La SEPI hace efectiva la compra del 10% de Telefónica a cambio de 2.284 millones de euros
La operación, que fue anunciada el pasado mes de octubre tras conocerse la entrada del fondo saudí STC, se ha completado este lunes a todos los efectos.
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Era cuestión de tiempo y durante la tarde de este lunes se ha confirmado. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad dependiente del Ministerio de Hacienda, se ha hecho, a todos los efectos, con el 10% del capital social de Telefónica, culminando así la operación que fue anunciada a finales de 2023 y para la que se han ido dando pasos durante este año.
Esta información ha sido compartida por el gobierno a través de un comunicado en el que se ha detallado que la operación llevada a cabo por la SEPI se ha culminado con éxito, al hacerse con un total de 567.016.155 acciones de la teleco a cambio de 2.284 millones de euros (4,029 euros por acción).
A esta cantidad accionarial hay que sumarle los 541 títulos que la SEPI ya tenía de Telefónica, por lo que el montante final asciende a 567.016.696 acciones. "La operación se ha llevado a cabo minimizando el impacto en la cotización y cumpliendo con las comunicaciones de participaciones significativas establecidas en la normativa de los mercados donde opera", ha detallado la entidad.
"Telefónica es una de las principales compañías del país, líder en el sector de las telecomunicaciones y clave en otros ámbitos estratégicos. La empresa es determinante por sus capacidades industriales y áreas de conocimiento, ya que desarrolla actividades relevantes para la economía y el tejido productivo, incluyendo las relacionadas con la seguridad y la defensa", ha señalado.
Así, la entrada definitiva de la SEPI en Telefónica tiene una "vocación de permanencia" con la que pretende conseguir una "mayor estabilidad accionarial" a la compañía de telecomunicaciones, así como contribuir en la "protección de sus capacidades estratégicas", ha apuntado SEPI.
Una compra programada en cinco meses
Tal y como anunció el gobierno el pasado 19 de diciembre, la intención era que la operación se realizara en un plazo de cinco meses, como así ha sido. Por este motivo, la adquisición del paquete de acciones por parte de la SEPI ha sido gradual, adquiriendo el 3% el pasado mes de marzo, para aumentarlo hasta el 5% el 15 de abril.
Posteriormente, ya en este mes de mayo, desde el ministerio se informó que se había alcanzado la cifra del 7%, hasta que el pasado 16 de mayo se llegó al 9% para culminar el proceso este 20 de mayo, cuando se ha confirmado la compra final del 10%.
Como ya se informó, este movimiento por parte del estado busca contrarrestar la influencia del fondo saudí STC, el cual comunicó la adquisición del 9,9% de la telecomunicaciones en el mes de septiembre (4,9% en acciones directas y 5% en derivados financieros).
Ante este escenario, el pasado 8 de mayo, la administración de Telefónica dio el visto bueno por unanimidad a que la consejera Carmen García de Andrés, presentara su "renuncia voluntaria" y así nombrar como consejero a Carlos Ocaña Orbis en representación de la SEPI.
Pero este movimiento podría no ser el único, a tenor de las declaraciones del ministro para la Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, quien dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno nombrara a un segundo consejero cuando se llegara al objetivo anunciado de la compra del 10% de la teleco.
La presencia de STC en el consejo de administración, en el aire
Una vez llevada a cabo la compra, ya solo queda una incógnita por resolver, y esa es la de si el gobierno dará luz verde a que STC cuente con un asiento en el consejo, una cuestión sobre la que los saudíes aún no se han pronunciado, pero en la que en definitiva, la última palabra la tendrá el gobierno.
Esto se debe a que la normativa vigente en materia de inversiones extranjeras, y en concreto al tratarse de una empresa estratégica y relacionada con la seguridad nacional, como es Telefónica, establece que será el Gobierno el que deba dar su visto bueno a la entrada de un fondo extranjero que adquiera más del 5% del capital social de una empresa española -en el caos de STC se trata del 9,9%-.