La escasez de viviendas sociales en España: de 1.000.000 en los 80 a 167.479 la década pasada

La precampaña electoral ha traído la cuestión de la vivienda (otra vez) al centro del tablero político. Desde que el diario El País publicó el lunes de la semana pasada sus encuestas con estimaciones de voto y preocupaciones de los españoles. Spoiler: una de las más importantes era la vivienda, su coste y la dificultad para acceder a ella.

Ni una semana ha tardado el Gobierno de coalición, en plena batalla electoral por resistir al primer duelo de autonómicas y municipales del 28M, en anunciar dos medidas de choque con gran significado político: primero el desbloqueo de la ley de vivienda pactada con sus socios y después la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb en el mercado del alquiler a un precio "asequible".

No por electoralista, los movimientos tienen menos sentido. En España la escasez de vivienda social es una constante desde que en los años 90 comenzara a menguar sin freno. Antes, en los 80, se construyeron en España 1.006.431 viviendas sociales. Pero la década pasada, entre 2011 y 2019, fueron 167.479. Desde la década de las hombreras el ritmo bajo a 838.952 menos para una población de que se incrementó en 9.390.007 habitantes, según los datos del Observatorio de la Vivienda y el Suelo del año 2020, los últimos disponibles.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

Que la vivienda llegue al centro del debate tiene una dinámica de eterno retorno desde hace más de 10 años, cuando organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cobraron fuerza a partir del 15M y el estallido de la burbuja inmobiliaria, que creció sin parar desde los 90.

Y justo desde esa década comienza a notarse el bajón en la construcción de viviendas sociales. Josep María Raya, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, contesta a las preguntas de El HuffPost sobre el asunto vía correo electrónico.

Afirma que aunque el tema ha hecho mucho ruido, pocas veces salía de los despachos. "Por mucho que se haya hablado de vivienda, no ha sido una prioridad política", sostiene Raya, y añade: "De hecho, sigue sin serlo. Porque la prioridad se demuestra en términos de partida presupuestaria y dedicamos aproximadamente un tercio de lo que dedica la UE en promedio".

El talón de Aquiles de la vivienda social en España se identifica, más allá de su notoria y progresiva desaparición, en el régimen en el que se proyectaba, el de propiedad en detrimento del alquiler. "Se cometió el error de no vincular la propiedad al sector público y se acabó vendiendo. La vivienda pública debe ser prioritariamente en alquiler", argumenta Raya.

En ese sentido se pronuncia también Mónica Melle, profesora de Economía de la Universidad Complutense de Madrid: "En España tenemos la tarea pendiente del alquiler, nuestra cultura está muy ligada a la propiedad". Melle pone como ejemplo a seguir la política de vivienda de la ciudad de Nueva York, donde existe, cuenta la economista, un parque de vivienda pública de alquiler para los más vulnerables. "Cuando esas personas mejoran sus condiciones dejan de vivir ahí y entran otras personas. La gente no quiere estar viviendo ahí toda su vida", comenta Melle.

Desde los 80, prosigue la profesora, la vivienda social cayó en buena medida por el aumento de las promociones privadas, que vieron en la "alta demanda" una "rentabilidad" mucho más ventajosa. Este fenómeno, encadenado con que buena parte de la vivienda protegida construida en los 70 y 80 "se perdió" en el mercado libre, opina Raya, desemboca en la situación actual, en la que apenas el 2,5% del parque de viviendas en España tiene la consideración de social.

Las 50.000 viviendas de la Sareb

Bienvenidas sean, es lo que opinan estos dos expertos, sin embargo, son el primer paso de un camino muy largo. Raya, de hecho matiza que es una medida "insuficiente": "Actualmente el parque de viviendas en alquiler social [en España] ronda las 300.000. Es una buena inyección subir a 350.000. Para estar en la media europea, deberíamos estar sobre el 1.500.000 y para estar donde queremos en 3.000.000". 

Melle cree que la movilización de los activos de la Sareb es una medida "muy positiva", ya que cree "necesario" ampliar el parque de vivienda en alquiler social para "los más vulnerables". Sin embargo, hay cuestiones administrativas que pueden dificultar la aplicación de la medida: "Las competencias de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas, y algunas de ellas ya han mostrado su oposición a tomar cartas en el asunto, el Estado pone los recursos, pero son las comunidades las que deben ejecutarlos".

A la cuestión administrativa, además, hay que añadir la cuestión de dónde se encuentran esas viviendas, apunta Melle. Solo el 15% de ellas se encuentran en las capitales de provincia, como detalla en un reportaje el diario 20minutos. Melle apunta a que, además de las viviendas, también se podrían utilizar los activos que la Sareb tiene en suelo para construir nueva vivienda social.

Fuentes de Moncloa han precisado a Europa Press, que el Gobierno pondrá a disposición de municipios y comunidades autónomas 21.000 viviendas e impulsarán el alquiler social de otras 14.000 ya habitadas de ese parque. Además, promoverán la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

Un largo camino hasta Europa

"Los países que admiramos", comenta Raya, llevan alrededor de 100 años con "una política consistente y continua de vivienda social en alquiler, con independencia de las crisis y del color político". Los datos avalan su opinión. Mientras que en España apenas el 2,5% de la vivienda es social, en Países Bajos ese porcentaje asciende al 30%, en Austria del 24% y en Dinamarca del 20,9%.

Tener un 20% del parque de vivienda en alquiler social, continúa Raya, significa que ese porcentaje de la población tiene garantizado el derecho a la vivienda, presumiblemente los más vulnerables. Esta cuestión, además, ayuda a regular el mercado inmobiliario al mantener satisfecha buena parte de la demanda. Al mismo tiempo, matiza este experto, también será necesario "fomentar el aumento de la oferta privada".

Que España llegue en algún momento a parecerse a alguno de esos países, por contra, necesita de una "fuerte implicación presupuestaria independiente del color político", opina este catedrático de la UPF.

Para asentar la idea, si actualmente ese 2,5% representa aproximadamente 452.040 viviendas sociales, según los datos de 2020 antes mencionados, alcanzar el 20% supondría multiplicar por 10 la oferta actual hasta aproximadamente los 5 millones de viviendas. Las 50.000 viviendas de la Sareb, si no van acompañadas de políticas duraderas como las que señala Raya, es probable que se pierdan como lágrimas en la lluvia.