Ocho años de la tragedia de Angrois: a la espera de justicia por el accidente del Alvia que conmocionó a España
Víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria en Galicia reclaman incansables una investigación técnica independiente que también apoya Bruselas.
20.41 horas del 24 de julio de 2013. A escasos tres kilómetros de Santiago de Compostela:
Después de producirse ese diálogo se hallan 80 muertos y 145 heridos. Es la conversación entre el conductor del Alvia 04155 y el operador de la base de Adif en Madrid, tras el segundo mayor accidente ferroviario de la historia de España. Este fin de semana se cumplen ocho años de la tragedia en la curva de Angrois, en el que los 13 vagones de aquel tren acabaron descarrilando y que se saldó con las imputaciones del maquinista, Francisco Garzón, y el por aquel entonces jefe de seguridad en la circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte.
Este miércoles, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago acordaba la apertura de juicio oral contra ambos por los presuntos delitos de 80 homicidios y 145 lesiones por imprudencia grave profesional, además de uno de daños. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno y la inhabilitación profesional para Garzón durante el tiempo que resulte de la hipotética condena. También pide que Cortabitarte, de salir condenado, no pueda realizar ningún trabajo en materia de gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias durante cuatro años. Desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) indican que el juicio podría comenzar en el primer trimestre de 2022. Ningún político está imputado.
Este triste aniversario también llega marcado por la reiterada petición de víctimas y familiares de que se realice una investigación técnica independiente. La misma que pide la Agencia Ferroviaria Europea (ERA) desde 2016. La misma que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo llevó ante la Comisión Europea en 2017 y que, dos años después, derivó en la apertura de un procedimiento de infracción contra España, aún en curso.
Además, este viernes, en la víspera de la triste efeméride, los portavoces en el Congreso del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Bildu y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han registrado una petición para crear una nueva comisión de investigación. El objetivo: dar continuidad a la iniciada en 2018, que finalizó abruptamente por la convocatoria de las elecciones del 28 de abril de 2019.
Las exigencias de las víctimas
Jesús Domínguez, presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, es una de las 224 personas que viajaban en aquel talgo que partió desde la estación madrileña de Chamartín. No olvida el momento en el que cruzó la puerta automática y se disponía a volver a presionar el botón para que pasasen su esposa y sus sobrinas. Entonces fue cuando el tren empezó a temblar. Lo siguiente que vio tras la ventana, antes de salir despedido, fue cómo se levantaba una nube de zahorra y el fundido a negro. Silencio y polvo, como si hubiera explotado una bomba.
Al volver a abrir los ojos, Domínguez pudo ver cómo el otro vagón estaba encima. Malherido, comenzó a arrastrarse entre el amasijo de hierro y restos para alejarse del fuego que se había originado a diez metros de él, hasta alcanzar un agujero por el que pudo pedir ayuda. “Tienes mucha suerte”, le dijo su rescatador tras sacarle del tren.
El portavoz del colectivo de afectados lo explica en el documental Frankestein 04155. No obstante, Domínguez ya no acostumbra a hablar de lo que ocurrió en aquella curva. Por respeto a las familias y porque lo realmente importante es “denunciar y explicar los motivos que desencadenaron aquel fatal desenlace”, tal y como explica a El HuffPost.
Jesús Domínguez apunta lo que llevan denunciando desde entonces, que los altos cargos políticos han salido indemnes de una investigación que tanto ellos como Bruselas rechazan. Desde la plataforma señalan como responsables al exministro de Fomento, José Blanco y a su sucesora, Ana Pastor, “hoy consejero de Enagás, una empresa pública, y vicepresidenta del Congreso”, respectivamente.
Al primero le acusan de autorizar un cambio repentino en un proyecto que llevaba años aprobado y en ejecución y de jactarse de acelerar plazos. A la segunda, de prometerles una investigación transparente y luego usar su cargo desde las instituciones públicas para ocultar las causas de la tragedia.
No obstante, ambos políticos rechazaron estas dos reiteradas acusaciones en sus respectivas declaraciones en el Congreso, en febrero de 2019. Blanco explicó que no hubo ni prisas ni cambios de planes o de proyectos. El exministro de Fomento alegó que no fue él quien autorizó la puesta en marcha de la línea y que sólo la inauguró. Por su parte, Pastor aseguró que nunca había dado instrucciones políticas a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para que no se reabriese la investigación.
Alta velocidad, un tren modificado y las balizas
Aunque el frente penal se libra en los juzgados de Galicia, en abril la plataforma llevaba a la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su demanda para que se realice la investigación independiente. Jesús Domínguez critica la lentitud de los procesos judiciales, “tanta como la llegada del AVE a Galicia”, aunque rememora que la línea que cubría el Alvia accidentado fue promocionada por Fomento como alta velocidad. “Lleva años llegando”, anota.
Para este colectivo de víctimas la clave del siniestro está en la composición del tren, al que el citado documental popularizó como ‘Frankestein’. Este término hace alusión a su composición híbrida, que modificó el modelo S-30 original para convertirlo en el S-730, al que se le incorporan dos furgones generadores CED. Desde la plataforma consideran un hecho que esos cambios produjeron un exceso de peso en los ejes clave en el accidente.
Todo ello se sumó al cambio del sistema automático de frenada europeo ERTMS en el tramo que va desde Ourense a la estación de Santiago. En su lugar, funcionaba el ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático), conformado por señales luminosas que avisan al conductor del convoy que debe minorar la velocidad. Existen pruebas de un correo electrónico del jefe de maquinistas de la estación ourensana alertando de anomalías como la transición de “una forma brusca sin un aviso previo por señalización de la vía”.
Según esta comunicación, en ese momento solo hay una señal a 200 metros de la curva “pero de poco vale, puesto que de no haber reducido previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya”. Un año y medio después de aquella alerta, sucedía la tragedia de Angrois. Por cuestiones como esta, Domínguez explica que aunque estén desgastados por el tiempo, la indignación de tener que enfrentarse hasta contra el Estado por sus propios medios le motiva seguir luchando. “Tenemos la fuerza de llevar razón”, precisa, a pesar de que algunas de las víctimas o sus familiares hayan fallecido sin saber si habrá justicia.
El dolor y la memoria
A Rogelio Bernardo le duele el calendario. Cada fecha señalada es un golpe a la memoria. “Es un ir y venir de recuerdos, cada cumpleaños... sobre todo los aniversarios. Como puedes comprender, influye en toda la familia y son momentos muy malos”, explica. Él no iba en el tren, pero sí su hijo David. Se dejó la vida en aquella curva a los 36 años, mientras trabajaba como tripulante de abordo, junto a su novia, que formaba parte del personal de la cafetería. Ella también falleció.
Después de todo este tiempo, cuenta que el hartazgo y el dolor se han ido incrementado a partes iguales. “No descansas en paz porque no sabes la verdad, el Estado español prohíbe decirla”, destaca angustiado y concretando que, por su hijo, le gustaría que “pagasen los culpables”. En este sentido, señala que “el conductor tiene su parte de culpa”, pero que la responsabilidad no es de “un sólo señor”. Por eso denuncia lo que califica como “el pacto de la curva” entre PP y PSOE, formaciones a las que acusa de saber entenderse para poner trabas a la investigación política.
“Fíjate que nos había llevado una vez a Atocha a enseñarnos las máquinas. ‘Tú no sabes la seguridad que lleva esto, es impresionante’, nos dijo... pero era el [tren] que iba para Andalucía. No era el ‘Frankestein’”, rememora Bernardo, cuando se le pregunta si alguna vez su hijo le había hablado de algún peligro. No obstante, tiene muy claro que sí lo había y las cosas que han logrado hasta ahora con su incansable lucha.
“Hemos removido los cimientos de Renfe y ADIF en materia de seguridad”, afirma, citando conversaciones con trabajadores de ambos organismos, que le han reconocido en privado que su protesta acabó desencadenando una reestructuración en ese ámbito. “Algo que tenían que hacer los políticos de nuestro país, lo están haciendo las víctimas con nuestros propios medios”, apostilla.
Rogelio Bernardo también señala que no les han puesto las cosas fáciles a la hora de poder dar visibilidad a las demandas de la plataforma. No olvida cómo se sintieron durante el acto de entrega de las Medallas Castelao que la Xunta de Alberto Núñez Feijóo decidió imponer a los vecinos de Angrois, personal de emergencias y a las víctimas en 2014. El madrileño explica que ellos no querían medallas. Por aquel entonces querían una comisión de investigación que bloqueaban PP y PSOE en O Hórreo, el Parlamento gallego. Mientras tenía lugar el acto oficial en el interior de la Cidade da Cultura, un cordón policial les impedía el paso. “Dijeron que alguien saldría a hablar con nosotros, pero no apareció nadie”, indica.
En cierto sentido, y como si de una metáfora se tratase, las víctimas todavía aguardan por aquella -o cualquiera- respuesta. Solo que ya no les vale que llegue tras el sonido de golpear la puerta de ningún político. Ahora la única que les vale es la del ruido del mazo dictando sentencia.
