Acabar con la violencia machista, cuestión de Estado

Hace casi un cuarto de siglo la Asamblea General de Naciones Unidas acordó conmemorar cada 25 de noviembre el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La elección de la fecha no fue casual: un 25 de noviembre de 1960 habían sido asesinadas en República Dominicana por el régimen del dictador Trujillo las hermanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal. La fecha venía siendo destacada por el movimiento feminista latinoamericano en su memoria, pero al ser adoptada por Naciones Unidas se ha convertido en una llamada de atención sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo.

Los mismos objetivos, sensibilización social y reivindicación de una sociedad sin violencias machistas, alientan la Declaración de Naciones Unidas que define la violencia contra la mujer como “todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

La violencia contra las mujeres y las niñas añade la resolución, “es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual”. Efectivamente, está dolorosamente presente en todas las etapas históricas, en todas las culturas, en todas las sociedades. No depende de variables como la capacidad económica de las víctimas, su edad, formación académica o profesión, sino que es una manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.

Solo podemos hacer frente a la violencia machista con políticas públicas comprometidas con su erradicación. Con la puesta en marcha de medidas de prevención y protección de las víctimas; con recursos para acompañarlas en el largo y doloroso proceso que hay que superar para salir de la espiral de violencia en que se encuentran inmersas, y ayudarlas a recuperar su autoestima y su vida; y asegurándonos de que no hay impunidad para el maltratador, sino que la sociedad en su conjunto repara con justicia a las víctimas por el daño que han sufrido.

Si la desigualdad estructural entre mujeres y hombres está en el origen de la violencia que estos ejercen sobre aquellas solo podremos construir una sociedad libre de violencia desde la igualdad. Sabemos lo que nos hace desiguales: la brecha económica, la resistencia a la incorporación paritaria de mujeres a espacios de poder y decisión que, como los económicos y empresariales, siguen siendo abrumadoramente masculinos; la soledad de las mujeres cuando se trata de los cuidados, de forma que la atención de las y los pequeños, mayores o enfermos sigue dependiendo de forma casi exclusiva de las mujeres; y, entre otros factores, la aún escasa visibilidad del talento, el trabajo y la capacidad de las mujeres que, desde luego, no refleja en absoluto lo que las mujeres aportamos a la sociedad.

Es cierto que hemos avanzado. Sabemos lo importante que han sido las recientes conquistas de derechos para las mujeres en España. Vinieron de la mano de las demandas del movimiento feminista y del compromiso de partidos políticos como el PSOE para cambiar radicalmente las cosas. Porque todo se puede cambiar. Hacen falta leyes valientes como las que hemos aprobado en nuestro país en los últimos 20 años, que llevan el sello socialista, y nos sitúan a la vanguardia en Europa y el mundo. La realidad de la desigualdad se transforma cuando somos capaces de cambiar, individual y colectivamente, de paradigma y eso se consigue desde la educación y la sensibilización social.

Las mujeres sabemos, también, que en esta batalla nunca podemos bajar los brazos, sino que estamos obligadas a defender, cada día, los derechos conquistados porque la amenaza de retroceder está siempre presente. Sabemos que el camino por recorrer es largo y que no hay atajos. Nos preocupa que los mensajes que niegan la violencia machista vayan calando en la sociedad y, sobre todo, nos alarma que aumente el número de jóvenes y adolescentes que reproducen los modelos y estereotipos machistas, que no siempre son capaces de identificar la violencia que ejercen o que sufren, y que se justifiquen, con el argumento de la tradición, comportamientos que, porque denigran a las mujeres, son inaceptables.

Necesitamos avanzar más. Tenemos que seguir impulsando el cambio hacia una sociedad igualitaria y, sobre todo, libre de violencia contra las mujeres.

Por eso es imprescindible renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en 2017 por las fuerzas políticas, las administraciones públicas y el movimiento asociativo de mujeres. Un acuerdo que puso de manifiesto la magnitud del problema de la violencia machista y su relevancia política y social. Una herramienta política muy potente. Tanto que en la España democrática solo se han firmado tres: el denominado “Pacto de la Moncloa”, para abordar la crisis económica de los años 70 del pasado siglo; el Pacto de Estado contra el Terrorismo que sumó a todos los partidos políticos frente a ETA; y el Pacto de Estado contra la Violencia que sufren, que sufrimos, las mujeres por el hecho de ser mujeres

La lucha contra la violencia machista tiene que seguir formando parte de la agenda política. Con un enfoque integral y transversal. Desde la cogobernanaza. Asegurando su financiación. Porque estamos con las mujeres víctimas. Porque erradicar la violencia que sufren es, para nosotros, una cuestión de Estado.