Los Veintisiete respaldan una 'ley Rider' europea que España considera insuficiente

Los ministros de Trabajo han respaldado este lunes una directiva sobre las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales que España considera insuficiente y que, según ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está "fuera del sentido común" y es "difícilmente comprensible en términos democráticos".

Tras fracasar en su primer intento del pasado mes de diciembre, los ministros de Empleo de la Unión Europea han alcanzado este lunes un acuerdo político, pendiente de la posición del Parlamento, de cara a las negociaciones entre ambos colegisladores sobre esta directiva.

La delegación española, que se ha abstenido en la votación de esta 'ley Rider' europea, según ha avanzado la ministra a su llegada al Consejo de Empleo y Política Social celebrado en Luxemburgo, considera que esta ley no ofrece suficientes garantías de protección a los trabajadores de plataformas digitales ni avanza en derechos laborales.

Siete requisitos para considerar a un 'rider' como empleado

El texto acordado establece que se cumplan tres de siete requisitos para considerar a un 'rider' como empleado de una plataforma digital, entre los que figuran que las plataforma establezca criterios de apariencia, la restricción de horarios y de trabajo para terceros, los límites máximos de remuneración o la supervisión por medios electrónicos.

"España siempre ha defendido la aprobación de una directiva con el mayor grado de ambición posible para proteger a todas aquellas personas que trabajan en empresas digitales", ha explicado Díaz durante su intervención en el Consejo.

"En honor a la verdad y por sentido común, no podemos asumir que un joven en una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil sean empresarios. No lo son", ha insistido ante sus pares de la UE para apuntar que el texto sometido hoy a votación "no protege a las personas trabajadoras".

Por ello, Díaz ha indicado que, junto a otros países afines, España ha suscrito una declaración que reclama una directiva "más ambiciosa" para evitar la proliferación de falsos autónomos en Europa, así como de la precariedad laboral.