Ferrovial, en riesgo de coste fiscal millonario si los motivos económicos de su salida no convencen

Momento crucial en la operación de Ferrovial para trasladar su sede social a Países Bajos. A sólo tres días de que los accionistas voten, el Gobierno ha vuelto a redoblar la presión sobre el gigante español de la construcción mediante una misiva que fue enviada ayer lunes para que se informe a la junta de no hay necesidad de salir del país -del que se nutrió durante años de contratos millonarios de obra pública- para cotizar al otro lado del charco, al mismo tiempo que lo hace en el Ibex. 

Se trata del último movimiento del Ejecutivo para evitar la marcha, una vez más, poniendo el foco en que no se encuentran argumentos económicos de peso para esta decisión empresarial. Sobre todo, porque si la compañía no convence a las autoridades españolas de que los motivos están justificados en ese plano le puede salir muy caro. 

Según ha publicado El País este martes, Ferrovial se arriesga a una factura fiscal millonaria si la Agencia Tributaria acaba determinando que el motivo de llevarse la sede social a Ámsterdam tiene como objetivo lograr un beneficio fiscal. Tal y como expone dicho diario citando a fuentes expertas en este ámbito, si Hacienda llega a esta conclusión podría acabar dificultando la operación de salida, que consistirá en una fusión por absorción de la matriz española Ferrovial SA por la filial en Países Bajos, Ferrovial International SE (FISE).

De esta forma, la constructora española no podría acogerse a las ventajas fiscales del “régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, y cambio de domicilio social de una sociedad Europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea”. ¿Qué quiere decir eso? Que no podría eludir tributar por las plusvalías latentes que se derivarán de dicho proceso empresarial. Una cuestión de la que Ferrovial no ha advertido de ningún posible riesgo fiscal asociado al régimen de fusiones del impuesto de sociedades.

La respuesta a la carta, a tres días de la votación

Precisamente, el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, envió el lunes una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, en la que asegura que la compañía podrá cotizar en la Bolsa de Nueva York sin necesidad de trasladar su matriz al país neerlandés.

El contenido de dicha comunicación es clave, si se tienen en cuenta otros factores como que los análisis realizados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se hayan saldado sin hallar “obstáculos ni indicios de su existencia para la admisión a negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en los Estados Unidos”.

Esta carta no se ha quedado sin respuesta y ha sido el director de comunicación saliente de Ferrovial, Francisco Polo, quien ha reafirmado la postura de la compañía esta mañana en declaraciones a Onda Cero. "Las razones económicas que motivan esta decisión de Ferrovial son sobradas y conocidas", ha asegurado, a pesar de las dudas manifestadas desde las autoridades españolas. 

Nuevamente, ha aludido a que con esta maniobra ganarán en capacidad de competir en los mercados internacionales, así como que le dará mayor liquidez a la acción, obteniendo mayor capitalización, mayor visibilidad para captar inversores internacionales y mejores condiciones de financiación. También ha matizado que "Ferrovial como tal no se va de España".

Primeros problemas de cara a la junta de accionista

La junta de accionistas en la que deberá decidirse sobre el futuro de la compañía no será una balsa de aceite. Ya ha aflorado la primera resistencia al cambio de sede social a Ámsterdam de la mano de Norges Bank, el fondo soberano de Noruega. Cuenta con el 1,5% del capital de Ferrovial y ha anunciado que votará en contra del traslado. Principalmente, porque la ley neerlandesa cuenta con mayores restricciones restringe al poder de los accionistas con menor peso frente a la legislación española.

Es necesario recordar que si más del 2,56% de los accionistas ejerce el denominado como 'derecho de separación', el cambio de sede no será efectivo. Así lo anunció la propia compañía. Para hacer uso de esta figura, se dispondrá del plazo de un mes desde la junta.

"Las fusiones, adquisiciones y otras transacciones corporativas deberían maximizar los rendimientos de los accionistas. Al evaluar las transacciones corporativas, también consideraremos si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si existen conflictos de intereses innecesarios", señalan en un comunicado en la propia página web.