Rajoy, ¿temeroso frente al Consejo de Estado?

La Ley Orgánica del Consejo de Estado estipula que el organismo emitirá informe sobre "asuntos de Estado a los que el Gobierno reconozca especial trascendencia o repercusión". Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha remitido al Consejo su restrictiva Ley del aborto, ese Anteproyecto denominado excéntricamente "Ley de Protección de la vida del concebido y de la mujer embarazada".

¿Puede deducirse que Rajoy no ha enviado al máximo órgano consultivo este Anteproyecto porque considera que es una norma que no tiene "especial trascendencia o repercusión"?

El Gobierno sí ha solicitado informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Consejo Fiscal, por tanto, más bien parece que no quiere enfrentarse a un dictamen emitido por un organismo que no controla políticamente y evitar un pronunciamiento que dejaría constancia de que su retrograda Ley "se aparta y no es conforme con el dictamen del Consejo de Estado" (pronunciamiento al que le obligaría el art. 2.2 de la Ley del Consejo de Estado).

Rajoy sabe que una norma restrictiva que no garantice un acceso sanitario seguro a la interrupción voluntaria del embarazo, no encaja en la doctrina del Tribunal Constitucional que reconoce los "derechos que el Estado debe respetar y a cuya efectividad debe de contribuir". Ese trago no lo quiere pasar el Gobierno, consciente de que el Consejo de Estado ya se pronunció sobre la ley de plazos a través de un dictamen que fue votado por unanimidad y expresó de manera rotunda que el aborto libre, dentro de las primeras 14 semanas de embarazo, se ajusta al espíritu de la Sentencia 53/1985, de 11 de abril del Tribunal Constitucional. Sus recomendaciones fueron consideradas por el Gobierno socialista para perfilar la que finalmente sería la vigente Ley del aborto.

No cabe duda, como indica la filósofa Luisa Posada, de que el Anteproyecto del Gobierno atenta contra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, cuando usurpa a las mujeres el derecho a decidir sobre su propia maternidad, ya que, "se está ejerciendo coactivamente el control sobre sus cuerpos y sus vidas".

Con su Anteproyecto, Rajoy da impronta ideológica y satisface a la jerarquía eclesiástica y a los grupos ultraconservadores a costa de limitar la libre decisión de las mujeres, pero también a costa de desproteger a los profesionales, contravenir el marco normativo de consenso de la comunidad internacional e incluir requisitos de demora en la decisión que atentan contra la intimidad y ponen en riesgo la salud de las mujeres. Añádase a esto que el silente Rajoy ya obstaculizó la planificación de la reproducción cuando excluyó los anticonceptivos de última generación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Según refleja la estadística epidemiológica del Ministerio de Sanidad, en España anualmente se interrumpen una media de 113.000 embarazos no deseados. ¿De verdad Rajoy no le reconoce importancia a este dato? ¿De verdad no le importa que esas mujeres puedan hacerlo con garantías sanitarias? ¿De verdad el presidente del Gobierno considera que una legislación tan peligrosa para la vida de las mujeres no tiene la "especial trascendencia o repercusión" como para eludir que la informe el Consejo de Estado?

Rajoy debería saber que la democracia queda cuestionada cuando las leyes contravienen el primer deber del legislador que no es otro que "adaptar el Derecho a los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de regular". Su ley no favorece la autonomía moral, no garantiza la pluralidad de intereses y solo sirve como enseña partidaria, pero no como respuesta a los problemas reales de la ciudadanía.

Lo que sí sabe Rajoy es que tanto el Consejo de Estado como el Tribunal Constitucional han dejado meridianamente claro que la vida del nasciturus es un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución pero que "la protección jurídica de la vida del nasciturus no tiene carácter absoluto". Por eso Rajoy prefiere no enviar al Consejo de Estado su infame Anteproyecto. Es la cobardía de quien se sabe ejercitando la deshonestidad política.