Una reforma que descabeza el bienestar

Por fin ya conocemos la propuesta de reforma fiscal elaborada por el comité de expertos designado por el Gobierno. En su casi medio millar de páginas, el informe es muy exhaustivo y, sin duda, es la revisión más amplia que se ha hecho de nuestro sistema tributario en toda la democracia.

De hecho, la propuesta es de tal amplitud que el propio presidente del comité, Manuel Lagares, afirmó que no dejaron "títere con cabeza", aunque al entrar en la letra pequeña del informe descubrimos que la reforma propuesta puede conllevar descabezar el estado del bienestar. Veamos por qué.

Por mucho que se presuma de independencia, los expertos intentaron, como es lógico, ceñirse al máximo al encargo del Ejecutivo, de modo que diseñaron una reforma que no suponga merma alguna para las cuentas públicas, pero lo cierto es que España todavía tiene recorrido para incrementar el gasto público si comparamos nuestro gasto sobre el PIB con los países europeos más avanzados y que cuentan con un estado de bienestar más consolidado. Por este motivo, la reforma fiscal tiene que calcular cuánto gasto hace falta para mantener un estándar digno de bienestar y, a partir de ese dato, sabremos lo que el sistema tributario necesita recaudar para que nos salgan las cuentas. Ahora bien, ¿en qué situación nos encontramos actualmente?

Pese a lo que afirma el Gobierno de Rajoy, el gasto en sanidad, protección social o educación no es, ni mucho menos, tal elevado como nos quiere hacer creer. Y voy más lejos. España tiene un déficit de gasto en políticas de bienestar de 47.000 millones de euros anuales si nos comparamos con la media de los países de la Unión Europea de los 28. Dedicamos el 42,8% del PIB frente al 47,3% de nuestros vecinos y socios europeos.

Por eso, ya que en su informe los expertos se comparan con tanta frecuencia con Europa, también deberían hacerlo en este punto. Pero, curiosamente, lo pasan por alto. Y, en su empeño de que la reforma tenga coste cero, obvian que la presión fiscal española se sitúa siete puntos del PIB por debajo de la media europea -debido en buena medida al alto nivel de fraude fiscal-, mientras que el gasto representa unos seis puntos menos. Esto quiere decir que la potencia recaudatoria de nuestro sistema tributario es mucho mayor de la que se insinúa en el informe. Dicho con otras palabras: podemos y debemos recaudar mucho más para gastar en bienestar lo mismo que nuestros vecinos europeos ¿Cuánto más? A medio plazo España puede aumentar su recaudación en tres o cuatro puntos del PIB si se aplican las reformas adecuadas, sobre todo en relación con la disminución del fraude y la elusión fiscal.

Esto nos ayudaría a reducir la abultada pérdida de recaudación como consecuencia de nuestra menor presión fiscal, que se sitúa en casi 80.000 millones de euros al año. Sin duda, es una diferencia enorme que no ha dejado de crecer desde el comienzo de la crisis, ya que en 2007 se sitúaba en 20.000 millones y se ha multiplicado por cuatro hasta hoy. En esta divergencia han influido los efectos de la crisis y el impacto del desempleo, pero también la falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos para luchar decididamente contra el fraude fiscal.

Y este deterioro del sistema fiscal español enlaza directamente con otra de las grandes carencias de la propuesta: el cuidado de la progresividad y el respeto al artículo 31 de la Constitución española, que establece que cada contribuyente debe pagar en función de su capacidad económica.

La simplificación de tramos en el Impuesto de la Renta (de siete a cuatro) es un buen ejemplo de ello y no es más que un eufemismo que enmascara una merma de la progresividad, dado que la misma aumenta con un mayor número de tramos, al ajustarse la tributación a los distintos niveles de ingresos.

Otras medidas, como la rebaja de cotizaciones sociales, pueden resultar efectivas para animar la contracción, pero tendrían que compensarse con un aumento del Impuesto de Sociedades para las mayores empresas del país que, pese a tener un gravamen del 30%, en la práctica solo pagan el 3,5%, una situación discriminatoria frente al resto de contribuyentes, ya sean empresas o particulares. Por eso, podemos decir con rotundidad que esta propuesta de reforma no deja títere con cabeza, pero obvia algo muy importante: las grandes fortunas y corporaciones son las marionetas que, en dicho sentido, quedan sin descabezar.

Este artículo se publicó originalmente en 'La Nueva España'.