La violencia de género es un problema de salud pública
Frente a un problema social y de salud pública, el Gobierno continúa mirando hacia otro lado; eso sí, el próximo 25 de Noviembre, día internacional contra la violencia contra las mujeres, volveremos a tragarnos la campaña de publicidad institucional porque toca.
La violencia contra las mujeres -y el feminicidio, considerado la forma más extrema de violencia- no es una cuestión de países ricos o pobres, ni de países con una cultura musulmana o católica, ni siquiera de países de izquierdas o de derechas. La violencia contra las mujeres es un problema global, de sociedades más o menos igualitarias, donde la defensa de los derechos humanos estaría por encima de diferencias de género, étnicas, culturales, políticas, de religión o ideología.
Porque ante todo, las violencias que se ejercen contra las mujeres están íntimamente relacionadas con la sociedad en la que vivimos. No es posible ignorar que las raíces de este problema se hunden en la discriminación, en unas relaciones de poder asimétricas, en una cultura tradicionalmente patriarcal donde el papel de las mujeres siempre ha sido secundario, en la hegemonía de fundamentalismos que se oponen ferozmente a dejarnos disfrutar libremente de nuestros derechos.
Nuestras sociedades son cada vez menos tolerantes hacia la violencia contra las mujeres, nos escandalizamos cada vez más con las cifras de mujeres asesinadas; sin embargo la sociedad no exige de manera unánime y contundente a los gobiernos que se apliquen políticas públicas que afronten de manera eficaz esta problemática. ¿Cómo poner verdaderamente esta cuestión en la agenda política? Precisamente sobre esta cuestión debatieron más de 30 organizaciones latinoamericanas y europeas en el II Seminario Internacional sobre feminicidio celebrado en Madrid la semana pasada.
Las consecuencias de la violencia contra las mujeres las sufrimos todas las personas, porque las secuelas físicas, psicológicas, sociales y económicas las sufre la sociedad en su conjunto. Sospecho que, de hacerse un estudio que refleje el impacto en términos económicos que tiene la violencia machista, el Gobierno se interesaría más por el tema, en lugar de recortar en políticas de igualdad y prevención tal como demuestra el Informe Sombra respaldado por más de 250 organizaciones y que pone de manifiesto el desmantelamiento de las políticas de género en España.
En América Latina ponen el acento en desnaturalizar ante la sociedad algo que hasta hace pocos años se veía normal. Lo cuenta Liz Meléndez, directora de la organización peruana de mujeres Flora Tristán. Ella y muchas otras consiguieron que el feminicidio se tipificara como delito en el código penal peruano. Mientras que antes, cuando se producía el asesinato de una mujer, enseguida se buscaban causas atenuantes como el estado psicológico, afición a la bebida, tensión en el trabajo. Esto está cambiando, pero los avances son muy lentos.
Si miramos a Europa la situación no es mucho mejor; en nuestro país, se siguen produciendo feminicidios cada mes, sin que más allá de la condena inicial por parte de las instituciones y la sociedad se tomen las medidas oportunas. ¿Qué va a hacer el Gobierno con la condena por parte de la Comisión de la Convención Contra toda Forma de Discriminación Contra las Mujeres de Naciones Unidas por negligencia frente al caso de Ángela?
La respuesta, por el momento, es el silencio. Frente a un problema social y de salud pública, el Gobierno continúa mirando hacia otro lado; eso sí, el próximo 25 de Noviembre, día internacional contra la violencia contra las mujeres, volveremos a tragarnos la campaña de publicidad institucional porque toca.
