Si eres mujer: ¡Lo vas a pagar!
Las políticas del PP no solo no responden a las necesidades de las mujeres, sino que contribuyen a fomentar la discriminación. Ese es el motivo de que estos días en las manifestaciones se grite que "el PP es enemigo de la libertad de las mujeres". ¡Yo lo suscribo!! Y los datos lo constatan.
El pasado noviembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó instar a su servicio de inspección y estadística a que efectúe un seguimiento sobre el impacto de la Ley de Tasas.
Es importantísimo que incorpore el análisis de impacto en términos de género, ya que los datos ponen en evidencia que las tasas judiciales se intuyen como un elemento más en la batería de medidas que Gallardón y el PP están disponiendo contra la libertad de las mujeres.
Observemos algunos datos referidos a las tasas en materia de separación y divorcio: En el año 2011, en España, se han realizado más de 110.000 demandas de divorcio. Si consideramos los mutuos acuerdos y los contenciosos (56.846 casos) y les aplicamos la tasa de 300 euros que habrá de pagarse al presentar la demanda, sabremos en 2011 el Estado se habría embolsado 34.891.300 millones de euros.
Sumemos los 8.764.770 millones de euros que se hubiese recaudado con la tasa de 800 euros que será preciso abonar al presentar recurso de apelación (calculando que afectará, aproximadamente, al 20% de los contenciosos) y sabremos que los españoles/as hubiesen desembolsado, no menos de 43.656.070 millones de euros, solo en el primer tramo de la tasa judicial por tramitar en los juzgados los casos de separación y divorcio.
Sabemos que la tasa la paga quien demanda, y la estadística nos dice que, en la ruptura de la convivencia, son las mujeres quienes mayoritariamente presentan demanda de separación o de divorcio.
De los 56.846 contenciosos habidos en el año 2011, el 64% de las demandas fueron interpuestas por mujeres. Si sumamos la mitad de los 53.355 mutuos acuerdos y las posteriores apelaciones, obtendremos que las mujeres hubiesen pagado 25.217.619 millones de euros, frente a los 18.438.450 millones que habrían soportado los varones en su intento por liquidar la convivencia.
No acaba aquí la cosa ya que la voracidad del PP se cobrará también el 0,5 % sobre el valor de los bienes gananciales o comunes que se pretendan liquidar.
Este concepto se soportará al 50%, pero otras posteriores demandas como la pensión compensatoria, las indemnizaciones por dedicación a la familia, los alimentos para hijos/hijas mayores de 18 años dependientes económicamente, el levantamiento de cargas familiares o los pagos de cuotas de préstamos hipotecarios, (que también pagarán el 0,5% de las cantidades reclamadas), serán detraídos básicamente de compensaciones a que tienen derecho las mujeres.
Estas tasas imponen un castigo económico a todos los que buscan la disolución del vínculo matrimonial cuando la convivencia es un conflicto diario y permanente, no ayudaran en nada a reducir la conflictividad conyugal, y ampliarán el catálogo de obstáculos que las mujeres enfrentan para escapar de las relaciones abusivas. La conclusión es que tienen un especial impacto negativo en las mujeres y en las políticas de igualdad.
Sentencias dictadas en España en 2011 y cálculo estimativo del importe por sexo.
Se suman a una reforma laboral que aboca a una mayor precarización del trabajo femenino y que dirige a las mujeres a la dependencia económica y el empobrecimiento en la vejez. Se suman a una reforma educativa que segrega por sexos y elimina los contenidos relacionados con la igualdad mientras impone una doctrina religiosa que alienta un papel secundario para las mujeres.
Añadan a esto la amenazante modificación de la ley del divorcio que pretende imponer una coexistencia no deseada a través de la imposición de custodia sin acuerdo o el desmantelamiento de servicios prestados por el Estado en materia de dependencia y educación infantil, esos que liberaban el tiempo de las mujeres para su formación o inserción competitiva en el mundo laboral. Finalmente, rematen con los recortes en materia de derechos sexuales y reproductivos y el menguante apoyo a las víctimas de malos tratos y sus hijos/as.
Cabe concluir que las políticas del PP, no solo no responden a las necesidades de las mujeres, si no que contribuyen a fomentar la discriminación. Ese es el motivo de que estos días en las manifestaciones se grite que "el PP es enemigo de la libertad de las mujeres". ¡Yo lo suscribo!... y los datos lo constatan.
