Una hoja de ruta llena de cuentas pendientes: los retos económicos del nuevo Gobierno

El nuevo Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez echó a rodar el pasado miércoles en una legislatura que se presenta llena de retos económicos pendientes tras unas negociaciones para lograr la investidura que no fueron nada sencillas.

A los pactos alcanzados por el PSOE con las fuerzas que dieron su 'sí' en el Congreso de los Diputados, hay que unirle el acuerdo de Ejecutivo que tanto los socialistas como Sumar firmaron hace un mes.

"Me comprometo a decirle a los españoles que vamos a gobernar mejor", dijo la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el acto que protagonizó junto a Sánchez. De ese acuerdo y de los alcanzados con otras formaciones se desprenden los pasos que el Gobierno de coalición ya tiene apuntados en su lista de tareas. 

Unos nuevos presupuestos "lo antes posible"

El primero de los pasos es el de la elaboración de unos nuevos presupuestos para el año 2024 "lo más rápidamente posible", en consonancia con el mensaje que trasladó la Comisión Europea hace unos días. Esa ha sido la primera decisión que adoptó el pasado martes el nuevo Consejo de Ministros.

Tras publicarse la Orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, detalló que el Ejecutivo prevé aprobarlos a lo largo del primer trimestre del año.

La titular de Hacienda se mostró optimista el pasado jueves, en una entrevista en TVE, y recalcó que tendrán que "hablar" con los partidos que apoyaron la investidura para revisar que se cumplen los compromisos para incluirlos en los Presupuestos.

El Gobierno se ha puesto manos a la obra para sacar adelante la que es su primera medida, ante la atenta mirada de Bruselas. La Comisión Europea reclamó a España una "estrategia fiscal creíble a medio plazo", a la vez que la incluía entre los únicos siete países cuyos planes presupuestarios siguen los criterios que la institución había fijado.

Montero no dudó en destacar el trabajo del Ejecutivo central, tras cumplir "escrupulosamente durante los años previos" con un "comportamiento ejemplar por parte de las finanzas públicas". Una gestión que asegura que ha servido para que "el año que viene estemos en el entorno del 3% del déficit del PIB" y que se haya pasado "sin problema" el filtro de Europa.

Julen Bollain, economista y Doctor en Estudios sobre Desarrollo, se muestra optimista pese al informe de la Comisión Europea y cree que no pasará nada si España "no cumple este año", porque ya ha conseguido "el objetivo de 2024 de reducir la deuda pública por debajo del 110% del PIB".

Apuesta porque España siga en la senda del "beneficio fiscal" y no cree que los recortes del próximo año "sean tan grandes como algunos hacen presuponer". "España tendrá que acometer ciertos ajustes presupuestarios. No significa que tenga que ser una reducción del gasto público porque los impuestos se pueden ajustar a través de los ingresos o los gastos", señala.

Pero Juan Carlos Higueras, Doctor en Economía y profesor de EAE Business School, no comprende la postura de Bruselas, porque asegura que España está "bastante alejada de los objetivos fiscales que exige la eurozona" y sí cree que el próximo año se activarán las reglas para "transitar hacia un déficit que sea inferior al 3%". 

"Si no tenemos todos los países de la zona euro una política fiscal convergente, corremos el riesgo de que haya una Europa a dos velocidades y que el euro sea cada vez más frágil", apunta.

Importantes cambios laborales

PSOE y Sumar acordaron poner en marcha algunos de los compromisos que la formación de Yolanda Díaz había defendido durante la campaña. Entre ellos, se encuentran algunos laborales como el de aplicar una reforma del Estatuto de los Trabajadores.

El cambio más inmediato que se producirá en los próximos meses es la medida estrella de Sumar, que los socialistas apoyaron: reducir la jornada laboral máxima a 38,5 horas semanales en el año 2024 y a 37,5 horas semanales en 2025.

Se trata de una propuesta con la que se producirá una rebaja de la jornada de trabajo que no implica una reducción salarial. El Gobierno ya ha dejado la puerta abierta a que haya algún cambio en 2026 y se pueda fijar un máximo de 35 horas.

Una medida que para Julen Bollain sirve como vínculo para "los retos del siglo XXI", aunque considera que "no va a tener una gran repercusión" hasta dentro de unos años. "En la actualidad, la jornada efectiva es de 38,1 horas semanales. En 2024, no tendrá casi efecto y tendrá un poquito más en los próximos", detalla.

El paso que pretende adoptar el Gobierno sólo supondría "un pequeño coste para las empresas", pero el experto pone en valor que se vaya haciendo "progresivamente". Algo que cree que sirve para reducir su impacto. "Va en el buen sentido para ir concienciando a la sociedad que tenemos que caminar hacia reducciones laborales y, además, es muy importante avanzar hacia el reparto de la productividad entre trabajadores y empresarios", califica.

Un análisis que contrasta con la opinión de Juan Carlos Higueras. Considera que aunque "suena muy bien" para los trabajadores, puede provocar "problemas" a las empresas.

"Si se mantiene la plantilla, lo que va a ocurrir es que el trabajador deberá producir lo mismo en menos tiempo. Tendrá que aumentar su productividad, lo que puede generar mayor nivel de estrés en algunos empleados", señala, además de justificar que, "desde una perspectiva económica" sólo supondría "un coste más que se carga el empresario a sus espaldas".

De hecho, otra de las medidas acordadas son las de aumentar la protección a los desempleados y una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Pero los pasos, como detalló Díaz, se irán dando a la par que las medidas se vayan debatiendo en la mesa de diálogo social.

Otro de los epígrafes del acuerdo es el de alcanzar el pleno empleo, algo en lo que Julen Bollain discrepa totalmente y matiza que es "tener muy poca visión política". "Saben, desde ya, que no es posible", defiende.

El Servicio Público de Empleo Estatal cifra ese objetivo alcanzando una tasa de desempleo del 4%, pese a que algunas formaciones lo fijan en el 8%. Pero, en la actualidad, España cuenta con una tasa de paro del 12%.

"El tejido económico español no te permite tener un pleno empleo. Yo creo que más allá de prometer empleos, hay que tratar de buscar mejoras laborales. Quizá deberíamos ir buscando fórmulas alternativas. Si fiamos todo a ese mercado, quizá no seamos capaces de ofrecer condiciones de vida digna a las personas", expone.

Juan Carlos Higueras también es crítico con dicha iniciativa ya que considera que son "mensajes políticos y populistas que chocan con la mayor rigidez del mercado laboral que luego legislan". "No se puede soplar y sorber a la misma vez como se pretende", añade.

El economista ironiza con que, si se puede lograr, "por qué nunca lo hemos alcanzado, ni de lejos". "La realidad es que tenemos una tasa de desempleo estructural que es muy difícil rebajar si no fomentamos una mayor flexibilidad en la contratación", expone.

La reforma del sistema de financiación autonómica

Una de las reformas que estará en boca de todos en los próximos meses es la del sistema de financiación autonómica. Caducado desde el año 2014, el nuevo Ejecutivo central espera dar el pistoletazo de salida a unos cambios que los pactos de investidura con Junts y Coalición Canaria han precipitado. 

Sánchez se comprometió a negociar la posible condonación de parte de la deuda para todas las comunidades autónomas, salvo las del régimen foral, Navarra y Euskadi, al igual que sacar adelante el nuevo modelo de financiación en un plazo no superior a los dos años. 

Unos detalles que se deben afinar para garantizar un sistema "que garantice la suficiencia financiera de servicios públicos básicos", como lo son la sanidad, la educación o los servicios sociales, según recoge el acuerdo con Coalición Canaria.

Pero el Gobierno no lo tiene fácil. La falta de consenso político ha detenido estas transformaciones durante casi una década. Cada autonomía mira por sus propios intereses y hay disparidad de planteamientos. Todo ello mientras los expertos van lanzando mensajes sobre lo que se ha hablado hasta la fecha. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) avisó el pasado miércoles de que la condonación de deuda puede agravar los problemas de "indisciplina fiscal".

Antes de que se empiecen a mover las fichas en el tablero, Julen Bollain ya reconoce que es una de las cuentas pendientes que sigue habiendo: "Cualquier persona con dos dedos de frente estará conmigo de acuerdo en que la financiación autonómica es uno de los mayores defectos de España".

"Tenemos financiación autonómica según sea tu relación con el Gobierno de turno. Si gobierna el PSOE, una comunidad que también lidera el PSOE, probablemente, conseguirá una mayor tajada que en una comunidad del PP", critica, antes de apostar por poner fin a este "problema".

Un modelo actual del que Julen Bollain no duda en criticar que no se ha entendido como "una herramienta para poder conseguir un suelo de ingresos estable", con la que se puedan "financiar unos servicios públicos adecuados".

Sánchez destacó en su discurso de investidura la necesidad de "reducir las diferencias entre provincias y fortalecer la cohesión territorial" y apostar por un nuevo modelo de financiación "que garantice los recursos económicos de las comunidades autónomas, basándose en los principios de equidad y autonomía financiera y también el de la corresponsabilidad fiscal".

La única parte positiva para el presidente del Gobierno está en la ventaja de apoyos con los que cuenta en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja será la que tenga la que decidir si se aprueba una eventual reforma, pese a la posible disconformidad y la falta de acuerdo que pueda haber con las regiones gobernadas por el PP.

El PSOE tendrá que gestionar una situación que parece compleja, cuanto menos. Aunque no será el único frente administrativo al que tendrá que hacer frente. El nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, deberá conducir la petición de Cataluña y Euskadi del traspaso de Cercanías a estas regiones. En el acuerdo con ERC, se detalló que sería algo que se haría por fases e incluiría el cambio de titularidad de las vías y trenes y el control de la financiación. Algo aún por negociar.

La fiscalidad, en el punto de mira

Otro de los retos económicos que tiene el nuevo Gobierno de coalición es el de aplicar una tercera reforma, la fiscal, con la que aplicar una subida en algunos sectores muy concretos, como ha ido poniendo en marcha en los últimos meses.

Es uno de los compromisos que ya figuraba en el Plan de Recuperación impulsado la anterior legislatura y que forma parte del acuerdo de investidura. Ahora es el Ministerio de Hacienda el que estudia aplicar unas medidas concretas.

Entre ellas, el Gobierno de coalición busca fijar un mínimo en el impuesto de sociedades del 15 % sobre el resultado contable e implementar de forma permanente el gravamen al sector bancario y energético.

Unos impuestos que define como necesarios Julen Bollain, porque carga contra el sistema de política fiscal actual por no ser "progresivo". "El 10% más pobre paga un tipo efectivo superior al 10% más rico y tiene un sistema fiscal que tiene que adaptarse a los retos del siglo XXI. Eso se hace, sin duda, progresivizando el sistema fiscal y haciendo que quiénes tienen más paguen más", justifica.

Una visión diferente a la que impulsa Juan Carlos Higueras, que considera que estos impuestos "no consiguen la recaudación que se espera" y "activa procesos de descapitalización en nuestra economía". "En un mundo global, debemos ser conscientes de que los países estamos compitiendo unos contra otros por capturar inversión que permita crear riqueza", razona.

Algunos detalles ya han sido puestos en la práctica en los últimos meses, como la rebaja del IRPF para rentas más bajas, la subida de la tributación del capital o nuevos impuestos como el de residuos o el de plásticos. 

Pero también será importante conocer los detalles de los impuestos ambientales, así como la posible armonización del impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, en manos de las comunidades autónomas. Algo que se relacionaría, de forma directa, con la reforma de la financiación autonómica anteriormente mencionada.

Pendientes de las pensiones

Es uno de los puntos económicos que forman parte de los titulares en cada inicio de legislatura, pero con los cambios propuestos por el nuevo Gobierno en materia de pensiones, Moncloa cifra en un 4% la subida en el año 2024, en línea con la situación actual de inflación.

Un incremento que el Ministerio de Seguridad Social lleva defendiendo desde hace varias semanas, descartando que se vaya a aplicar un mecanismo de corrección automática en 2025. Algo que la Comisión Europea también ha evitado afirmar, a la espera de evaluar en poco más de un año la reciente reforma.

Bruselas detalló hace unos días en el informe sobre envejecimiento, en el que liga la capacidad de gasto en pensiones a la previsión de crecimiento del PIB, que el crecimiento medio de la economía española será del 1,2% en 2024, un 0,8% menos de lo previsto por el Gobierno. Los resultados se conocerán el próximo año y servirán para valorar si hay que activar un ajuste en 2025.

Europa ha elaborado una serie de previsiones de gasto en pensiones, a través del informe sobre envejecimiento que se publicarán en 2024, llamado Ageing Report. Mientras el Gobierno de España vaticinó un incremento medio del PIB del 2% a lo largo del próximo año, la UE corrigió estas previsiones, situándolo en el 1,2%.

Los próximos pasos se irán conociendo en los próximos meses, pero sobre el papel, el Ejecutivo de coalición ya tiene fijada una hoja ruta con las pensiones en España. La primera de ellas es la actualización de las pensiones conforme al IPC, así como subir las pensiones mínimas y no contributivas hasta alcanzar la media europea. Algo que recoge el acuerdo entre PSOE y Sumar. 

El Gobierno se ha estrenado esta semana, con unos retos económicos que pueden marcar el devenir de la legislatura. Sánchez ya tiene a su equipo y, desde ahora, los ministros ya trabajan en una lista de tareas tan difícil como importante.