Gobierno, patronal y sindicatos cierran un acuerdo sobre las pensiones
El pacto deroga el factor de sostenibilidad del Gobierno del PP que planteaba el ajuste a la baja si aumentaba la esperanza de vida.
‘Habemus’ acuerdo. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha cerrado este lunes con patronal y sindicatos un pacto para el primer paquete de reforma de las pensiones, según han informado fuentes sindicales.
El acuerdo, que llega tras meses de negociaciones, conlleva que, por ley, las pensiones vuelvan a revalorizarse con la inflación. Además, este pacto conlleva la derogación expresa el factor de sostenibilidad que introdujo la reforma del PP de 2013 y que planteaba el ajuste a la baja de las retribuciones en caso de que aumentara la esperanza de vida. No obstante, este mecanismo, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2019, fue desplazado a 2023 y nunca se llegó a aplicar.
El anteproyecto contempla un compromiso de negociación entre el Ejecutivo y los agentes sociales para reemplazar el factor de sosteniblilidad por una nueva fórmula de ajuste que aún debe definirse en la mesa de diálogo, y que permita mantener bajo control el gasto en pensiones. Pese a que la idea es que el acuerdo definitivo sobre el nuevo mecanismo se cierre antes de final de año, en caso de que no haya pacto, el Gobierno dispondrá de vía libre para regularlo por su cuenta.
El pacto también incluye diversas medidas para acercar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y mayores incentivos al retraso de la jubilación.
El acuerdo de este lunes es la primera pata de la reforma de pensiones que el Gobierno ha comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación que recibió el visto bueno del Ejecutivo comunitario y que desbloquea la llegada de los fondos europeos.
El pacto pergeñado en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social suprime uno de los aspectos más polémicos de la reforma de 2013. Hasta ahora, el índice de revalorización limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit.
El acuerdo, desarrollado en un texto normativo con forma de anteproyecto de ley, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de la pensiones contributivas, incluidas las mínimas, ya que vinculan su revalorización anual con la variación interanual media del Índice de Precios al Consumo de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior. Si esta variación fuera negativa, el importe de las pensiones no variará al comienzo del año.
Tal y como ha avanzado en varias ocasiones el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el anteproyecto se establecen una serie de medidas para desincentivar el retiro anticipado del mercado laboral cuando éste es voluntario.
Con este pacto, el Gobierno despeja el camino para cerrar los últimos flecos en una última mesa de negociación que está prevista para el próximo lunes. Según la Cadena Ser, ya se prepara la firma solemne que se realizará lo largo de la semana que viene. Será un acto al máximo nivel para dar empaque al acuerdo más importante en materia de pensiones desde el de Rodríguez Zapatero con patronal y sindicatos en 2011, en plena crisis económica.
Escrivá ha subrayado este lunes que el despliegue de las medidas del primer paquete de la reforma de las pensiones será “gradual”.
El ministro, que ha intervenido en un foro antes de que comenzara la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales que ha alumbrado el acuerdo, ya había dejado caer que tenía “las mayores expectativas” en poder cerrar el tema esta semana.
Escrivá ha dicho que es una reforma pensada para que dure 25 años y que es consistente tanto con las recomendaciones del Pacto de Toledo como con el Plan de Recuperación remitido a Bruselas.
El titular de Seguridad Social ha destacado algunos de los elementos incluidos en este primer paquete con medidas para extender las carreras laborales y acercar la edad real de jubilación a la legal. Aunque ha dejado claro que serán “voluntarias”.
También ha explicado que este acuerdo contempla las transferencias del Estado a la Seguridad Social para asumir más de 18.000 millones de euros de los denominados gastos impropios.
