El año judicial arranca con la amenaza de bloqueo, también, en el Tribunal Constitucional

Han tenido que pasar más de dos años de pandemia para que la normalidad vaya recuperando poco a poco el lugar que le corresponde. También en el Poder Judicial, que este miércoles celebra su tradicional apertura del nuevo curso al borde de otra crisis institucional y, por cuarto año consecutivo, con el órgano de los jueces en funciones.

El Salón de Plenos del Tribunal Supremo recibirá a partir de las 12:00 horas al Rey Felipe VI, al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes y al nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se estrena en el acto y en su cargo tras reemplazar a Dolores Delgado en agosto y tomar posesión el pasado lunes. 

Será uno de los actos más tensos que se recuerda. No tanto por los casi cuatro años de bloqueo del CGPJ sino por la polémica en torno a la renovación del Tribunal Constitucional, con la amenaza de un boicot del bloque conservador, que en las últimas horas se ha abierto al consenso pero exigiendo unas condiciones.

En el marco de una reunión celebrada este martes por la noche se ha acordado el establecimiento primero de las “reglas del juego”, esto es, fijar el procedimiento interno ―de propuesta y votación― para llevar a cabo los nombramientos. Una vez establecidas se generará el marco adecuado, en el que resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo.

Con la vista en el Tribunal Constitucional

A la polémica de un Consejo caducado se suma el mandato expirado de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, que corresponde renovar a partes iguales entre el Gobierno y el órgano de gobierno de los jueces.

A día de hoy este asunto acapara todo el interés mediático por las negociaciones contrarreloj a favor y en contra de la designación de los dos magistrados para el TC que por turno corresponden.

Desde este lunes, los contactos se suceden a un ritmo frenético con intereses contrapuestos entre dos sectores del órgano de gobierno de los jueces de cara al pleno extraordinario que se convocó para pactar el nombre de los dos magistrados y que tendrá lugar un día después de la inauguración del curso.

Por un lado, el bloque progresista trabaja para lograr un consenso que saque adelante los nombramientos, en línea con lo manifestado públicamente por Lesmes, si no es este jueves si antes del 13 de septiembre, que es la fecha límite que marca la ley.

Este grupo sostiene que los vocales están vinculados por ley y que no pueden hacer oposición al Gobierno ni al Parlamento, por mucho que se pueda discrepar con la reforma aprobada por el Congreso que devuelve las competencias al Consejo para nombrar a los magistrados del TC. Lesmes, muy crítico con el texto, avala esta tesis por lealtad institucional y para evitar un choque de trenes que salpique a las instituciones del Estado implicadas.

Su estrategia pasa por conseguir, al menos, la mayoría que avaló recientemente a Álvaro García Ortiz como fiscal general el Estado, esto es, sumar los 12 votos que permiten renovar el tribunal de garantías.

Por otro lado, están los críticos. Son los vocales que se opusieron al nombramiento de García Ortiz y que buscan sumar fuerzas para bloquear la renovación del Constitucional. Sigue el enfado entre estos vocales por la reforma impulsada por Moncloa que devolvió las competencias para nombrar a magistrados del TC pero no del Supremo.

Sin embargo, en las últimas horas el escenario ha dado un vuelco. Tras una reunión que ha terminado al filo de la medianoche, los vocales del bloque conservador han dado un paso atrás apostando ahora por consensuar un acuerdo para los nombramientos, siempre y cuando se pacten “unas reglas del juego” que otorguen tiempo al Consejo para un pacto en aras de la “institucionalidad”.

Esto se traduce en que los vocales más conservadores se abren a negociar los nombres de los dos magistrados para el TC pero más allá del pleno extraordinario fijado para este jueves, lo que desliza la idea de que probablemente no se cumpla tampoco la fecha del 13 de septiembre que establece la ley para acordar los nombres.

CGPJ: en funciones desde 2018

Como se viene repitiendo en los últimos cuatro años, se prevé que Carlos Lesmes haga referencia en su discurso al bloqueo permanente que vive el CGPJ y la hipótesis de que se termine la legislatura sin que los grupos parlamentarios logren un acuerdo para su renovación.

El año pasado, Lesmes calificó la situación de “insostenible” para la judicatura y apeló al “patriotismo constitucional” de las fuerza políticas para que dejaran este asunto fuera de la lucha partidista e insistió en que esta anomalía -vive en interinidad desde 2018- se debía a “causas que le son completamente ajenas”.

Hasta llegar hasta aquí, las asociaciones de jueces elevaron la situación ante el comisario europeo de Justicia; la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable del Estado de Derecho visitó España, urgió a la renovación e instó a estudiar el sistema de nombramiento de los vocales del Consejo para que se ajuste a los estándares europeos; y el PP cambió de liderazgo. Los nombramientos de los nuevos vocales, sin embargo, siguen sin llegar.

Precisamente, Carlos Lesmes aseguraba en la toma de posesión del fiscal general que no alberga “ninguna esperanza” de que se renueve el Consejo y volvía a señalar a Congreso y Senado como responsables de la situación. De paso también apunta al Gobierno, por la situación que vive la Justicia en España y, en concreto, del Supremo, por la reforma que hizo hace un año para impedir que un CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

Pilar Llop, ministra de Justicia, ha dejado claro que el Gobierno no contempla otro escenario “que no sea cumplir con la Constitución, que no sea renovar el CGPJ, pero parece que el PP sí está en esa clave” y ha instado por enésima vez a que los populares presenten sus propuestas: “No entiendo nada del señor Feijóo. ¿Dónde están los nombres de los candidatos? Que los ponga encima de la mesa mañana mismo. Entonces se podrá renovar el Consejo. Estoy segura. El PSOE en el Congreso y Senado tiene sus candidatos”.