Nosotr@s pagamos, nosotr@s decidimos

El 12 de mayo de 2010 el Gobierno de Rodríguez Zapatero anunció la reducción de los salarios del sector público en un 5% de media y la suspensión de la revalorización de las pensiones con la intención de ahorrar 3.000 millones de euros y alcanzar el objetivo de déficit que le habían marcado. Un esfuerzo inútil porque ni redujo el déficit ni frenó la destrucción de empleo. Más tarde, en una cálida tarde de verano de 2011, de común acuerdo con Rajoy, se reformó la Constitución para garantizar que la Administración por delante de cualquier crédito, por preciso que fuera, pagaría a los acreedores de la deuda para que continuaran abriendo el grifo y renovando los vencimientos. Además, para asegurar el cobro a terceros de los perjuicios generados por la gestión nefasta de cajas en manos de antiguos dirigentes como Rato, Narcís Serra o José Luis Olivas, que hoy ya es pasto de tribunales, se reclamó un rescate que ha elevado a más del 10% el déficit público en 2012. Una enorme bola de nieve que se lo lleva todo por delante. Una pesadilla que ya dura demasiado y produce insomnio social.

Que esta tragedia ha sido cosa de unos y otros nos lo confirmó el barómetro del CIS, publicado la semana pasada. Los números dicen que desde las elecciones de 2008 hasta hoy entre PP y PSOE han perdido diez millones de votantes con todo merecimiento. Que entre ambos no suman la mitad del censo de los electores que pueda legitimar un pacto de Estado, aunque se ponga hasta el rey en la foto, porque representan a un tercio de las personas con derecho a voto. También, que dieciséis millones de electores aproximadamente no acudirían a las urnas porque no ya pasan de todo. Una abstención que no es técnica sino política en su mayoría.

Hace poco, el Gobierno de Rajoy volvía a amenazar con más recortes por encargo de Bruselas, especialmente dirigidos a las autonomías. Ese dinero, evidentemente, se lo quitarán a los dependientes, a la sanidad pública, a los colegios y a otros tantos servicios públicos que son tan necesarios para nuestra sociedad. Ahora pregunto: ¿Estos recortes se continúan haciendo porque no hay más alternativa o porque no hay más valentía?

La respuesta, estimados lectores, es la segunda opción: son unos cobardes. Y se rinden ante la carga de una deuda, mucha de ella ilegítima, por la cual pagará el Estado este año en concepto de intereses más de 38.000 millones. Habría que añadir las cargas financieras de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Por ejemplo, la Generalitat Valenciana pagará más de 1.300 millones de intereses por sus 30.000 millones de deuda, de los cuales el 50% se ha generado en los últimos cuatro ejercicios. Es la herencia de Camps, la que sirve ahora para inspirar la portada del New York Times o de quien quiera explicar como un político inconsciente puede pagar más tres millones de euros con subterfugios para hacerse una foto con el yerno de su monarca o casi doscientos para hacerse anualmente una foto con Fernando Alonso.

Y se pagarán esos intereses, en muchos casos, a entidades bancarias que han sido rescatadas con dinero público o con dinero que se ha pedido prestado a los bancos para salvar a los bancos a un precio razonable. ¿Surrealista? Sí. Pero es la realidad, la cruda y triste realidad de un Gobierno que se pone a temblar cuando escuchan propuestas como la que hizo Joan Baldoví en su enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado: exigimos una moratoria para pagar la deuda, auditar su legitimidad y dedicar recursos al crecimiento económico.

Dar ese paso será importante y valiente, porque después de ese punto de partida es cuando se podrá negociar con los tenedores de la deuda un tipo de interés y un plazo de amortización sostenible para nuestra sociedad. Es fácil. Ni nuestros niños ni jóvenes, ni nuestros mayores, ni nuestros dependientes tienen por qué pagar aquello que no deben porque no han sido beneficiarios de estos créditos ni los han creado. Porque, entre otras cosas, no tenían capacidad para crear semejante agujero.