Ábalos deja Fomento y lo sustituye Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavá
El cambio es doble, porque el valenciano no sólo abandona su cartera sino la Secretaría de Organización del PSOE.
La restructuración de Gobierno que ha acometido este sábado el presidente Pedro Sánchez es un terremoto que llega hasta a los pesos pesados del Gabinete y del PSOE. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, también abandona su cartera, así como la Secretaría de Organización del PSOE, según han informado medios como La Sexta.
Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavá, será su sustituta al frente del Ministerio, apostando así por un acento más ecológico en este departamento.
Ábalos, con elevada responsabilidad orgánica en el socialismo nacional, se ha caracterizado por ser uno de los ministros más políticos del Gobierno. Sale del gabinete marcado por dos escándalos políticos: el llamado Delcygate y el rescate de la aerolínea Plus Ultra, ambos relacionados con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, y sin cumplir sus objetivos de presentar una ley de movilidad y otra de vivienda.
Sánchez, una alcaldesa del PSC que asciende
Raquel Sánchez, la actual alcaldesa de Gavà (Barcelona), es una representante del poder municipal del PSC, especialmente en el área metropolitana de Barcelona, y ahora tendrá el mando de un ministerio de peso, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sánchez es miembro de la ejecutiva del PSC desde noviembre de 2016, cuando Miquel Iceta la situó como secretaria de la mujer, y desde 2014 es alcaldesa de Gavá, cargo en el que relevó a Joaquim Balsera.
La sustituta de José Luis Ábalos al frente de dicho ministerio ha ido ganando peso político en los últimos años. El año pasado, por ejemplo, fue elegida miembro del Consejo Nacional del Clima en representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Más allá de la política local, su nombre ha estado presente en los últimos meses en los medios porque el Ayuntamiento de El Prat es uno de los directamente implicados en el proyecto de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, que promueve Aena.
Como alcaldesa, ha condicionado la ampliación de El Prat a que se limite el impacto acústico de la infraestructura sobre los vecinos de municipio y a seguir operando con el sistema de pistas segregadas -una para aterrizar y otra para despegar-, por lo que ha abogado por una solución consensuada con el territorio.
Se da la circunstancia de que Aena, que está dispuesta a invertir unos 1.700 millones en la ampliación de El Prat, debe presentar en los próximos meses su plan quinquenal de inversiones al Consejo de Ministros, y que Sánchez será ahora una de las integrantes del Ejecutivo y, en concreto, la ministra del ramo.
Sánchez (Gavá, 1975), casada y madre de dos hijos, ha desarrollado su carrera política en el Ayuntamiento de Gavà, ya que fue concejal en 2007, entre ese año y 2011 ejerció de teniente de alcalde de economía y hacienda, así como de portavoz del grupo socialista, y entre 2011 y 2015 fue tenienta de alcalde de urbanismo, promoción económica, medioambiente y sostenibilidad.
Así pues, tiene experiencia en diferentes áreas de gobierno en la Administración local, aunque ahora deberá dar el salto al importante ministerio de Fomento, que afronta retos como pactar con Unidas Podemos la nueva ley de Vivienda o bien continuar con el rescate de los peajes que vencen, como los de la AP-7 o la AP-2, entre otros.
Licenciada en derecho por la UB y máster en derecho del trabajo y Seguridad Social por la UPF, al inicio de su carrera profesional ejerció de abogada en un despacho de Barcelona y luego fundó junto a unos compañeros un despacho propio en Castelldefels (Barcelona).
Con su entrada en el Gobierno, que se suma a la presencia de Miquel Iceta al frente del Ministerio de Cultura y Deporte, el PSC aumenta su peso en el Ejecutivo. Asimismo, los socialistas catalanes también evidencian su influencia al haber situado a Maurici Lucena o a Isaías Táboas al frente de empresas clave como Aena y Renfe, respectivamente.
Ábalos, el resucitador de Sánchez
La destitución de Ábalos, uno de los ministros con mayor peso político del Ejecutivo y una de las personas de confianza de Pedro Sánchez desde que le ayudara a recuperar el liderazgo del PSOE en las primarias de 2017, ha sido una de las grandes sorpresas de la remodelación del Gobierno.
Ministro de Fomento en el Gobierno surgido de la moción de censura a Mariano Rajoy (2018-2020), Ábalos renovó su cargo en el segundo gobierno de Sánchez al frente de una cartera renombrada y llamada a reorientar su tradicional acción constructora de infraestructuras ligada a las reivindicaciones territoriales hacia los desafíos de la movilidad, el urbanismo y la vivienda.
Solo unos días después de su toma de posesión, en enero de 2020, su encuentro, con versiones y declaraciones confusas desde el principio, con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, cuando ésta tenía prohibido el acceso al espacio Schengen y, por tanto, no podía entrar en España, le colocó en el disparadero de la oposición.
Por este asunto, el PP y Vox pidieron por primera vez su dimisión y una comisión de investigación e incluso lo llevaron a los tribunales, aunque el Supremo archivó el caso en noviembre, al considerar que se vulneró la prohibición de la “número dos” del Gobierno de Maduro de pisar territorio de la Unión Europea (UE), pero que no hubo delito.
Un año después, el cerco político vino por “avalar” el rescate con 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea considerada “chavista, en quiebra y sin vuelos” por los grupos de la oposición, un asunto del que él siempre se desvinculó y que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y en el Tribunal de Cuentas.
Artífice, como coordinador de la campaña de primarias, de la resurrección de Pedro Sánchez en el PSOE, Ábalos es también desde 2017 secretario de Organización del partido y fue portavoz provisional en el Congreso tras la moción de censura a Rajoy.
Afable, flexible, negociador nato, el perfil de este valenciano de 61 años ha contribuido a que el Gobierno mantenga buenas relaciones con los empresarios del transporte, la construcción, las infraestructuras y los inmobiliarios.
Por estos últimos habría sido presionado, según las acusaciones de su socio de gobierno, para no aceptar la limitación de precios del alquiler que exige Unidas Podemos apelando al acuerdo de gobierno.
Una cuestión que mantiene paralizada la presentación del anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que su ministerio negocia con el de Derechos Sociales, que primero dirigió Pablo Iglesias y ahora Ione Belarra.
Tampoco ha logrado culminar el anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, ni gestionar los 17.000 millones de euros que le correspondían dentro del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nuevo bastión de los socialistas.