Glovo cambia de modelo laboral: abandona los falsos autónomos y contratará a sus repartidores en España

La tecnológica española Glovo ha decidido impulsar un nuevo modelo en España que permitirá a la compañía de 'delivery' operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, según ha anunciado este lunes la compañía, que explica su decisión como parte de su "firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país".

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.

En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

Glovo acumula más de 200 millones de euros en sanciones de Inspección y cotizaciones impagadas y su máximo responsable, Oscar Pierre, está siendo investigado en un proceso penal, acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Este martes, Pierre debe comparecer ante el juez como imputado.

El Gobierno aprobó la ley rider en 2021 para que los repartidores que operan como falsos autónomos estén protegidos por un contrato de trabajo en lugar del mercantil.

Un impacto de cien millones de euros

La plataforma alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, estima que el cambio de modelo laboral de su filial en España, tendrá un impacto de unos 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado para el ejercicio fiscal 2025

Asimismo, la alemana espera aumentar la contingencia general en su informe anual completo de 2024 a entre 440-770 millones, frente a los 330-550 millones indicados en su informe financiero semestral de 2024.

Este importe cubre las cotizaciones a la seguridad social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos por pagos que cubren el período hasta finales de 2024 para Glovo España, ha explicado.

Una denuncia fue el origen de la investigación

La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.

Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa".

La diligencias de investigación ordenadas por el ministerio público se produjeron a raíz de un informe elaborado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.

El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".