Anticorrupción solicitará cárcel para Ignacio González y su principal testaferro

La Fiscalía Anticorrupción va a pedir que el expresidente de Madrid Ignacio González ingrese en prisión, en vista de los avances de la investigación de la llamada Operación Lezo. Sobre su hombre de confianza en los negocios del Canal de Isabel II países como Colombia o Brasil, Edmundo Rodríguez Sobrino, recaerá la misma petición, según ha adelantado el diario El País. Tanto González como Rodríguez Sobrino siguen arrestados en dependencias de la Guardia Civil y pasarán a disposición judicial mañana mismo.

La condición que pone para mejorar su situación, abunda el diario, es que ambos muestren arrepentimiento y colaboren "activamente" con la investigación, en manos del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por el rotativo, en el supuesto de que haya esta colaboración, la Fiscalía Anticorrupción se plantearía la posibilidad de no pedir prisión incondicional, sino solicitarles una fianza y otras medidas cautelares no detalladas por el momento.

Para María Fernanda Richmon, exdirectora financiera del Canal de Isabel II -a la que los investigadores consideran como un peón esencial en el movimiento de dinero desde la empresa pública hacia las empresas de América Latina compradas con dinero público a precios elevadísimos- también podría plantearse la cárcel como destino inmediato. Está previsto que este mismo viernes pase a disposición judicial. Se desconoce por ahora, como con los dos anteriores, si habrá medidas cautelares, y lo mismo sucede con los demás arrestados desde que ayer fuera lanzada la operación. Entre los detenidos hay empresarios y funcionarios del Canal de alto rango.

Richmon, recuerda El País, "es esposa de Javier de Andrés, consejero delegado de la multinacional Indra y amigo personal de la infancia de Ignacio González". Esta empresa ha sido registrada este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita ante los indicios de que puede haber contribuido a la financiación del PP madrileño, inflando contratas pagadas con dinero público.

LO QUE SE INVESTIGA

El agujero multimillonario en el Canal de Isabel II durante el mandato de Ignacio González (2003-2012) supera la presidencia de Esperanza Aguirre y salpica a su antecesor, Alberto Ruiz Gallardón. Hasta 60 millones de euros salieron de las arcas públicas del Canal para enriquecimiento personal de González y su entorno y supuesta financiación ilícita del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

Prevaricación, malversación, fraude y cohecho. Uno a uno, estos son los cuatro delitos que se imputan a Ignacio González y a los otros once detenidos por lo que ya era un secreto a voces, sobre todo en la Asamblea de Madrid, donde la oposición procuraba día sí y día también requerir información en caliente sobre la empresa pública el Canal de Isabel II. Y desde donde la socialista Mercedes Gallizo denunció las dificultades impuestas por la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a las investigaciones de la oposición.