La crónica económica del Gobierno de coalición que el PP no quiere leer

La semana política ha estado marcada por el debate abierto a la izquierda del PSOE entre Podemos y Sumar. Pero de cara a la campaña electoral que se avecina y como titula Milan Kundera una de sus novelas, la vida está en otra parte, y las cosas del comer y la economía, también. Las cálculos de crecimiento económico para España han emboscado la actualidad y también ha abierto nuevos frentes y otorgado munición a Gobierno que ha festejado los datos y a un PP que ha tratado de leerlos a su manera para restarles todo el mérito posible.

La ración económica fue doble. Este miércoles la OCDE mejoraba la previsión de crecimiento de España para 2023 en dos décimas, del 1,9% al 2,1%. Para el Gobierno, una medalla, para la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, una clara señal de que la economía se ralentiza, ya que la previsión para 2024 la fijó en el 1,9%, que sin embargo también supone una mejora.

El segundo plato, más contundente, lo dejó el jueves la agencia estadística europea, Eurostat, cuando publicó que mientras que la Unión Europea entró en recesión en el primer trimestre de 2023 España disparó su crecimiento al 3,8%, la tasa más alta de todos los países miembros y de su entorno.

La cuestión económica es un asunto que trae de cabeza a los populares, ya que sus argumentos para criticar al Gobierno en ese sentido resultan menos efectivos que Txapote, terrorista de la desaparecida ETA. Los populares usan al preso y lo relacionan con el partido político de la izquierda independentista vasca, Bildu, que ha apoyado al Gobierno en varias ocasiones para atacar a la coalición.

En cualquier caso, y aunque el PP también haya unido sus fuerzas a Bildu recientemente, la economía es una piedra en el zapato de Alberto Núñez Feijóo y un tema que prefieren evitar. Y a la luz de los datos, no es para menos. El mercado de trabajo que deja esta legislatura marca unos niveles de fortaleza históricos, a pesar de haber tenido que lidiar con la peor pandemia de los últimos cien años, un volcán y la guerra de Ucrania. El número de parados es el más bajo desde el año 2008, y las cifras de afiliados a la Seguridad Social, es decir, de personas ocupadas, es la más alta de la historia y se sitúa en torno a los 20,7 millones.

En la actualidad España cuenta 459.074 personas menos inscritas en las oficinas de búsqueda de empleo que cuando se celebraron las elecciones generales de noviembre de 2019, las que alumbraron al primer Gobierno de coalición de la democracia.

En cuanto a la afiliación, en mayo de 2023 había un total de 20.715.235, lo que significa que con respecto a noviembre de 2019 han crecido en 1.299.938. De esos casi 1,3 millones, si se miran por sexos, es especialmente notable el aumento de la afiliación femenina, hay 714.986 afiliadas más que hace tres años y medio.

Esta legislatura también resalta por el aumento en la calidad del empleo. Tradicionalmente, España arrastraba unos niveles de temporalidad entre sus trabajadores superiores a la media europea. Sin embargo, con la reforma laboral promovida por el Ejecutivo, y especialmente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la temporalidad ha sufrido una reducción considerable.

La nueva norma limita de manera tajante la firma de contratos temporales. Debido a esto, el contrato de obra y servicio, de claro carácter temporal y que muchas empresas usaban recurrentemente a la hora de contratar a su personal, ha sido sustituido por el de carácter indefinido. 

El resultado es que con respecto a 2019, el número total de asalariados temporales adscritos al Régimen General de la Seguridad Social ha disminuido de los 4.291.722 de entonces, hasta los 2.125.215, una reducción de algo más del 50%.

Empresas, salario mínimo y medidas de protección

Si bien los datos muestran una evolución robusta y positiva, esta no se ha dibujado sin que se hayan cruzado numerosas circunstancias coyunturales que han apretado las tuercas y puesto bajo una presión pocas veces vista a la economía mundial. Para empezar, la pandemia trajo un parón brutal y sin precedentes en décadas de toda la actividad económica en la inmensa mayoría de países.

El empleo y las empresas sufrieron en sus carnes estos golpes, pero los expertos consultados por El HuffPost indican que las políticas desplegadas por el Gobierno en los momentos más difíciles permitieron que, una vez pasada la tempestad, la reactivación fuera mucho más rápida y efectiva.

Una de ellas fueron los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), un mecanismo que llegó para quedarse y que permite que las empresas se puedan beneficiar del auxilio del Estado ocupándose de los salarios de los trabajadores mientras las corporaciones buscan la mejor manera de reactivarse. En consecuencia, esos trabajadores no fueron despedidos y pudieron reincorporarse inmediatamente a sus puestos en cuanto se pudieron dar las circunstancias para ello.

En el peor momento de la pandemia, en marzo y abril de 2020, los trabajadores sujetos a los ERTE llegaron a superar con creces los tres millones. El colapso fue tal que provocó que las ayudas estatales tardaran en llegar debido al ingente trabajo de administración que supuso para el Estado y que provocó quejas y malestar. Pero con el paso de los meses la situación se normalizó y el número de empleados en estas circunstancias fue descendiendo hasta tocar su suelo en marzo de 2023, último mes con datos disponibles: fueron 17.816 personas.

En este mismo sentido, las ayudas y líneas de crédito que se implementaron para que las empresas pudieran resistir el golpe supuso que en 2020, con el PIB descendiendo un 11%, en España "murieran" menos empresas que en 2008, en pleno estallido de la crisis inmobiliaria.

El número de empresas en España ha seguido creciendo. En abril de 2023, último dato disponible, se crearon 40.000, aunque el saldo total entre constituciones y disoluciones de sociedades modera su crecimiento un 1,7% con respecto al ritmo de crecimiento del mismo mes del año pasado.

Las últimas pinceladas de este paisaje lo cierra la evolución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Frente a las voces que defendían que subir los salarios destruiría empleos por el aumento de los costes laborales, sirvan todos los datos expuestos ante de este párrafo. Si bien es cierto que su efecto en el empleo no ha resultado peyorativo, el aumento del SMI requiere de una capacidad de medida muy fina.

El salario mínimo, tras años congelado o con tímidas subidas, empezó a elevarse en España a partir de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa tras la moción de censuro que la resolución condenatoria contra el PP sobre la trama Gürtel precipitó el segundo gobierno de Mariano Rajoy. En aquella ocasión pasó de 760 euros a 900, en parte gracias a la presión que ejerció Podemos, por entonces fuera del Gobierno y aún liderado por Pablo Iglesias. Desde entonces, y con los morados ya en el Gobierno, las subidas han sido constantes hasta los 1.080 de 2023.

Las tareas pendientes

También ha zonas grises y nubes negras que el Gobierno no ha podido ni despejar. Meses antes y tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la inflación experimentó una subida de dos dígitos que no se veía desde los años 80. El precio de las materias primas, especialmente de la energía tras la reducción del flujo de gas ruso hacia la Unión Europea, provocó un shock.

El trigo, el girasol, la gasolina... Todos los precios se dispararon y pusieron contra las cuerdas a la economía hasta que en julio el IPC tocó su techo, el 10,8% de crecimiento interanual. Pero la entrada en juego de la excepción ibérica, que topaba el precio del gas en las subastas del mercado mayorista en España y Portugal supusieron un cambio de reglas y, a la postre, un punto de inflexión.

La medida, junto con el aumento de las reservas de gas natural licuado (GNL), la reducción de los precios del petróleo con la aparición de mercados alternativos y la apuesta por el ahorro y las energías renovables, tiraron los precios energéticos y moderaron paulatinamente el ritmo de todos los demás. En consecuencia, la inflación interanual se encuentra este mes de mayo en el 3,1%.

Pero ¿significa esto que el problema ha desaparecido? No, significa que los precios, con respecto a los de hace un año, que ya se habían disparado, crecen a un ritmo mucho más moderado. Pero la leche, las frutas, verduras y los huevos siguen por las nubes y aún no moderan del todo su subida. La cesta de la compra sigue siendo un quebradero de cabeza para las familias, más allá de la eliminación del IVA para los productos básicos.

La solución podría pasar, más que por la supresión del IVA para los productos frescos y las conservas, como defiende el PP y los expertos consultados descartan, en la creación de más ayuda como los 200 euros para las familias vulnerables o que se potencie la negociación colectiva para que suban los salarios de los trabajadores, cuyo poder adquisitivo ha sido devorado por la inflación mientras que esta ha desembocado en beneficios récords para las empresas, un fenómeno que la OCDE bautizo como Avarinflación o inflación de la codicia.

Pero aparte del asfixiante coste de la vida, que depende en buena medida de condicionantes externos a los gobiernos, el PP ha centrado sus críticas económicas también en proclamar que el Ejecutivo "maquilla" los datos del paro. La polémica radica en que al no haber posibilidad en muchos casos de hacer contratos temporales, los empresarios ofrecen la modalidad del contrato indefinido fijo discontinuo.

Este contrato se caracteriza en que el trabajador desempeña un oficio pero solo durante temporadas de actividad y después permanece inactivo. Por contra, el empleado sigue teniendo relación con la empresa, que está obligada a llamarle cuando se reinicie la actividad y también se le garantizan sus derechos de antigüedad y garantías sociales.

La discordia es estadística. Los fijos discontinuos, cuando no están activos, no engrosan las listas del paro, y de ahí el "maquillaje" que denuncia el PP. Las críticas de los populares, sin embargo, han faltado a la verdad en alguna ocasión al afirmar que esta manera de contabilizar a estos trabajadores es exclusivas del Gobierno de coalición, pero la realidad es que el sistema lleva siendo así desde 1985, gobiernos populares mediantes incluidos. 

Y la crítica se retuerce aún más cuando el PP ha celebrado los datos de paro de comunidades en las que gobiernan, como Andalucía y Madrid, que son dos de las que más fijos discontinuos cuentan. En cualquier caso, los expertos en economía consultados por este periódico, si bien afirmaban que es necesario mejorar las estadísticas para poder diseñar mejor las políticas de empleo, defendían la mejora que el contrato indefinido fijo discontinuo suponía frente a los temporales.

A modo de conclusión, además, los datos también desmienten la teoría del "maquillaje" ya que, para empezar, representan a una parte muy reducida del total de trabajadores. Los fijos discontinuos en periodo de inactividad no figuran en el paro, correcto, pero sí causan baja en la afiliación a la Seguridad Social, que en estos momentos, volviendo a los primeros párrafos, marca niveles nunca vistos.