Echar trabajadores en periodo de prueba para sortear la reforma laboral: "Es un fraude"

Alicia sospechó que algo no iba bien un viernes, cuando se conectó a la plataforma de mensajería Slack para hablar con un compañero de trabajo. No encontraba su usuario. Le escribió un Whatsapp para preguntarle, no estaba porque acababan de echarle por una reunión de Zoom. Poco después le llegó el turno a la propia Alicia y a otras 30 personas de Domestika, la empresa de cursos en línea en la que esta joven de 27 años llevaba unos meses trabajando como ayudante de realización.

¿El motivo de la rescisión de los contratos? No superar el periodo de prueba de 6 meses, condición que iba incrustada en el contrato indefinido que habían firmado apenas unos meses atrás, en febrero de 2022. La Seguridad Social, desde que se aprobó la reforma laboral que ha impulsado la contratación indefinida, ha registrado un aumento sin precedentes de este tipo de bajas entre los trabajadores con ese tipo de contrato. Mientras que en diciembre de 2022 fueron 8.072, un año más tarde (último dato disponible) fueron 46.499, y alcanzó su pico con 65.571 en julio.

El periodo de prueba es una cláusula de los contratos que puede ser variable y dura de uno a seis meses según la cualificación del empleado. En ese periodo, tanto el empresario como el trabajador pueden rescindir el contrato sin perjuicio, preaviso ni indemnización. Sin embargo, es una figura que algunos, obligados en gran medida a hacer contratos indefinidos a sus trabajadores, están utilizando para poder prescindir de parte de sus plantillas sin tener que pagar indemnización cuando estos ya han prestado sus servicios durante los primeros meses de la relación laboral.

Cristina, cuyo nombre real ha preferido omitir en este reportaje, es una joven cordobesa de 24 años que vive en Madrid. La contrataron como indefinida en un establecimiento de hostelería como encargada. Todo iba bien hasta que un buen día, a finales de agosto, su jefe la llamo para hablar con ella en privado. "Me dijo que no le sentaba bien decir estas cosas, pero que estaba despedida, que no había cumplido con las expectativas", narra. Faltaban solo unos días para que acabara el periodo de prueba de cuatro meses que tenía estipulado en el contrato.

Asegura que no le llamaron la atención en ningún momento, y que el desempeño de sus funciones se había desarrollado siempre sin sobresaltos ni contratiempos. "Yo hacía las cosas normal, nunca me dijeron nada, si me hubieran dicho que había algo que no iba bien lo hubiera cambiado, claro, pero no era el caso", asegura. Se dio cuenta de que la habían echado al límite del periodo cuando fue al SEPE a pedir el paro.

Alicia y sus compañeros, ninguno de ellos mayor de 37 años, recibieron la noticia como "un jarro de agua fría". "Al principio te pintaban el trabajo como ideal, el sueldo no era muy alto, aunque superaba los 900 euros, había un buen ambiente, te pagaban la comida y las dietas...", cuenta la joven. 

Afirma que se sentía "ilusionada" con el trabajo porque por fin iba a poder comprar estanterías para su habitación, cuenta entre risas, porque para qué llorar. Aunque no todos pudieron tomárselo con esa filosofía. Otro de los afectados "había gastado todos sus ahorros" en mudarse a Madrid desde Portugal por el puesto, sufrió varios ataques de ansiedad cuando se enteró de la rescisión.

Cuando en una empresa esta práctica se vuelve recurrente, puede crearse un clima de "terror", cuenta Pau Belda, extrabajador de la empresa de reparto GoPuff, cuyos empleados mantuvieron un conflicto laboral con la directiva a causa del cierre y que ya contó El HuffPost el año pasado. Uno de los puntos calientes del conflicto fue también esta práctica. Llegaron a echar a 100 trabajadores en apenas unos meses por esta vía, explica Belda. 

"Había mucho pánico, porque nos enterábamos de que en alguna tienda habían echado a 10 personas de golpe con esa excusa y, los que estaban a unos días de superar el periodo de prueba, empezaban a sufrir ansiedad", sostiene Belda en conversación telefónica con este medio.

¿Es un fallo de la reforma laboral?

Para Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia, esto no es un punto ciego de la nueva legislación: "No diría que es un fallo de la reforma laboral, yo diría que es un fraude, hay empresarios que no quieren cumplir con la obligación de contratar trabajadores indefinidos y utilizan el periodo de prueba para echarlos antes". Este experto advierte, además, de que este tipo de prácticas pueden ser denunciadas por los trabajadores tanto en los tribunales como a la Inspección de Trabajo. "La Inspección de Trabajo puede actuar y si ve indicios de abuso, la empresa puede ser sancionada", zanja Todolí.

Esta "elusión de la contratación indefinida", explica Cristina Blasco Rasero, profesora de Derecho en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), concurre en un "fraude de ley". "Utilizan un recurso que la ley dispone, como es el período de prueba, para conseguir un fin contrario al ordenamiento jurídico", explica Blasco. Sin embargo, aunque se denuncie, admite que es "complicado", continua la profesora, demostrar que el empresario tiene "intención defraudatoria", ya que siempre puede alegar "la ausencia de las habilidades, recursos o competencias requeridas, por parte de todos los trabajadores contratados".

"Cuando a los juristas se nos cierra una puerta, abrimos una ventana", Ana Escribá, directora del Grado en Derecho de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), tira de refranero para ilustrar esta práctica. A pesar de que es una situación que obedece a un "fraude" claro, Escribá apunta precisamente a la dificultad de demostrarlo: "No es que la Inspección no pueda hacer nada, pero es que hay que demostrar que esa empresa hace eso de manera recurrente para encubrir contratos temporales".

"Cuesta más el collar que el perro"

Los agentes sociales señalan que esta problemática está sujeta, además, a otros problemas estructurales del sistema de trabajo. Raúl Olmos es adjunto a la Secretaría de Acción Sindical y Empleo del sindicato Comisiones Obreras (CCOO): "El despido ha sido siempre libre en España, otra cosa es su coste, que en este caso del periodo de prueba sale directamente gratis".

A la hora de denunciar, el trabajador se encuentra con una carrera de obstáculos. "Si decide rebelarse contra ese despido porque le han despedido después de un mes tiene que meterse con la conciliación, poner la demanda, tener abogado...", cuenta Olmos, para concluir, además, con que el resultado puede ser mínimo: "Tendrá derecho a una indemnización que va a ser el equivalente a 33 días por año trabajado, que por un mes sería de 33 entre 12. Para un sueldo de 2.000 euros corresponde una indemnización de 55 euros. Cuesta más el collar que el perro."

Desde CCOO apuntan a que hay varias maneras de empezar a acotar estas actuaciones empresariales. Por un lado, la trasposición de la directiva europea 2019/1152 de condiciones previsibles y transparentes, que en parte actúa sobre los periodos de prueba para atar sus condiciones y duración para que no baste con un "no vales" y ya, asevera Olmos.

Por otra parte, desde el sindicato afirman que la indemnización por despido en España no es lo suficientemente disuasoria, ya que en los contratos que duran poco tiempo apenas acarrean costes para la empresa. El caso más "palmario" de esto, para el sindicalista, serían precisamente el de los que se rescinden durante el periodo de prueba.

Otras causas y la opinión del Supremo

Pero no es un fraude todo lo que lo parece. A pesar de que el aumento es muy significativo, la rescisión de un contrato en periodo de prueba también puede llevarla a cabo un trabajador. Y ese es un punto clave para Olmos, que aventura que el nuevo marco de contratación indefinida y dinamismo del mercado laboral pueden estar detrás de parte del aumento: "En la medida en que crece el empleo indefinido y la expectativa para encontrar un empleo es probable que una parte de esas bajas las estén llevando a cabo los trabajadores para irse a atender otra oferta de trabajo".

Por otro lado, el sindicalista afirma que la subida de este tipo de rescisiones no suponen un impacto "calamitoso". En cierta manera, los datos apuntalan ese argumento. Aunque son decenas de miles de casos, siguen representando una parte reducida de las bajas y, en términos globales, la contratación indefinida marcó en 2022 un récord de indefinidos que ahuyenta la idea de que estos fraudes se den de forma masiva. 

A pesar la dificultad para demostrar el afán defraudatorio de las empresas, estos abusos tampoco han pasado sin hacer ruido por el terreno judicial. Existe al menos una sentencia del Tribunal Supremo que condena esta práctica. Se trata de la Sentencia 933/2021, 23 Sep. Rec. 92/2021, que condenó a la empresa Zener Plus S.L por un despido colectivo en el que se aprovechó del periodo de prueba para expulsar a 25 de los 34 trabajadores a los que finalizaba el contrato sin indemnización.

En el caso de Alicia y sus compañeros, se organizaron para ir a juicio con la empresa, aunque no hizo falta llegar a tanto porque la empresa accedió a mediar con los trabajadores. Finalmente consiguieron llegar a un acuerdo y todos recibieron una indemnización.

Escribá afirma que habrá que esperar a que los efectos de la reforma laboral se sigan consolidando y confía en que, con el tiempo, vayan apareciendo mecanismos para atajar estas prácticas. Por otra parte, defiende que el periodo de prueba es una figura indispensable para poner a prueba la relación laboral entre el trabajador y la empresa, y viceversa. "No podemos eliminarlo, habrá que esperar, pero sin duda ahora mismo es muy complicado pillar a una empresa cometiendo este fraude", abunda la jurista.

El nuevo paradigma de la contratación indefinida que recorre España se ha topado con una característica nacional más antigua, la picaresca.