Luces y sombras del trabajo en los últimos años: qué se ha hecho y qué queda pendiente en España
Los expertos consultados coinciden en que la reforma laboral de 2021 ha supuesto un cambio de paradigma, y centran los retos urgentes en los salarios y la prevención de riesgos laborales.
Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. España llega a esta fecha simbólica en 2023 con una cifra histórica de afiliación a la seguridad social de 20,4 millones de empleados, un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que ha crecido un 46% en cinco años hasta los 1.080 euros y una reforma laboral que ha disparado la contratación indefinida hasta cotas nunca vistas.
Esas son las luces, y los expertos consultados por El HuffPost no dudan en apuntar a la nueva legislación laboral pactada entre el Gobierno de coalición, sindicatos y patronal en 2021 como uno de los principales hitos recientes. Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Valencia, es lo primero que señala: "Obviamente, un punto positivo es la reducción de la temporalidad, desde 1984 éramos campeones de Europa, ahora se ha reducido drásticamente".
El año pasado, el primero con la nueva norma en vigor, alumbra un mercado laboral en el que se firmaron siete millones de contratos indefinidos. Parafraseando a Alfonso Guerra, a nivel de empleo a España ya no la conoce ni la madre que la parió.
La contratación ha pasado, según Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), "de una situación en la que los indefinidos apenas suponían el 9 o 10%" a otra "en la que han alcanzado el 46%". La gráfica que dibujan los datos del Ministerio de Trabajo debajo de este párrafo es muy elocuente en este aspecto.
Con Vicente coincide José Manuel Corrales, doctor en Economía y profesor universitario, que define la reforma como un "cambio de paradigma" en la contratación, y suma a la ecuación de mejoras el aumento del SMl. En 2018 la cantidad mínima que que percibía un trabajador era de 736 euros al mes en 14 pagas, ahora esa cifra ha aumentado hasta los 1.080 euros.
Esto nos equipara a Europa, opina Vicente, y añade que así España cumple con la Carta Social Europea, que exige que el SMI tiene que suponer al menos el 60% del salario medio nacional. Además, Corrales incide en que junto con estas mejoras se han roto también con los mantras "neoliberales" que predicaban que subir el SMI supondría un perjuicio para el empleo.
En este sentido, los datos económicos enmiendan esa visión. El PIB siguió creciendo en 2022 hasta alcanzar el 5,5% a pesar de la guerra de Ucrania y la ralentización económica que ha traído consigo. Y tres cuartas partes de lo mismo con el empleo, cuyos datos siguen demostrando una capacidad de resistencia encomiable frente a la tormenta inflacionaria.
Prueba de ello son los datos de empleo que se conocieron la semana pasada en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de este año. Aunque el paro aumentó en torno a 103.800 personas y la afiliación sufrió una caída en la ocupación de 11.100 personas, no dejan de ser los mejores datos de afiliación desde 2008 en un primer trimestre.
"Que crezca el paro nunca es una buena noticia para nosotros", expresa Vicente desde CCOO, sin embargo, matiza: "La destrucción de empleo en este primer trimestre es mucho más baja que la que solía darse y el aumento del desempleo lo achacamos en buena medida al crecimiento de población activa, que sumó 90.000 personas".
Esto quiere decir, comenta Vicente, que hay más personas confiando en encontrar un empleo y que hay que trabajar en la dirección que permita que puedan incorporarse al mercado de trabajo.
Ana Escribá es directora del grado en Derecho de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), y también señala que el gran hito de estos últimos años es, sin duda, la reforma laboral de 2021, que puso el contrapunto a la de 2013 del Gobierno de Mariano Rajoy: "Entonces se abarató el despido y creó mucho rechazo, esta en cambio ha conseguido reducir la precariedad y la temporalidad".
Sin embargo, Escribá pone matices y afirma que aún es una legislación "joven" a la que habrá que ir haciéndole añadidos para enmendar los posibles fallos que van apareciendo a raíz de la misma. En esa línea, Corrales sostiene que aunque hasta hace apenas unos años las leyes laborales en España primaban la "flexibilidad" y por tanto un sistema más basado en la precariedad: "Pero yo el vaso lo veo medio lleno".
Las sombras
No hay lugar para el triunfalismo ni para la euforia, no solo porque en España hay más de tres millones de parados, según los datos alumbrados por la EPA, sino porque la reforma laboral de 2021 no es perfecta.
Contratos de prueba y contabilización de fijos discontinuos
Ana Escribá subraya el aumento de bajas en la Seguridad Social de trabajadores por no superar el periodo de prueba tras la aprobación de la reforma laboral: "Este tipo de maniobra es un ejemplo con el que muchos están intentando sortear la nueva legislación laboral". El aumento es palpable, y aunque no es un "punto ciego" de la norma sino un fraude de ley, es uno de los puntos que tendrán que afinarse, comenta Escribá.
Junto a este, otro aspecto polémico y sobre el que se han vertido ríos de tinta es el aumento de los contratos indefinidos en la modalidad de fijos discontinuos. Estos trabajadores son los que mantienen una relación estable con una empresa pero que solo trabajan unos meses al año y el resto entran en periodo de inactividad. No cuentan como parados en las estadísticas, aunque sí pueden percibir la prestación por desempleo y causan baja en la Seguridad Social cuando no trabajan.
La polémica sobre si son parados o no ha llegado a ser considerada como "absurda" por algunos expertos consultados por este periódico. Adrián Todolí, opina que siempre "es mejor la modalidad de fijo discontinuo que la de temporal": "¿Supone una mejora en derechos? Sí. ¿Es perfecto? No, lo ideal sería que fueran indefinidos permanentes, pero eso ya no es cuestión del Derecho, es una cuestión de política y diseño económico".
Estos expertos coinciden en que una solución que se debe plantear al problema, aparte de la transición hacia un modelo económico menos dependiente de la estacionalidad turística, pasaría por cambiar el modo en el que los fijos discontinuos se contabilizan en las estadísticas para así poder mejorar las políticas activas de empleo.
Salarios estancados
El gran desafío de la economía española en la actualidad pasa por la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores. Todolí señala que desde 2013, con la Gran Recesión, la inflación posterior a la pandemia y el agravamiento de la misma por la invasión rusa de Ucrania, se han perdido cerca de "12 puntos de poder adquisitivo" por parte de los trabajadores.
"La reforma laboral de 2013 tenía como uno de los objetivos la devaluación salarial, la actual reforma, sin embargo, buscaba revertir esos efectos y recuperar salarios, lo que no se podía esperar eran los efectos de la guerra", desarrolla Todolí. En la década pasada hubo un esfuerzo legislativo por desvincular la evolución del IPC de la de los salarios.
Este profesor se refiere a la Ley de Desindexación de la Economía Española de 2015, durante el Gobierno de Rajoy. Al mismo tiempo, los convenios colectivos también han ido perdiendo las cláusulas de garantía salarial. "En 2007 y 2008 el 70% de los trabajadores en España, a través de la negociación colectiva, tenía este mecanismo. Es decir, si la inflación aumentaba el salario aumentaba automáticamente", analiza Todolí.
De todos los convenios firmados en 2022, por contra, solo el 14,7% de los convenios firmados contenían esta cláusula, según los datos del Ministerio de Trabajo. En los firmados hasta marzo de 2023, esa cifra se situaba en el 14,6%. Esta cuestión es una de las que centra las protestas de los sindicatos este primero de mayo, y todo apunta a que seguirá siendo un punto muy presente en los próximos meses.
Prevención de riesgos laborales y el "tabú" de las 32 horas semanales
En España causaron baja en España, solo en 2022, 631.724 trabajadores a causa de accidentes en su lugar de trabajo o en el trayecto hacia el mismo. De todos ellos, 826 fueron mortales, según los datos del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Corrales asegura que si se cuentan también aquellos accidentes que no causaron baja, la cifra se dispara a alrededor de 1.200.000 empleados.
"Detrás de cada accidente laboral hay un drama", sentencia Corrales. Este experto, que además de doctor en Economía trabajó durante años como técnico de prevención de riesgos laborales, asegura que en España falta mucho por hacer en este campo: "No se trata solo de que son cifras terribles en el plano humano, también es un perjuicio para la productividad. La mano de obra accidentada hay que sustituirla, formar a la nueva, todo eso encarece los costes".
Escribá coincide al 100% con Corrales. Afirma que en España la legislación en prevención de riesgos es "proteccionista", en el sentido de que "sobre todo las empresas" buscan cumplir los parámetros mínimos para evitar que les impongan sanciones y multas. Esta situación lo achaca a una falta de cultura de la prevención: "Se percibe como un gasto, pero en realidad es una inversión, el problema es que no se ve así". No se entiende, prosigue, se a la larga evita bajas y perjuicios para la actividad de las empresas.
Matiza, además, en que en muchos casos la responsabilidad también recae en los propios trabajadores, que no conciben la prevención como una mejora sino como algo que les perjudica. "Te lo encuentras por ejemplo cuando les dices a los trabajadores que tienen que usar botas de seguridad, pero como son más pesadas lo ven como algo contraproducente", expone Escribá.
Corrales liga esta cuestión directamente con un tema "tabú" que poco a poco se va abriendo paso entre las cuestiones a debatir: la jornada laboral de 32 horas semanales. Para el profesor esta podría suponer una mejora sustancial en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida de los empleados. "Parece un poco utópico hablar de la felicidad en el ámbito laboral, pero sí que habría que establecer medidas que fomenten la prevención de riesgos laborales, que reduzcan la jornada laboral y que impliquen a los trabajadores con las empresas".
Este economista se remite a un estudio reciente de la Universidad de Cambridge que ha arrojado unos resultados muy positivos en un proyecto piloto en el que 61 empresas que redujeron su jornada laboral un 20% manteniendo los salarios. Se redujo el estrés y la incidencia de las bajas por enfermedad al tiempo que se retuvo al talento y se mejoraban los rendimientos. De hecho el 92% de las empresas optaron por mantenerla tras el ensayo.
En paralelo, Corrales señala que es una buena manera de mejorar la vinculación de los trabajadores con la empresa: "Cuando existe más implicación por ambas partes aumenta el compromiso de ambas partes con las labores a desempeñar". Escribá, sin embargo, es más escéptica con esta idea, aunque admite que es algo que "apenas está empezando" a considerarse y que merece ser debatido.
"Yo personalmente opino que si un trabajador va a tener que rendir en 32 horas como lo hace en 40 lo que va a provocar es un sobreesfuerzo", opina Escribá. Afirma que no cree que pueda ser algo que pueda llegar a afectar a todas las empresas ni a todos los sectores.
En cualquier caso, Corrales incide que el momento de explorar esta vía es ahora. "Es algo que los poderes públicos tienen que impulsar de manera decidida en este momento, con previsiones de crecimiento económico positivas, no se puede aplicar en periodos regresivos porque podría dar pie a distorsiones".
España llega a este primero de mayo con unos datos positivos y el vaso "medio lleno", opinan los expertos consultados. Pero ni por asomo, según explican, hay margen para relajarse ni dormirse en los laureles.