Las empresas valencianas se lanzan a por la 'cláusula rebus' como último salvavidas por la DANA
Permite adaptar contratos cuando las circunstancias extraordinarias y no previstas en el momento de su firma alteran de forma radical la base sobre la cual se pactaron.
La reciente DANA que ha azotado a la Comunidad Valenciana ha dejado una estela de destrucción física, pero también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad jurídica y económica de muchas empresas frente a catástrofes naturales.
Ante esto, el medio especializado Confilegal despeja las dudas sobre cómo pueden las empresas y los ciudadanos afrontar las obligaciones contractuales en un contexto tan adverso. Y resalta que la figura jurídica de la cláusula rebus sic stantibus emerge "como un salvavidas legal, cuyo uso se torna vital en momentos de crisis como el actual".
La cláusula rebus, según explica, permite adaptar contratos cuando las circunstancias extraordinarias y no previstas en el momento de su firma alteran de forma radical la base sobre la cual se pactaron. Aplicar esta cláusula requiere un análisis riguroso y pruebas de que, sin ella, cumplir el contrato se vuelve inviable o injusto.
El principio pacta sunt servanda, que establece que los pactos deben ser cumplidos, es la piedra angular de la contratación. Sin embargo, el mismo medio se plantea: "Cuando la realidad cambia de manera drástica e imprevisible, como ocurre con los estragos de una DANA, ¿es justo exigir el cumplimiento de condiciones acordadas bajo un contexto radicalmente diferente?".
La figura de la rebus fue modernizada en el marco del derecho español por el jurista valenciano Francisco Javier Orduña Moreno, quien como magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo contribuyó a la adaptación contemporánea de esta cláusula. Así, las sentencias 333/2014 y 591/2014, que Orduña promovió, permiten que el Derecho de la contratación contemple la posibilidad de modificar acuerdos en situaciones de fuerza mayor.
Ahora, empresas en sectores clave, desde la agricultura hasta el comercio, enfrentan la posibilidad de invocar esta figura para renegociar contratos de suministro, arrendamiento o servicios, acuerdos que se han vuelto casi imposibles de cumplir en las condiciones actuales.
