Retorcer argumentos con vocación de dañar al PSOE
Nuestra historia manifiesta la rotundidad del compromiso socialista con las mujeres. Que una diputada de Podemos haya pretendido poner en entredicho esa trayectoria solo evidencia una política de bajo vuelo que se sirve de una cuestión procedimental en la que ni siquiera hemos sido decisivos, para embarrar contra el PSOE. Pero ¡no cuela!, sencillamente, no cuela. Lo ocurrido solo refleja quién prefiere buscar un titular y algún momento de gloria en las redes sociales o entre sus acólitos.
Foto: EFE
La portavoz de Igualdad de Podemos ha publicado un artículo en el que acusa al PSOE, nada más y nada menos, que de ningunear a la Comision de Igualdad de la Asamblea de Madrid y de ser cómplice del PP a la hora de obstaculizar el acceso de las menores a un aborto legal.
Para avalar tal afirmación, relata cómo la Mesa de la Asamblea de Madrid ha desestimado algunas peticiones hechas por su grupo en materia de derechos sexuales y reproductivos. En realidad, solo se le ha pedido -en un caso- que reformule una Proposición, y en otros simplemente se han redirigido sus peticiones a otras comisiones. Esto es algo habitual y, como puede verse en la documentación que obra en la Asamblea son múltiples las iniciativas parlamentarias sobre interrupción voluntaria del embarazo solicitadas en la Comisión de Mujer (algunas del PSOE, otras de Podemos) que fueron calificadas y redirigidas hacia la Comisión de Sanidad.
Clara Serra dice que "ha sido el PSOE quien ha contribuido a obstaculizar y limitar las competencias de la Comisión de Mujer sobre este problema" y, para ahondar en su sobreactuado artículo, indica que "especialmente surrealista fue la invalidación que hizo el PSOE de la comparecencia del consejero de Sanidad en dicha comisión solicitada por Podemos para hablar del aborto".
Sencillamente miente. El PSOE no puede "invalidar" una comparecencia, pero es que, además, Podemos cuenta con una vicepresidenta en la Mesa de la Asamblea, órgano que resolvió POR UNANIMIDAD sobre la derivación a la Comision de Sanidad. En su reunión del 4 de abril, consideró admitirlas a trámite y enviarlas, "por razón de la materia" a la Comisión de Sanidad, y lo hizo con el acuerdo expreso de la miembro de Podemos que es vicepresidenta.
Podemos se olvidó en su relato de contar que su representante dio su conformidad. Con posterioridad es Clara Serra (y no Beatriz Gimeno, autora de la iniciativa) quien solicitó la reconsideración del acuerdo de la Mesa y este asunto pasó a verse en Junta de Portavoces. Allí, el portavoz de Podemos defendió que, tratándose de un tema fronterizo, era partidario de que se tramitase en la Comisión de Mujer, por estar menos cargada de asuntos.
Ciudadanos y el PP consideraron que el objeto de la comparecencia era competencia de la Comisión de Sanidad, mientras que el Grupo Socialista, tras indicar que estábamos ante "una cuestión transversal", solicitó que, si finalmente se tramitaba la comparecencia en la Comisión de Sanidad, "debía garantizarse la presencia de los miembros de la Comisión de Mujer". Por tanto, el PSOE no "contribuyó a obstaculizar y limitar las competencias de la Comisión de Mujer", y mucho menos "invalidó la comparecencia del consejero de Sanidad en dicha comisión".
Dicho de otra manera, Clara Serra manipuló y retorció sus argumentos con clara vocación de dañar al PSOE.
Acusación rocambolesca
La otra cuestión grave consiste en insinuar que el PSOE ha establecido connivencia con el PP en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La acusación es tan rocambolesca que ninguna de las decenas de personas que me llamaron para aclarar lo ocurrido daba credibilidad a dicho desvarío. Lo que es cierto que el conjunto de los partidos recomendaron "que la iniciativa fuese reformulada", ya que el texto de Podemos pedía al Servicio Madrileño de Salud que contraviniese lo establecido por la actual Ley del aborto.
De que el PSOE rechaza rotundamente la contrarreforma del PP en materia de aborto no hay ninguna duda, y de que es un partido democrático que respeta la Ley y la Constitución, tampoco. La oposición a una norma, aunque sea tan injusta, no puede hacerse por la vía de no respetar la legislación vigente. Toca, por tanto, y mientras conseguimos mayoría para derogar la contrarreforma del PP, que Podemos reformule la iniciativa y proponer soluciones que den, a las menores y sus familias, soluciones prácticas.
Cristina Cifuentes debe resolver las situaciones de urgente necesidad
La cuestión de fondo es que la Comunidad de Madrid está en una estrategia de obstaculización del acceso de las menores al aborto. Los dramas cotidianos han sido relatados por las clínicas que vienen denunciando cómo el Gobierno de Cifuentes está exigiendo la firma de dos progenitores, incluso cuando existen dificultades relacionadas con desarraigo, dificultades de acceso a las autorizaciones por encontrarse alguno de ellos en otro país u otras circunstancias sobrevenidas.
Son las clínicas quienes han destapado que solo la Comunidad de Madrid exige poderes notariales de los padres residentes en el extranjero, acta de defunción en su caso, copias de orden de alejamiento, declaraciones juradas de alguno de los progenitores alegando que el otro está en paradero desconocido y toda una batería de imposibles que retrasan las intervenciones hasta hacerlas inviables en plazo y que abocan a las menores a la decisión judicial con largos procedimientos que las colocan frente a abortos de riesgo.
Mientras conseguimos llegar al Gobierno para derogar esta absurda y dañina ley del PP, debemos dar a las menores soluciones y la Comunidad de Madrid tiene una forma sencilla de resolver este conflicto: aplicar el Artículo 156 del Código Civil referido al ejercicio de la patria potestad que indica, con meridiana claridad, que "la patria potestad se ejercerá conjuntamente por ambos progenitores o por uno solo con el consentimiento expreso o tácito del otro. Serán válidos los actos que realice uno de ellos conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad". Cristina Cifuentes puede, por tanto, dar instrucción inmediata al Servicio Madrileño de Salud para que no se cause daño a las menores y a sus familias y no se las ponga en una situación imposible de resolver. Nosotros ya alertamos desde la tribuna del Congreso de los Diputados que esto pasaría y que el PP derogaba una parte de la ley, sin medir las consecuencias que tendría para las más vulnerables.
Ese es el camino, y no retorcer argumentos para atacar a un PSOE que ha dado plena garantía a las mujeres sobre su derecho a decidir sobre su maternidad: lo hemos legislado desde el Gobierno, lo hemos defendido desde la oposición parlamentaria, y lo hemos peleado en la calle. Nuestra historia manifiesta la rotundidad del compromiso socialista con las mujeres. Que se haya pretendido poner en entredicho esa trayectoria solo evidencia una política de bajo vuelo que se sirve de una cuestión procedimental en la que ni siquiera hemos sido decisivos, para embarrar contra el PSOE. Pero ¡no cuela!, sencillamente, no cuela. Lo ocurrido solo refleja quién prefiere buscar un titular y algún momento de gloria en las redes sociales o entre sus acólitos. Otras preferimos buscar un encuentro y una alianza que nos permita dar garantías a las menores y comenzar a trabajar para derogar definitivamente la contrarreforma del PP en materia de aborto. Yo prefiero emplazar a que hagamos ese camino.