150 euros por intentar informar: así se aplica la 'Ley Mordaza' a los periodistas

Al periodista freelance Raúl Solís le costó 150 euros salir a trabajar el 29 de marzo. Siguió una manifestación en contra del autobús tránsfobo de HazteOír en Sevilla y, en un momento dado, la policía le identificó al preguntar por un chico al que habían retenido. Semanas después le llegó una sanción de 150 euros por incumplir la llamada 'Ley Mordaza'.

"Vi que la policía retenía a un chico que parecía menor de edad", cuenta a El HuffPost, "le llevaron entre dos furgonetas a identificarle y no le vi salir, así que fui a preguntar qué había pasado".

"LES DIJE QUE ERA PERIODISTA Y QUE MI TRABAJO ERA INFORMAR"

Sin traspasar ningún control policial o valla restrictiva, el periodista se acerco a interesarse por el joven. "Me dijeron que qué me importa y les dije que era periodista y que mi trabajo era informar", recuerda.

La policía le contestó que ellos también estaban haciendo su trabajo y Solís trató de explicarles que ambos trataban de desempeñar su labor. "Me pidieron la documentación y los datos, les di mi DNI y me identifiqué como periodista. Además, les dije que estábamos en un estado de derecho y no en un estado policial y que me tratasen bien, porque su actitud era chulesca y fea", recuerda.

Unas semanas después, el periodista recibió una notificación de sanción de 150 euros por el supuesto incumplimiento del artículo 37.4 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que califica de "leves" las "faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad en el ejercicio de protección de la seguridad".

EL ÚLTIMO PASO: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Solís niega que se haya dirigido de forma despectiva a los agentes: "Estaban ejerciendo abuso de poder y yo me puse serio y firme porque así me pongo ante cualquier abuso de poder: hierático. Aunque el abuso sea por parte de la policía".

Solís ha recurrido la sanción y está a la espera de una respuesta, pero tiene claro que no va a pagar ese dinero: "Si desestiman el recurso acabaré yendo al Tribunal Constitucional. Ese sería mi último paso y el más importante, ya que si fallan a mi favor con el recurso de amparo, se anularía el artículo 37 de la ley". Para él es más importante el derecho de los ciudadanos que su propia sanción.

No es el único periodista que se ha visto afectado por la Ley de Seguridad Ciudadana. A mediados de junio, la exdirectora de Diario 16 Cristina Fallarás denunció que había recibido de 600 euros por "desobediencia a unos agentes de la autoridad" en una concentración de periodistas frente a la embajada de México por el asesinato de sus compañeros de profesión mexicanos.

Según ha contado al diario Público la periodista, habían pedido permiso para estar allí y se encontraban muy apretados. Un coche de policía cortó la calle del Congreso de los Diputados y ella bajó a la calzada. La policía le exigió que se subiese de nuevo, pero al intentar explicar al agente que no interrumpía la circulación y que la acera estaba llena, éste le pidió su documentación. La periodista fue sancionada con 600 euros.

Desde que se aprobó la Ley Mordaza, el Gobierno ha recaudado más de 13,5 millones de euros entre julio de 2015 y finales de 2016. Artículos como el 37.4 han sido fruto de varias polémicas como esta porque algunos consideran que amparan a las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus abusos de poder.