años

La investigación judicial del asesinato de la joven viguesa Déborah Fernández-Cervera ha sumado en los últimos días un nuevo episodio insólito: la Unidad encargada de la investigación de estos hechos, ocurridos en 2002, ha confirmado la aparición de un legajo “desconocido hasta la fecha” que contiene efectos y documentos relacionados con la investigación, y que ha sido localizado en el marco de unas obras de reforma en el Complejo Policial de Canillas en Madrid.

Así lo han confirmado la familia de la joven y su equipo jurídico, que han recibido esta noticia con “incredulidad e indignación”. Según han señalado, entre el material aparecido en dependencias policiales en Madrid (con motivo de unas obras en el área de la UDEV Central), hay un teléfono móvil “sin tarjeta SIM”, cintas de vídeo, fotografías y oficios policiales.

”¿Cómo se puede haber ocultado un teléfono móvil durante todos estos años? ¿Sin tarjeta SIM?”, ha cuestionado la familia de Déborah, que ha recordado que este hallazgo se produce precisamente en el momento en que la jueza de instrucción 2 de Tui (la que coordina la investigación) ha denegado la petición de indagar acerca de la cadena de custodia del disco duro del ordenador de la víctima (dispositivo que, según los peritos de Lazarus Technology, fue manipulado tras ser recogido por la Policía).

A esto hay que sumar, ha lamentado la familia Fernández-Cervera, la “negativa reiterada” de la magistrada instructora a las peticiones de su equipo de abogados de que se incorporara a la causa el contenido de todos los legajos policiales de los que se tenía constancia hasta ahora.

La aparición de nuevo material relacionado con la investigación, que aún no ha sido analizado y del que se desconoce su alcance (hay que tener en cuenta que el teléfono móvil de la propia Déborah permanece extraviado desde hace años), ha suscitado la “sorpresa” de la familia de la joven, que va a pedir “que se depuren responsabilidades” y no descarta la “presentación de reclamaciones judiciales”.

Investigación, archivo y reapertura

Déborah Fernández-Cervera, de 22 años de edad, desapareció tras salir de su casa el 30 de mayo de 2002 para hacer deporte. Su cadáver fue localizado diez días después en una cuneta de O Rosal, a 40 kilómetros de su domicilio, desnudo y rodeado de pistas falsas.

La investigación policial y judicial fue un cúmulo de “chapuzas” según la familia, con decisiones incomprensibles, como que se tardase años en investigar el teléfono de la chica o su ordenador, que se tardase años en inspeccionar el coche de su exnovio, o que no se indagase por qué en el listado de llamadas del teléfono de la chica aparecen casi una treintena de huecos en blanco que hacen imposible identificar esas llamadas.

A pesar de un contundente informe policial de 2010 (elaborado tras cambios en el equipo de investigación), que apuntaba al exnovio de Déborah por su vinculación con la desaparición y muerte de la chica, ese mismo año el juzgado archivó el procedimiento. La investigación fue reabierta a finales de 2019.

En marzo de 2022, por primera en casi 20 años, comparece en el juzgado de Tui la única persona formalmente investigada en relación con estos hechos, su exnovio Pablo P.S-L., que proclamó su inocencia. Actualmente, sigue siendo el único investigado, y el juzgado está pendiente del resultado de algunas diligencias, antes de decidir si archiva la causa o dicta auto de apertura de juicio oral.

Paralelamente, la familia está esperando que se resuelva un recurso de apelación presentado ante la Audiencia de Pontevedra (cuya sala se reunió para deliberar el pasado jueves), contra la decisión de la jueza de Tui que rechazó seguir la tramitación de la causa por la ley del Tribunal de Jurado.