Posiciones ante la reforma fiscal
El alto nivel de economía sumergida y fraude fiscal, que alcanza una cifra equivalente al 24,6% del PIB, o 253.000 millones de euros, está muy relacionado con el bajo nivel de conciencia fiscal de los españoles, y éste, a su vez, con la percepción de que nuestro sistema tributario es injusto.
Esta semana Oxfam Intermón ha presentado un interesante estudio con el que coincidimos plenamente desde el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), ya que aborda varias cuestiones fundamentales, que son:
1. Aumentar la capacidad recaudatoria para blindar las políticas sociales o, lo que es lo mismo, hacer realidad el principio de suficiencia para mantener los pilares básicos de nuestro Estado de bienestar, hoy en grave riesgo como consecuencia de las políticas de recortes que se vienen aplicando.
2. Garantizar la progresividad y la equidad en la reforma fiscal o, lo que es lo mismo, hacer efectivos los principios constitucionales de generalidad, igualdad y progresividad, hoy en entredicho.
3. Tolerancia cero con la evasión y la elusión fiscal.
Y es en esta última recomendación en la que me voy a detener, muy brevemente, dada la importancia que ésta tiene, no sólo cuantitativamente sino también en relación con las dos primeras.
La evasión fiscal, junto a la elusión, y más concretamente, el diferencial que a este respecto tenemos con los países europeos de nuestro entorno, es una de las circunstancias que, desde el punto de vista de Gestha, explica en buena medida el debilitamiento del principio de suficiencia y ese diferencial de casi ocho puntos que la presión fiscal en España tiene con respecto a la media de la UE, y que supone casi 80.000 millones de euros (de los cuales, la mitad, o lo que es lo mismo, cerca de 40.000 millones, serían consecuencia del nivel de economía sumergida y fraude fiscal de nuestro país con respecto a los de nuestro entorno).
De otro lado, el alto nivel de economía sumergida y fraude fiscal, que según nuestro último estudio alcanza una cifra equivalente al 24,6% del PIB, o lo que es lo mismo, 253.000 millones de euros, está muy relacionado con el bajo nivel de conciencia fiscal de los españoles, y éste, a su vez, tiene mucho que ver con la percepción de los ciudadanos de que nuestro vigente sistema tributario es injusto (casi el 90% de los españoles, según los últimos datos publicados al respecto por el CIS, piensan que los impuestos no se pagan justamente, que no paga quien más tiene).
Percepción que se corresponde con la realidad si analizamos los principios que, según el artículo 31.1 de la Constitución, deben informar nuestro sistema tributario (generalidad, igualdad, progresividad y capacidad económica), hoy en entredicho como consecuencia del fraude, de las Sicavs, de las ETVEs y de otros mecanismos de elusión, de la diferencia entre la tributación de las distintas fuentes de renta, de los menores tipos efectivos pagados por las grandes empresas respecto de los pagados por las pymes, de la amnistía fiscal, del funcionamiento de la AEAT, etc.
Por tanto, dotar de mayor equidad al sistema en la reforma fiscal anunciada es, además de necesario para hacer efectivos los principios constitucionales citados, imprescindible para combatir el fraude fiscal, al menos en lo referente a la conciencia fiscal de los ciudadanos y su papel en el nivel de fraude existente.
La cifra creciente de economía sumergida y fraude fiscal, tal y como se desprende, no sólo de los estudios de Gestha, sino de la mayoría de los informes que se vienen publicando al respecto, ponen de manifiesto que la lucha contra este fenómeno no se está ganando, que las medidas que se vienen adoptando, tanto por este Gobierno, como por los anteriores, no son suficientes. Y si además tomamos en cuenta que, por primera vez, los resultados recaudatorios de la lucha contra el fraude de 2013 son peores que los del año anterior y también la primera vez que caen desde que comenzó a andar la AEAT, se demuestra el agotamiento del modelo y la necesidad, no sólo de dotar de más medios a la Administración tributaria, sino de afrontar una reforma en profundidad de la Agencia Tributaria, tanto en su estructura como en su forma de actuar.
Y me gustaría destacar uno de los párrafos incluidos en el informe de Oxfam Intermón, que desde Gestha compartimos, y que resume perfectamente cuál debe ser el espíritu que debe inspirar la reforma fiscal anunciada:
