Ada Colau rechaza ceder locales del Ayuntamiento de Barcelona para el 1-O

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales para celebrar el referéndum del 1 de octubre en la ciudad tras la suspensión del TC, a la espera de que el Generalitat aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución y los funcionarios.

Colau se lo ha hecho saber por carta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras la de éste a los ayuntamientos catalanes para que respondieran en 48 horas sobre su disposición para habilitar el dispositivo electoral.

El portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha reiterado este viernes ante los medios "el pleno compromiso de Barcelona para que se pueda ejercer el derecho a participación", pero siempre que no haya riesgo ni para la institución ni para sus trabajadores".

Colau recuerda en su carta a Puigdemont que en cuanto le llegó su petición ordenó al secretario general del Ayuntamiento que "se iniciasen los trámites ordinarios para comprobar la disponibilidad del dispositivo habitual que se pone en marcha en cualquier proceso electoral", lo que afecta a más de 260 colegios electorales y a más de 1.300 mesas electorales.

Pero también recuerda al presidente de la Generalitat que todos estos trámites han quedado afectados por la suspensión del Tribunal Constitucional.

EN EL TEJADO DE LA GENERALITAT

Ante este escenario, Colau ha devuelto la pelota a la Generalitat al solicitar a Puigdemont que les informe de "cuáles son las actuaciones" que la Generalitat tiene previstas, "teniendo en cuenta las circunstancias".

Al respecto, Gerardo Pisarello ha comentado que "no le damos prisas" a Puigdemont para la respuesta de la Generalitat, ya que entienden que la contestación debe ser "serena y tranquila".

Pisarello ha asegurado que aún están a la espera de conocer el informe jurídico que indique cuál debe ser el posicionamiento del Gobierno municipal. Sin embargo, fuentes del Consistorio han explicado que el secretario municipal Jordi Cases ha comunicado a varios trabajadores, de manera informal, que la institución no participará en la votación cediendo locales pues vulnera la legislación estatal vigente, según informa el diario El País.

De acuerdo a estas mismas fuentes, Cases se ha reunido este viernes con varios funcionarios del Ayuntamiento y ha explicado que poner los locales a disposición de la consulta implicaría poner en riesgo a la institución. Los sindicatos, que han asegurado que no se ha realizado ninguna reunión oficial con ellos, han siempre habían pedido a la alcaldesa que no los pusiera en una situación comprometida respecto al referéndum.

"No podemos fingir que no ha pasado nada, ha habido unas decisiones del TC", ha destacado el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, quien ha dicho que el Govern seguramente tenía previsto la posibilidad de que el tribunal y la Fiscalía actuaran de este modo y tenía pensado cómo proceder en este caso, algo que pide que comuniquen al Ayuntamiento.

"Si el Govern tiene pensado concretamente qué significa continuar con su hoja de ruta, que no es nuestra hoja de ruta, debe explicarnos qué piensa hacer dadas las nuevas circunstancias sin, como han dicho, poner en riesgo a funcionarios y trabajadores públicos", ha reiterado el teniente de alcalde.

Pisarello ha insistido en que cualquier actuación que ponga en riesgo a funcionarios "está excluida por parte del Ayuntamiento", algo que ha dicho que es un problema de la unilateralidad y la desobediencia institucional, que se diferencia de la desobediencia ciudadana por esta razón: afecta a trabajadores públicos.

Ha tachado la respuesta del Gobierno central de agresiva y desproporcionada, y ha criticado que el TC ha actuado "una vez más contra la soberanía de Catalunya, algo en lo que el PP tienen una responsabilidad evidente", porque continúa judicializando e instrumentalizando órganos judiciales para no buscar una respuesta político a un debate político, según él.