La urgencia de las pensiones: opciones y alternativas de un sistema "que no da más de sí"

"El sistema de pensiones como lo conocemos tiene los días contados". La sentencia que firma el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Rafael Puyol, es cada día el sentir de más expertos y analistas. El futuro de las pensiones y las jubilaciones inquieta, en un contexto de deuda y, sobre todo, de un envejecimiento galopante de la sociedad. 

Con el cambio de año, España ya ha superado la frontera de los 65 años de edad efectiva de jubilación. En concreto, 2023 se ha cerrado con una media de 65,1, una tendencia "al alza y más que va a subir" en un intento por sujetar un sistema que "no da más de sí", añade otra de las voces consultadas por El HuffPost. 

Por ello, surgen modalidades laborales para conseguir sostener en el mercado a las generaciones más veteranas, en un difícil equilibrio entre calidad de vida y viabilidad del sistema público. Por ejemplo, la 'jubilación demorada', una fórmula que se expande en el mercado laboral aunque aún resulte un tanto desconocida.

La última reforma planteada por el Gobierno, además de una subida de las cuantías de diferentes tipos de pensión, eleva la cuota de cotización y el periodo calculado para recibir las retribuciones mensuales por jubilación, en un intento por desincentivar las anticipadas con coeficientes reductores de hasta el 21%. El movimiento se suma a ciertos estímulos para esas vías alternativas a la jubilación tradicional y llega en un momento crítico para el sistema, por su situación y por afrontar la retirada en masa de la generación de los baby boomers (nacidos hasta 1964).

Fotografía, la española, que se parece en buena medida a la que se observa en los países del entorno, donde la edad de retiro laboral también sube, a medida que lo hace la esperanza de vida. Con la excepción de Francia, donde la sociedad se ha echado a la calle por el aumento de la jubilación de los 62 a los 64 años, los expertos detallan cómo "Alemania, Holanda, Italia, Bélgica o países escandinavos" van más allá en el retraso de las jubilaciones. 

Con España caminando hacia las jubilaciones a los 67 años, un proceso que se completará en 2027, aún hay una brecha por salvar, la diferencia entre edad legal y edad efectiva, a la baja en nuestro país "pero aún más alta que en otros países, lo que supone que estemos en peor situación", apunta Puyol. Para solventarla, Josep Ginesta, profesor de OBS Business School, apunta tres factores clave, "dar menos incentivos a la anticipada, que aún hay, fomentar más la jubilación demorada y desarrollar políticas activas para incentivar la contratación de personas mayores que no salgan del mercado en sus últimos años laborales". Un mix del que cree que ya se han dado "pequeños pasos".

Trabajar cumplidos los 70, el debate 'prohibido'

"Los 65 años se fijaron en 1919, cuando la esperanza de vida era mucho más baja", recuerda el profesor de Economía de ICADE-Comillas Emilio González, llamando a "actualizar" tanto el mercado como la sociedad. Porque reconoce la necesidad de "cambiar la mentalidad sobre el envejecimiento; toca modificar los 'calendarios' y eso puede llevar a modificar bases educativas, laborales... Vivir más años modifica muchas cosas de nuestro día a día", asume entre quejas porque "desde arriba" no se quiere abrir este "melón".

Por ello, se suma a los cálculos de la OCDE y de "la mayoría de países", consistentes en ir llevando la jubilación legal hacia los 70 años "o en algunos casos más allá, como Dinamarca". "La pregunta es si la gente puede trabajar hasta los 70-72 y lo cierto es que sí, dentro de un proceso de ralentización del envejecimiento".

"Hoy, en la edad media de jubilación lo normal es que queden unos 20 años de vida", retoma su colega Rafael Puyol, quien ve "inviable" para el sistema que "con una esperanza de vida que se va acercando a los 90 años", se den prejubilaciones o jubilaciones "con 60 años o menos". Contra esto, las distintas reformas del sistema buscan frenar una decisión que no hace sino bajar y en los primeros ocho meses de 2023 se movió alrededor del 35% pese a suponer casi el 50% del total de retiros a comienzos de siglo, como recoge El País. Pese a las medidas del Gobierno, sigue siendo una fórmula habitual detrás de muchos EREs masivos de grandes empresas.

Un "sinsentido en el mercado actual" que Puyol ve "en dirección contraria" a la evolución demográfica de la sociedad. Hoy España acoge a 9 millones de habitantes de 65 o más años, que según los modelos demográficos se convertirán en más de 16 millones en 2050. Cada vez más, los trabajadores seniors —los mayores de 55— jugarán un papel esencial, pese a sufrir "desplazamiento por edadismo", añade con evidente dolor el presidente de la UNIR. Una actitud de rechazo a los mayores por su edad que "se da mucho en España, pero sobre todo en materia laboral, entre falsedades por la supuesta inutilidad de los senior, su supuesto 'robo' de empleos a jóvenes o su falta de rentabilidad para las empresas". 

Alternativas: jubilación demorada o jubilación parcial

"La jubilación es un derecho y hay que reconocérselo a todo el mundo y con distintas edades para distintas profesiones, pero no debería ser un deber. Si alguien tiene buena salud física y mental, tiene ganas de seguir trabajando y puede seguir aportando, por qué hay que jubilarle", se pregunta retóricamente el experto. Defiende que, en la situación actual "estamos perdiendo mucho talento y también muchas cotizaciones al Estado, porque es un trabajador que cotiza y un pensionista menos o que puede compensar lo que percibe, ayudando a disminuir el gasto".

En un intento por no 'echar' del mercado a los mayores, los tres especialistas plantean fórmulas no tan habituales por estos lares, a diferencia de "Países Bajos, Alemania o Dinamarca" para con un sector relevante "cuantitativa y cualitativamente". Entre esas fórmulas aparecen la jubilación activa o incluso la jubilación demorada, una figura, la de alargar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación, que comienza a tomar fuerza en España pese al desconocimiento laboral y fiscal que lamentan los expertos.

La posibilidad de retrasar legalmente la jubilación es una de las medidas de apoyo al sistema que se incluyen en el informe Proyecciones de gasto público en pensiones, enviado a Bruselas por el que fuera ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá (ahora titular de Transformación Digital). En su texto dedica un capítulo a ponderar una fórmula que busca "premiar de forma atractiva" a quienes se acojan a ella, "permitiendo compartir las ganancias que esta decisión genera para el sistema".

Así, el informe enviado a la Comisión Europea cifraba en al menos 500.000 las personas que se acogerían anualmente a la opción de demorar su jubilación, cálculo que supone un "alivio" de unos 19.000 millones cada ejercicio a las arcas del Estado, a cambio de medidas como el aumento de un 4% en la pensión por cada año que se retrase la jubilación definitiva.

"La modificación de la 'demorada' es muy reciente, pero sus efectos ya se ven, hemos pasado del 4% al 8% en las nuevas altas de pensionistas en los primeros seis meses de 2023 y esto va a ser un continuo en el sistema", expone Josep Ginesta. Él también defiende las 'virtudes' de un modelo que "va más allá de lo económico".

Porque, prosigue el también secretario general de PIMEC (patronal de micro, pequeñas y medianas empresas de Cataluña), junto al beneficio al trabajador para "hacer que la pensión final se acerque a los ingresos que teníamos en activo" y el 'respiro' que le supone al Estado, hay otro factor sentimental "que al llegar a la edad ordinaria nos sintamos con ganas de trabajar y podamos seguir".

Algo menos desarrollado aparece el concepto de 'jubilación activa', que permite compatibilizar el cobro de la pensión con una actividad laboral por cuenta propia o ajena, siempre que se haya retrasado al menos un año la jubilación ordinaria, matizan fuentes sindicales. "Aquí ya es posible, pero estamos muy lejos de las grandes potencias, donde es algo habitual, cobrando parte o hasta el 100% de la pensión y un complemento en la empresa donde sigues trabajando... y cotizando". El responsable de la UNIR cita su propio caso, como pensionista "al 50%" de su cátedra de la UCM, que compagina con una colaboración con su actual universidad. Una rara avis, bromea, en un país donde "somos de pasar de cero al infinito, sin pasos intermedios, o trabajas del todo o te mandan a casa".

Aunque ambos sistemas empiezan a ganar fuerza, siguen siendo cuestiones secundarias en un mercado conservador. "Si hay EREs los despedidos son mayores, por tener más salario y mayores cotizaciones y esto es un problema a nivel de productividad y una mala opción... salvo que te limites al punto de vista de los costes laborales", expone el docente de ICADE-Comillas. En este contexto "no es fácil llevar a cabo ideas como la jubilación activa" o similares, acusando tanto al Gobierno como a las empresas de "falta de verdadera voluntad". 

Planes de pensiones: ¿solución, plan b o recurso de unos pocos?

Planteado el difícil horizonte del sistema convencional, se abren fórmulas en el ahorro privado. "Es un sinsentido —lamenta González— que los Gobiernos de PSOE y PP hayan obrado en contra de los planes privados de pensiones, penalizando ese ahorro, cuando en realidad deberían fomentarlos para desaturar el sistema". "Lo público debe garantizar unos mínimos pero no debemos basarlo todo en un sistema que no da más de sí; habría que promover fórmulas de ahorro privado para permitirnos ser mucho menos dependiente de una pensión pública ante los ajustes que van a venir sí o sí, porque reitero en que el sistema es insostenible de aquí a unos años". 

De momento, el año se abre con una pequeña reducción en las nóminas de millones de trabajadores amparado en la aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una herramienta para que Seguridad Social pueda obtener ingresos adicionales con los que afrontar el pago de las pensiones.

Más allá de esta cuestión, el profesor de Economía estima que esos ajustes llegarán en "4-5 años, lo más probable". "En ese plazo me temo que habrá recortes porque esto no da más de sí y si la reservas no llegan y no se favorece que la gente ahorre por su cuenta, lo vamos a pasar mal todos con la deuda que tenemos".

También favorable a su funcionamiento, Rafael Puyol señala el inconveniente de que estos planes se limitan a "gente con capacidad económica", porque "hay que tenerla para reservar un dinero puntualmente para ahorros a largo plazo". No obstante, cree que el futuro pasa por ellos, al menos en un sistema mixto a espejo de otros países, con "una combinación, parte del Estado y parte del ahorro individual, sobre la que el mismo Estado debería avanzar en los mecanismos para desarrollarla". 

No esconde su pesimismo sobre la 'escena' actual, un sistema que "no se va a poder sostener, por mucho que digan, por mera demografía". "Va a decrecer el número de cotizantes y a crecer el número de pensionistas, generando un desequilibrio imposible de aguantar a futuro... Y la gente ya le está viendo las orejas al lobo".

Algo menos pesimista que sus colegas docentes, Ginesta confía en que "si seguimos mejorando el empleo y los salarios y las nuevas medidas se mantienen no debería haber esos problemas". Caso contrario, matiza, es "si hay una evolución desfavorable; entonces sí habrá problemas y será necesario aportar recursos de otras partidas para asegurar el sistema".

"En estos momentos no podemos decir que esté quebrado, porque depende de las variables. El desajuste que hay hoy entre la cantidad de trabajadores y pensionistas es transistorio, de lo que dependemos es de nuestra tasa de empleo y de su calidad... lo que no podemos es tener tres veces más de desempleo que en países muy comparables de nuestro entorno", complementa, preocupado por las diferencias con otras economías cercanas.

El profesor de OBS Business School sí coincide con sus colegas en cuanto a la utilidad de los planes de pensiones como recurso, defendiendo esa 'vía media' más internacionalizada. Tanto es así que habla de una "recomendación a los nuevos trabajadores", "que desde el primer momento dediquen una aportación al ahorro adicional". Los que puedan permitírselo, claro, complementa de inmediato.

"La protección social complementaria funciona en la mayoría de países, pero por razones históricas o de simple concepción en España no ha tenido éxito". Admite por contra que se están dando pasos en la buena dirección desde el Ejecutivo. "Por ejemplo, intentando poner al alcance de la negociación colectiva y de la empresa instrumentos para avanzar en la línea de la pensión adicional mediante el ahorro". 

Ginesta recalca que "la vía media es la razonable, pero falta hacer más, porque el caso de España es especial", refiriéndose a que "aquí, el 99,8% de las empresas son MiPyMes, micro, pequeñas y medianas empresas, de las que el 86% son directamente micro, por tanto no es suficiente incluir planes sectoriales sin contar con ellas".