La acción de oro: el as en la manga del Gobierno para frenar la compra saudí de Telefónica

En la tarde del pasado martes, se produjo un temblor económico en España cuyas réplicas todavía se antojan desconocidas en las primeras horas de asimilación. El STC Group, el principal operador saudí, se ha hecho con una participación del 9,9% en Telefónica por un importe total de 2.100 millones de euros. Mas no solo eso. Con ese movimiento, este grupo -del cual el régimen de Arabia Saudí cuenta con el 64% a través de un fondo de inversión pública- se convierte en el mayor accionista de una empresa estratégica española.

No obstante, una de las claves de la operación fue la suerte de carta de presentación con la que la Saudi Telecom Company anunciaba la significativa adquisición de capital. Desde el principio han descartado que tengan interés por hacerse con el control de Telefónica o obtener una participación mayoritaria. "Se trata de una gran oportunidad de inversión que nos permite utilizar nuestro sólido balance y mantener al mismo tiempo nuestra atractiva política de dividendos", esgrimieron desde STC Group en un comunicado. 

Con todo, tras conocerse el desembarco saudí en el parqué español, no faltaron las primeras voces que alertaron de la necesidad de proteger la empresa española de cualquier tipo de injerencia extranjera. Sobresalieron las palabras de la vicepresidenta segunda en funciones y responsable de Sumar, Yolanda Díaz, que en una publicación en su cuenta oficial de X -red social antes conocida como Twitter- abogó porque "España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianas de datos sensibles". Y reclamó cambios. "Es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPAs", anotó de una frase clave.

El as en la manga del Gobierno, la 'acción de oro'

Las palabras de Yolanda Díaz han sido claves por varios motivos. La primera porque nuestra legislación ya cuenta con un mecanismo relativamente reciente para evitar compras y ha pesado mucho en cómo se ha articulado la compra de capital por parte de la operadora saudí. Y la segunda, precisamente, por cómo ha logrado completarse la operación.

La realidad es que el Gobierno de coalición progresista tomó cartas en el asunto, a nivel regulatorio, para evitar posibles injerencias extranjeras en empresas consideradas como estratégicas (comunicaciones, transporte ferroviario... etc). Estamos hablando de la figura de la acción de oro, que en este caso se traduce en otro término acuñado por el Ejecutivo, el 'escudo antiopas' al calor de la crisis sanitaria internacional del coronavirus y en un contexto de desplome económico que podría despertar tentaciones de compra en un momento bajo.

Aunque la acción de oro hace referencia a una acción nominal que permite a su poseedor vencer a todas las demás acciones y accionistas en una votación bajo ciertas circunstancias, puede tener distintos formatos. En este caso, se trata de un mecanismo que obliga a que si una compañía, fondo o grupo quiere hacerse con un 10% de una compañía estratégica tenga que recibir antes la autorización del Gobierno. Una cuestión que fue introducida en la legislación mediante el real decreto ley sobre inversiones exteriores y que entró en vigor el pasado 1 de septiembre.

Dicha norma supuso la irrupción del siguiente artículo: “En este nuevo artículo se establece que las IED, esto es aquellas realizadas por inversores residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, quedan suspendidas por motivos de seguridad pública, orden público y salud pública, en los principales sectores estratégicos de nuestro país, cuando como consecuencia de la inversión el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al 10% del capital social de la sociedad española, o cuando como consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico se tome el control del órgano de administración de la sociedad española”. 

También se concreta un apartado sobre empresas públicas o fondos soberanos: "Asimismo, quedan suspendidas aquellas inversiones que, dándose las circunstancias antes señaladas de participación en el capital social y toma de control, procedan de empresas públicas o de control público o de fondos soberanos de terceros países".

La compra de capital, a una décima del límite del escudo

En este sentido, a ningún experto económico se le escapa cómo se ha desarrollado la compra de capital de Telefónica. Se ha hecho en dos tramos y para llegar a una cifra muy concreta, la del 9,9%, lo que impide que el Gobierno pueda hacer valer su competencia de tener que dar el visto bueno a operaciones que supongan el 10% o más. 

Un 4,9% se ha adquirido con acciones directas del capital social de Telefónica y el 5% restante mediante instrumentos financieros. Esto supone además que logra los derechos de voto que le corresponde a la parte del 5%, una vez se proceda a la liquidación física de dichos instrumentos financieros tras conseguir las autorizaciones regulatorias pertinentes.

No obstante, el Gobierno de España ya ha adelantado que estará vigilante y que velará por preservar la “autonomía estratégica” en Telefónica. La propia ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado así esta mañana en una entrevista en 'La Hora de TVE'.

"El Gobierno tiene la capacidad de valorar este tipo de inversiones que no afectan al control de la compañía. Existen canales para preservar nuestra autonomía estratégica que el Gobierno pone en marcha", ha indicado.

Rodríguez también ha destacado que "quiero subrayar que Telefónica no solo es una empresa emblemática en nuestro país, sino una compañía estratégica, un operador estratégico, y que el Gobierno va a velar, por supuesto, por la autonomía estratégica de España con absoluta normalidad y tranquilidad".