El primer año de pandemia se cobró más de 55.000 muertos de la lista de espera de dependencia
Casi el 80% de las personas que abandonaron este listado entre marzo y diciembre lo hicieron porque fallecieron.
Hasta 55.487 personas que fallecieron durante el primer año de pandemia engrosaban las listas de espera de dependencia. Se trata de la demoledora cifra recogida en el XXI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, un estudio elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
No es el único duro dato que se desprende de un informe que contabiliza 152 muertos al día procedentes de dicho listado. La causa del 79,4% de todos los que abandonaron las listas de espera de dependencia desde marzo a diciembre se debió a su fallecimiento.
Del total de fallecidos, 21.005 perdieron la vida aguardando por una resolución, pero 34.370 de ellos no tuvieron la oportunidad de ejercer sus derechos como personas en situación de dependencia.
La irrupción del covid-19 se ha traducido en “un año de retroceso en el sistema de Dependencia, un año marcado por la pandemia, terrorífico, de muchísimo dolor, sufrimiento y muerte”, como calificó este lunes el presidente del ente, José Manuel Ramírez. Actualmente hay 232.243 personas integrando las listas de espera de dependencia.
Una pérdida de siete mil empleos
Desde la declaración del Estado de Alarma, en la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales valoran que se ha producido un “retroceso” en las plazas de residencias y centros de día hasta índices del 2017 y que se está produciendo una tendencia a “un sistema de servicios low cost”. No es la única caída de la que alerta el dictamen, puesto que por primera vez en la serie histórica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se han perdido 7.000 puestos de trabajo.
Según denuncia la Asociación, hay un “recorte acumulado” en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, que asciende a 6.321 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares.
El coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2020 asciende a 9.132 millones de euros, de los que las administraciones públicas aportaron 7.252 millones, y el resto (1.880 millones).
Por territorios, el informe muestra que se mantienen las “enormes desigualdades” entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión. Ocho comunidades aprueban la escala este año, y siete comunidades aumentan su puntuación con respecto al año anterior. Castilla y León (8,9), Andalucía (7,1) y Castilla La Mancha (7,1) destacan positivamente. Mientras, Ceuta y Melilla (2,6), Canarias (2,1) y Cataluña (1,4), retroceden hasta las últimas posiciones.
Entre las comunidades con limbo de la dependencia en situación “muy preocupante” se sitúan: Cataluña (31,9%), La Rioja (29,3%) y Canarias (24,4%). En concreto, Cataluña (con 73.386), Andalucía (con 56.534) y Madrid (con 28.494), acumulan el 68% del limbo de la dependencia en España.
