Anticorrupción investiga el destino de 90 millones en el Campus de la Justicia de Madrid
Cifuentes ha llevado a la Fiscalía el proyecto emprendido por el Gobierno de Aguirre
La Fiscalía General del Estado (FGE) ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia de la Comunidad de Madrid sobre posibles irregularidades en el Campus de la Justicia de la región al apreciar posibles delitos de malversación y prevaricación.
Según ha informado la Fiscalía, la denuncia contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en el que, entre otras irregularidades, se pone de manifiesto el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales solo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado.
El informe, referido a la gestión de esa empresa pública entre los años 2005 y 2015, detecta también adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público y "diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal", según la Fiscalía.
Por eso, el Ministerio Público cree que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y ha remitido la denuncia a la Fiscalía Especial Anticorrupción.
El Campus de la Justicia es un proyecto encargado en 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las 19 sedes judiciales dispersas por la ciudad de Madrid en unos 200.000 metros cuadrados del barrio de Valdebebas.
Cifuentes ha llevado el caso a la Fiscalía
Este anuncio de la Fiscalía llega después de que el Gobierno regional de Cristina Cifuentes denunciara las irregularidades detectadas en el Campus de la Justicia.
La propia Cifuentes confirmó ayer la denuncia a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que afirmaba: "Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más".
El pasado 3 de abril el gobierno regional elevó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas, y, una vez examinado, determinó que pudiera haber "ilícitos penales", según explicó en declaraciones a los medios en el Pleno de la Asamblea el consejero de Justicia, Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido.
