¿A cuántos años de cárcel se enfrente Pedro Castillo por buscar un golpe de Estado en Perú?

El destituido presidente de Perú, Pedro Castilllo, ya está en la cárcel. El exmandatario ha sido ingresado en la prisión de Barbadillo, la misma en la que está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel.

Pedro Castillo ha llegado al penal, esposado y entre fuertes medidas de seguridad, después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, dónde se han producido enfrentamientos entre partidarios y detractores del hasta hoy presidente de Perú.

La Fiscalía ha abierto una investigación preliminar a Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración, tras el anuncio del cierre del Congreso y la instauración de un “gobierno de emergencia” en su país.

“La Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo, en su condición de presidente, por la presunta comisión del delito contra los poderes de Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión, en agravio del Estado”, escribió el Ministerio Público en Twitter.

Inmediatamente después, agregó que la investigación también se extiende a “la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de conspiración, en agravio del Estado”.

Castillo será procesado por “quebrantar el orden constitucional”, delito que se encuentra en el artículo 346 del Código Penal y que podría suponerle hasta 20 años de prisión.

Mientras era conducido a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides, y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Según informó el Ministerio Público a través de Twitter, el objetivo de los operativos es “recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente” por la presunta comisión del delito de rebelión.

Hasta la sede presidencial, ubicada en el centro histórico de Lima, llegaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal superior Marita Barreto, quien coordina el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, acompañadas de varios agentes policiales.

Según precisó el Ministerio Público, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán es quien dirige la diligencia en el Palacio de Gobierno, “donde se están lacrando documentos y algunos equipos de cómputo, como parte de la investigación”.

Por su parte, el fiscal adjunto supremo Elmer Ríos Luque, coordinador del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, está a cargo de la diligencia de exhibición de documentos en las instalaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.